Muro de solidaridad y denuncias:
Cárceles y presos políticos:
-Niegan visitas en las cárceles de la CAV para castigar la militancia de presos y visitantes.
Familiares y amigos de varios presos políticos denunciaron este hecho mediante rueda de prensa.
Nos hemos reunido en Gasteiz familiares y amigos de varios presos políticos encerrados en las cárceles de Euskal Herria para denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales que están sufriendo varios presos en estas cárceles. Se les están aplicando unas medidas de excepción con el objetivo de castigar la actividad política de los presos y de sus compañeros, y evitar así su organización.
Varios presos políticos han dado a conocer mediante una carta publicada a comienzos de esta semana, que desde que el Gobierno Vasco adoptó la competencia para la gestión de las cárceles de la CAV, a algunos presos se les está denegando el derecho a recibir visitas. Las direcciones de las cárceles han rechazado decenas de solicitudes de visitas basándose en informes y órdenes emitidas desde el Servicio de Análisis e Inspección de la Administración penitenciaria vasca y la Ertzaintza. Las visitas han sido denegadas por la ideología o la militancia política del solicitante o del preso: Según podía leerse en un documento filtrado hace unos meses desde la Sede Central del Gobierno Vasco, “…(el solicitante de la visita) parece vinculado a grupos contrarios a la línea oficial y partidarios de estrategias de confrontación, perfil que comparte con el interno solicitante”.
Algunos presos, con el objetivo de poner fin a esta situación, han trasladado sus quejas y denuncias al Juzgado de Inspección Penitenciaria, pero los jueces de la Audiencia Nacional, en nombre de la seguridad y el orden penitenciario, han avalado las medidas sancionadoras de la dirección de la cárcel y del Gobierno Vasco. La justificación del Gobierno Vasco para prohibir las visitas es que tanto el preso como el solicitante sean críticos con la línea oficial de la Izquierda Abertzale y partidarios de estrategias de confrontación. La Audiencia Nacional española está apoyando esta medida afirmando que está justificada la denegación de las visitas en el caso de los presos y visitantes que apoyan postulados ideológicos contrarios a los arrepentimientos y favorables a la lucha.
Además de las visitas, a algunos presos les están limitando la participación en eventos culturales y deportivos de la cárcel, y están siendo marginados. Según el posicionamiento ideológico del preso, les aplican tratos diferenciados a la hora de participar en las iniciativas dentro de la cárcel con el fin de favorecer las divisiones entre los presos y crear diferencias de derechos. Además, por las mismas razones, han denegado la entrada a varias personas del ámbito de la cultura y el deporte que pretendían ir a la cárcel para llevar a cabo estos eventos.
Tenemos claro que el objetivo de este tratamiento excluyente que está aplicando el Gobierno Vasco es eliminar las condiciones de lucha y organización a los presos. Por un lado, negando su carácter político para que sigan un camino de sumisión. Por otro, cortando las comunicaciones con quienes optan por la lucha en la calle para que no reciban noticias directas de la actual situación política y social.
Ante esta situación, exigimos al Gobierno del PNV-PSE que abandone las citadas medidas de excepción y exclusión, e instamos al resto de fuerzas políticas a romper su silencio cómplice y manifestar su firme oposición a este trato excluyente.
Aunque la dispersión que aplicaba el Estado Español haya terminado, en las cárceles de Euskal Herria sigue vigente la opresión y el chantaje político contra los presos. Nosotros tenemos claro que la libertad de los presos políticos no se conseguirá mediante la negación de su carácter político, sino mediante la organización y la lucha.
Presoak borrokan, gu ere bai! Presoak kalera, amnistia osoa!
Ley de amnistía para la policía:
-El juez amnistía a los 46 policías investigados por las cargas del 1-O en Barcelona.
El magistrado sigue el criterio de la Fiscalía y exonera a todos los uniformados y descarta que hubiera tratos degradantes excluidos de la ley de olvido penal del procés.
Los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona se han convertido el 2 de julio en los nuevos amnistiados del procés. El juez que durante más de seis años ha investigado la actuación policial desproporcionada contra los votantes de la capital catalana ha resuelto aplicar la ley de amnistía al conjunto de los uniformados investigados.
Por contra, algunos heridos y acusaciones populares ejercidas por el centro Irídia, Òmnium Cultural y la ANC reclamaban excluir a algunos policías al considerar que su actuación contra los votantes podía encajar en un delito de torturas o en tratos inhumanos o degradantes, dos supuestos excluidos de la ley de amnistía.
El juez amnistía todos los 46 agentes investigados en la macrocausa al entender que los porrazos, tirones de pelo, patadas voladoras, golpes e incluso el uniformado que lanzó por las escaleras a una votante no superan el “umbral mínimo de gravedad” que marca su exclusión de la norma.
“Las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido [impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJC] y no continuaron una vez conseguido el mismo”, argumenta el magistrado. En un auto, el juez también explica que las cargas “no se prolongaron en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales”.
El juez toma la decisión después de haber instruido el caso e indagado en la cadena de mando en el Ministerio del Interior del PP durante el referéndum del 1-O, en la que seguramente es la investigación reciente más exhaustiva de una intervención policial. La causa estaba lista desde hacía años para ir a juicio, para las sucesivas peticiones de las acusaciones para imputar a más uniformados postergaron el fin de la instrucción.
Mientras el Tribunal Supremo ha rechazado poner en práctica la norma con Carles Puigdemont y el resto de exconsellers.
Con los 46 agentes de la Policía Nacional exonerados, ya son 64 las personas amnistiadas de un total de 486 potenciales beneficiarios de la ley de olvido penal del procés, según el cálculo de la Fiscalía.
En el caso de los policías investigados por las cargas y las lesiones a los votantes del 1-O, el redactado de la ley les dejaba a todos dentro de la amnistía. La norma solo excluía las actuaciones policiales más graves, que pudieran considerarse torturas o trato degradante, o bien las que hubieran supuesto la pérdida de órganos, como el caso del votante del referéndum al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó un ojo. El órgano encargado de decidir sobre la amnistía en este caso será la Audiencia de Barcelona y no el juzgado de instrucción 7 de Barcelona que ha amnistiado a los otros 46 uniformados investigados.
La decisión del juez es recurrible ante la Audiencia de Barcelona. En un comunicado, Irídia, Òmnium y la ANC han anunciado que recurrirán al considerar que los actos llevados a cabo por los policías superan el “umbral mínimo de gravedad” que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), marca la ley para excluir una actuación policial de la amnistía.
A juicio de las tres entidades, la ley de amnistía “no puede beneficiar en ningún caso a los responsables de la violencia policial”, y las cargas quedan excluidas de la norma “porque pueden representar delitos de torturas o tratos degradantes”.
Por contra, la Fiscalía había pedido amnistiar a los policías al concluir que su actuación no fue suficientemente grave como para quedar excluida de la ley, porque no buscaban humillar o provocar miedo a los votantes.
*MAR de Madrid
Amnistía a 46 policías:
El Régimen vuelve a juntar a verdugos con víctimas.
Seguiremos luchando por una amnistía total para todos los antifascistas y un castigo ejemplar para torturadores y represores.
Convocatorias:
-9 de julio. Vallekas. 20 h. Junta Municipal.
Concentración en solidaridad con l@s sindicalistas de La Suiza.
Defender derechos laborales no es delito.
No a la pena de prisión.
Organizaciones y Asociaciones de Vallekas.
https://www.youtube.com/watch?v=4LLiPSI3NOo