Muro de solidaridad y denuncias:
Presas y presos políticos enfermos:
-Mª José Baños Andujar, presa política antifascista, está muy gravemente enferma y su vida corre serio peligro.
Exigimos al Estado que cumpla con su propia ley y la libere inmediatamente. Sólo la solidaridad evitará otro crimen de Estado.
*Pancartas en Madrid: “Evitemos su exterminio en prisión. Libertad inmediata M.ª José Baños. Presa política gravemente enferma”
Fascismo impune:
-La Audiencia de Tarragona deja en libertad a los líderes de la banda fascista de desalojos ilegales.
Los magistrados creen que el riesgo de fuga de los dos principales investigados por la trama de Antiokupa Tarraco se puede combatir sin la prisión preventiva.
Revocó el pasado 28 de junio la prisión preventiva en la que permanecían desde hacía un mes los dos líderes de la empresa Antiokupa Tarraco, definida por el juez del caso como una organización criminal dedicada a los desalojos ilegales y violentos.
En sendos autos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados acordaron dejar sin efecto la prisión provisional que el juez de Reus Diego Álvarez, que investiga la causa, había decretado contra los dos principales investigados el 17 de mayo al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Por contra, los magistrados de la instancia superior consideraron que el riesgo de reiteración delictiva de la banda había desaparecido con su desarticulación tras la operación judicial y policial. Tampoco vieron un peligro alto de que los dos acusados huyeran de España.
La operación sobre Antiokupa Tarraco ha dejado al descubierto un reguero de violencia y racismo en decenas de actuaciones de la empresa a lo largo y ancho de Catalunya.
Además de la causa de Reus, sus líderes también están investigados por amenazas a una familia a la que querían echar ilegalmente de su casa en Barcelona. “Hija de puta, así no quieres finalizar con esto, no tienes miedo por tu hija”, “si no te vamos a joder la vida”, “día y noche te vamos a vigilar”, fueron algunos de los mensajes que recibió la víctima por Telegram y Whatsapp entre marzo y abril.
La investigación de más de un año del juez de Reus ha permitido constatar el ‘modus operandi’ de la banda: una primera fase de falsa mediación para conseguir, en tono intimidatorio, un compromiso del inquilino para abandonar la vivienda. Después se pasa a la vigilancia y acoso del piso, fase en la que las amenazas son más explícitas, para seguir con los daños físicos a la vivienda o la inutilización de las cerraduras. Si todo esto no tiene éxito, la empresa, según la investigación, ha llegado a quemar vehículos o apalear a inquilinos.
Los magistrados que revisan las decisiones del juez de Reus avalaron la instrucción del caso, y consideraron que los desalojos violentos e ilegales de Antiokupa Tarraco podían enmarcarse en posibles delitos de daños, coacciones, amenazas, acoso, allanamiento de morada, robo con fuerza y lesiones. Pero les pone en libertad. Los jueces consideraron que ambos presentan un “intenso arraigo” en España, lo que provoca que la prisión preventiva resulte desproporcionada. “Aunque se investigan unos hechos graves y que precisan de cierta capacidad logística y económica, no es menos cierto que se encuentran muy localizados en la provincia de Tarragona”…
Politi-corrupción:
-Delinquir troceando, PP.
El Gobierno de Ayuso reformó otros cinco centros educativos sin concurso y con facturas troceadas,
La Consejería de Educación del Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, hizo reformas integrales en al menos otros cinco centros educativos, parte de ellos de secundaria, y fuera de la ley, además de los dos desvelados, uno de los cuales está investigando la Fiscalía por indicios de delito de corrupción.
La Consejería de Educación, dirigida entonces por el actual presidente de la Asamblea regional y la actual consejera de Hacienda, simuló contratos menores para gastar dinero público esquivando los controles financieros en un escándalo que suma ya siete casos en total. La Fiscalía investiga una de las obras ante los indicios de corrupción.
Aunque el departamento que dirige desde 2023 Emilio Viciana no admite oficialmente más casos y no contesta a ninguna de las preguntas que se le formulan, este medio ha podido acreditar obras de cientos de miles de euros que se trocearon en facturas de menos de 40.000 euros más IVA para que pasaran por un contrato menor y eludieran todos los controles económicos y de la Intervención de la Comunidad de Madrid que se activan en las grandes obras (superiores a esos 40.000 euros). Constructores, fotos públicas y personal de los centros han confirmado que se hicieron las reformas y que no se sacaron a concurso, como marca la ley. Es el mismo delito por el que se condenó a cuatro años de prisión por prevaricación a la líder de Junts Laura Borràs, en su caso por unas cuantías diez veces más pequeñas que en el caso que acecha al Gobierno de Ayuso.
Con estos cinco casos, son ya siete en la región, aunque no se descarta que puedan ser muchos más, según fuentes consultadas y conocedoras del escándalo. En principio la Consejería lo achacó a un subdirector de FP al que cesó fulminantemente en marzo, aunque conforme se revelan datos se comprueba que el sistema ilegal no se circunscribe a una zona administrativa (la gestión educativa del Gobierno de Ayuso se divide en Direcciones de Área Territorial –DAT–, cada una de las cuales tiene un jefe). Afecta ya a centros de la zona Capital, Este y Sur y Oeste y tampoco se circunscribe a FP o Régimen Especial como Escuelas de Idiomas o Artísticas (la competencia del subdirector cesado), sino que afecta también a un centro de formación del profesorado, dependiente de otro departamento. Además, al menos dos empresas de construcción distintas recibieron los encargos con instrucciones precisas provenientes de personal adscrito a la Consejería de Educación sobre cómo hacer la obra y cobrar.
12 facturas menores para una única reforma
Como ha podido acreditar con documentación elDiario.es, uno de los centros que fraccionó contratos es el instituto de secundaria (IES) Príncipe Felipe, que imparte FP y también Bachillerato en el distrito Fuencarral-El Pardo. Este instituto adscrito a la DAT Capital hizo una reforma de envergadura en 2022, presupuestada en 230.000 euros. Se remodeló toda la planta baja, la biblioteca, los despachos de dirección y se hizo un aula de emprendimiento, un tipo de aula que es apuesta del Gobierno de Ayuso y que pretende fomentar la creación de empleos. Están financiadas con fondos europeos. Pese a que la ley obligaba a sacar esta obra a licitación pública, dado que superaba los 40.000 euros que impone como límite la Ley de Contratos del Sector Público, desde el departamento de Infraestructuras de la Consejería no se abrió ningún expediente ni se celebró un concurso público, lo que hubiera asegurado la competencia y la fiscalización económica. Una mesa de contratación con técnicos y especialistas hubiera elegido la mejor oferta para los intereses de los ciudadanos y el proceso se hubiera hecho público. Todo eso se obvió y se eligió a dedo una empresa que presentó un presupuesto. Para pagarle, desde Educación se instauró un modus operandi que aseguraba la opacidad y esquivaba los controles: se fraccionó el importe total en 12 facturas menores de 40.000 euros y se abonó desde la cuenta propia del centro a diferentes filiales de un mismo grupo empresarial para no levantar sospechas. En otros casos de reformas, los pagos provenían de varios centros públicos para que no saltaran las alarmas con los importes, algo que se organizaba desde la Consejería…