Muro de solidaridad y denuncias:
Camarada Arenas libertad:
-Exigiendo su libertad.
Pancarta “Vallecas con el PCE(r). Libertad Camarada Arenas”.
Convocatorias:
-Xerrada – Col·loqui a Lleida. 21 setembre.
Per què hi ha presos polítics a l’Estat espanyol?
Creus que vivim en un Estat democràtic? Com exterminen als presos polítics a les presons? Per què reprimeixen la solidaritat amb els presos polítics?
Per resoldre aquestes qüestions tindrem amb nosaltres:
al CDR Noguerola, promotors de l’acte; a l’Alejandra Matamoros, advocada de diferents presos polítics i a la Plataforma Antirepressiva de Ponent que ens explicaran el nou cas repressiu per la campanya de denúncia dels presos polítics greument malalts.
Dissabte 21, a les 11h a la Baula (Carrer Nord, 4)
Criminalización:
-La imputación a activistas de Futuro Vegetal por organización criminal: “Protestan desnudas y bañadas en líquido rojo”.
Ocho miembros del grupo ecologista –la acusación incluye a 25– deben declarar como investigados el próximo 8 de octubre por un delito para el que el Código Penal prevé hasta ocho años de prisión.
Una jueza ha imputado a los activistas climáticos de Futuro Vegetal por un presunto delito de organización criminal. Ocho de ellos deben declarar como investigados el próximo 8 de octubre tras ser denunciados 25 miembros del grupo ecologista por la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional.
Creer que este grupo es una organización criminal implica considerar que se han asociado con el objetivo de cometer delitos, según describe el Código Penal. Que hay una estructura y coordinación para delinquir. Las imputaciones han llegado tras los arrestos llevados a cabo entre diciembre y enero pasados por la estructura antiterrorista de la Policía, en lo que llamaron Operación Spora.
El atestado policial remitido al juzgado en el que se basa la acusación incluye una retahíla muy diversa de acciones de protesta en distintos puntos de España, que están siendo ya indagadas de manera aislada en distintas sedes judiciales. El presunto delito de organización criminal puede implicar además otra condena. El Código Penal prevé cárcel de tres a ocho años para aquellos que coordinan, dirigen o promueven la organización. Para los miembros o cooperadores económicos, cárcel de uno a cinco años.
El listado (con breves descripciones) es variopinto. Las pesquisas comenzaron tras el lanzamiento de “pintura de color rojo” [agua coloreada] a la fachada del Ministerio de Agricultura en enero de 2022. Una buena parte de las acciones incorporadas al atestado son similares: pintura o pintadas en la fachada de consulado de Argentina en Cádiz, la delegación del Gobierno en Madrid, las sedes del PP, VOX e IU en Sevilla, la sede de El Pozo o restaurantes de comida rápida entre otros.
El documento aúna acciones más disruptivas como la entrada en el “mayor macromatadero de Europa” en Binéfar (Huesca) –donde se cortó la electricidad de las cámaras frigoríficas– o el acceso a las pistas del aeropuerto de Madrid y de Ibiza; con otras acciones en las que las activistas “protestan desnudas y bañadas en líquido rojo en Carrefour de Barcelona” o en las que “se bañan desnudas en la fuente de los jardines del Palacio Real y cuelgan una pancarta”. Igualmente se incorpora la protesta de ocho activistas a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica y la “escenificación de su muerte”.
También han servido para argumentar la denuncia policial la irrupción en “un evento de boxeo, La Velada del Año 2 entre David Bustamante y Mr. Jagger organizado por Ibai Llanos”; la entrada en una conferencia en el Fondo de Emprendedores de Repsol en Madrid; interrumpir el discurso del ministro de Agricultura Luis Planas y la “colocación de lápidas” en los jardines del Ministerio de Transición Ecológica.
Muchas de las acciones que figuran en el atestado ya tienen su propio proceso judicial. Por ejemplo, los cortes de tráfico en la circunvalación de Madrid o el bloqueo al acceso al mercado mayorista de Mercamadrid se están tramitando como delitos contra la seguridad vial. La acción en la que dos activistas pegaron sus manos al marco de las pinturas de Las majas de Goya en el Prado como delito contra el patrimonio histórico.
El hecho de ir más allá de estos delitos y pasar al tipo de organización criminal supone una vuelta de tuerca en el endurecimiento que viene constatándose contra el activismo ambiental. Desde un punto de vista general, se está pasando de las sanciones en forma de multa a penas de prisión.
Futuro Vegetal, por su parte, defiende que sus protestas son “pacíficas” y califican como “irracional y desproporcionada la criminalización” de sus acciones.
Saharauis negados:
-Interior deja sin asilo a un activista saharaui sordomudo en tratamiento por cáncer y a un matrimonio saharaui con una niña de año y medio.
Ali Hammou, de 30 años, y el matrimonio formado por Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 y Rbab al-Tarad Yahi, de 27, con su hija Aziza, de año y medio, llegaron al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas procedentes de El Aaiún en la madrugada del pasado día 9 y solicitaron protección internacional ante la cada vez mayor persecución que sufren los saharauis en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Ali Hammou forma parte de una asociación de discapacitados en El Aaiún que ha realizado manifestaciones para reclamar las ayudas que les han sido prometidas, pero que no se materializan, acciones por las que ha llegado a ser detenido.
El 19 de julio de 2019 fue herido en una carga policial al celebrar los saharauis en El Aaiún la victoria de Argelia en la Copa África de Naciones (CAN) de fútbol ante Senegal, además de reclamar la autodeterminación del Sáhara Occidental. En el transcurso de la represión la joven saharaui Sabah al-Anghorni, de 23 años, sufrió un atropello mortal intencionado por parte de la policía marroquí, que se dirigió contra la multitud a toda velocidad.
El matrimonio saharaui se encuentra separado en el Aeropuerto de Barajas, por un lado el padre y por otro la madre con la niña. Recientemente, Mohamed Ali fue agredido por colonos marroquíes y acto seguido la policía marroquí procedió a su detención, tras lo que estuvo varios días en comisaría, donde padeció malos tratos.
Según fuentes cercanas al matrimonio, decidieron viajar a Madrid ante las graves violaciones de los Derechos Humanos que padecen los saharauis en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
-Saharaui amenazado por la policía marroquí si pedía asilo en España, y el Ministerio de Grande-Marlaska se lo niega.
Abderrahmane Kamal, de 29 años, activista saharaui de DDHH perseguido por la policía marroquí en peligro de ser deportado a Marruecos al serle denegada dos veces la petición de protección internacional.
Llegó el 2 de septiembre al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas en tránsito hacia Brasil y aprovechó la escala para pedir protección internacional ante la persecución que sufre en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.
La vida del activista ha estado marcada por su lucha por los “derechos legítimos de su pueblo a una vida libre, digna y soberana”, según ha testificado el presidente de la Asociación de la Unidad Nacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo, Mohamed Elbihi.
El responsable de esta organización ha precisado que Kamal ha participado en numerosas protestas pacificas por la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, por lo que ha sido perseguido y maltratado por la policía marroquí.
Con ayuda de su familia preparó el viaje a Brasil y cuando estaba en el Aeropuerto de Casablanca, justo antes de embarcar, la policía tomó los datos del pasaporte y le grabó un vídeo. Preguntado si pensaba pedir asilo en la escala de Madrid ,fue advertido de que le seria denegado y recibió un claro mensaje: “Ten cuidado que si regresas desde Madrid ya sabes lo que te va a pasar”. Ahora está pendiente del reexamen de su solicitud de asilo, dos veces denegada, para evitar ser deportado a Marruecos.