Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-“Xustiza para Unai” mobiliza-se na Corunha denunciando Repsol e exigindo segurança laboral
18/11: A Galiza acumula mais do 9% dos acidentes laborais de todo o Estado espanhol, e este é um dos dados que apresentam da plataforma “Xustiza para Unai”, que se concentra hoje na Corunha, diante dos julgados. É este o dia que se pretendem dirimir as responsabilidades das empresas Repsol e Nervión na morte do jovem trabalhador Unai Martínez. Aconteceu na refinaria da cidade herculina em março do ano 2022. A mobilizaçom continuará à noitinha diante da sede da transnacional.
A maioria dos acidentes laborais passam desapercebidos, e quando causam morte, motivam no máximo umha pequena nova nos jornais. No caso de Unai Martínez, o movimento social da Corunha evitou que a morte ficasse no anonimato, e assinalou a mais que habitual responsabilidade empresarial na perda de vidas. A sexta 18 de outubro vai ser aproveitada pola plataforma “Xustiza para Unai” para reclamar direitos e segurança laboral, e para que a empresa carregue com a responsabilidade penal do acontecido ao trabalhador. Unai, siareiro deportivista, participante de mobilizaçons do antifascismo e do independentismo, tinha um amplo círculo social no país que agora insiste em reclamar justiça. Este círculo, e todas as pessoas preocupadas com os direitos da classe trabalhadora, mobilizam-se na manhá de hoje diante dos julgados da Corunha, e às 20h da tarde diante da refinaria.
*Versom oficial e cumplicidade empresarial
Em setembro de 23, representantes de Nervión e Repsol declararam pola morte de Unai nos julgados da Corunha, insistindo numha linha argumental inculpadora do próprio trabalhador falecido, a mesma linha que figura num informe que a central nacionalista CIG se negou a assinar.
A comissom de investigaçom, amparada pola empresa, participada por técnicos e por responsáveis das burocracias sindicais espanholas, apontou que a morte de Unai se deveu a um “incumprimento dos protocolos, ao abrir de maneira ‘nom autorizada’ a tapa dumha tubagem”, o que levou a inalar gas residual. O sindicalismo nacionalista e o movimento “Xustiza para Unai” negárom desde o primeiro momento esta versom. Para a CIG, a morte foi outra mostra da “falta de formaçom e precariedade” nas subcontratas. A plataforma, por seu turno, aponta que “foram dous encarregados de Repsol, para poupar gastos, os que decidírom mandar um trabalho que estava programado para a terça seguinte e para outra empresa.” Fôrom estes mesmos responsáveis os que obrigárom Unai e outro companheiro, que puido salvar a vida, “a realizar um trabalho para o que nom tinham autorizaçom e sem medidas de segurança”. “Xustiza para Unai” denuncia aliás a carência de meios no lugar, e o facto de nom haver médicos nem ambuláncia medicalizada. Ante a demora dos serviços de emergência, recorda a plataforma, foram os próprios companheiros os que realizárom a reanimaçom.
*Mobilizaçom constante
A plataforma “Xustiza para Unai” tem desenlvolvido inumeráveis atividades desde os seus inícios. Com a ideia força da denúncia do “terrorismo patronal”: concentraçons diante dos julgados quando declararam responsáveis empresariais, desdobramento de faixas em pontes e estádios de futebol, reparto de propaganda de rua, concertos e ediçom de material solidário com o rosto de Unai, acompanhando simbologia deportivista, patriótica e antifascista.
Para reforçar a convocatória de hoje, a plataforma vem de espalhar nas suas redes sociais um video que recolhe algumhas das suas açons de rua.
–https://www.galizalivre.com/2024/10/18/xustiza-para-unai-mobiliza-se-hoje-na-corunha/?sfnsn=scwspwa
Despidos:
-Ikea denunciada por despidos masivos y represión sindical.
La multinacional sueca está realizando despidos masivos que afectan a trabajadores con más de 20 años de antigüedad y reprime el sindicalismo en medio de su crecimiento económico.
Ya se han registrado despidos en localidades como Alcorcón, Sevilla y Zaragoza.
Los trabajadores acusan a la multinacional sueca de implementar prácticas laborales abusivas. Ikea ha comenzado a despedir masivamente a empleados con más de dos décadas de antigüedad, justificando las salidas por “bajo rendimiento”. Sin embargo, los sindicatos ven en esto una estrategia de la empresa para sustituir a empleados veteranos por nuevos trabajadores con contratos menos favorables y menores costos para la compañía.
A pesar de los despidos, Ikea continúa con nuevas contrataciones, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online, lo que ha generado aún más sospechas. Acusan a la empresa de reducir costes laborales a costa de los derechos de sus trabajadores más antiguos, quienes, por su antigüedad, disfrutan de condiciones más favorables.
Los representantes sindicales aseguran que han sido objeto de acoso y represalias por parte de la empresa, lo que ha generado un ambiente de tensión y desconfianza. Recientemente, un tribunal de Málaga condenó a Ikea por discriminar a una trabajadora y violar sus derechos sindicales, pero esta sentencia no parece haber detenido las prácticas de la multinacional.
Ikea esté debilitando intencionalmente la fuerza de trabajo sindicalizada y presionando a los empleados para aceptar condiciones laborales menos favorables. Los despidos masivos y el acoso sindical se interpretan como parte de una estrategia más amplia para transformar su plantilla en un grupo de trabajadores con menos derechos y mayor vulnerabilidad.
-La paquetera FedEx, ERE despido a 96 trabajadores.
La multinacional estadounidense FedEx, dedicada a la mensajería, en la brutal reducción de plantilla que ha aplicado a nivel europeo, con hasta 2.000 despidos, despide en España a 96 trabajadores.
Alega causas ‘organizativas’. La verdadera causa del este ERE es económica y tiene «el objetivo de sustituir trabajadores con derechos y salarios justos por otros con condiciones más precarias», de tal modo que «la carga de trabajo no desaparece, solo se traslada a otros lugares”.
Despidos ilegales por discriminación:
-Multas de hasta 200.000 euros por despedir a trabajadores que han solicitado cambio de jornada.
Los jueces están fallando en contra de las empresas y a favor de los trabajadores despedidos que disfrutan de jornada adaptada o que la han solicitado. El cambio de jornada, por ejemplo, para el cuidado de hijos, permite realizar una jornada flexible, modificaciones de horarios o turnos e incluso teletrabajar para conciliar.
En varias sentencias, han concluido que:
“Estos empleados son “víctimas de un acto de discriminación en el ejercicio de su derecho a conciliar y entienden que se trata de una vulneración del derecho fundamental, que también está tasado como despido nulo”.
En consecuencia, está obligando a las empresas a readmitir al trabajador, si así él lo quiere, incluso pedir indemnización por daños. Las multas que está imponiendo la Inspección de Trabajo a las compañías por este tipo de discriminaciones están alcanzado, en los casos más graves, los 200.000 euros.
Negro futuro:
-ERTE en Iveco Madrid, que afecta a 2.225 trabajadores del área de producción.
La fábrica de camiones Iveco Madrid, desarrolla ERTE del 11 de octubre al 31 de marzo de 2025.
El ERTE de 57 días laborales, se aplica al área de producción, no afecta a los empleados de oficinas, que no están ligados a la producción de camiones, ni al área de Entregas.
Alega bajada productiva, pues de ‘162 unidades diarias en 2022 se ha pasado a 114 diarias en 2024’.
Los trabajadores denuncian la activación de horas extraordinarias. Esta cuestión molesta mucho, que se trabaje por encima del horario acordado, a la vez que se detiene la producción mientras el Estado asume el coste de los paros.
Tras el ERTE de producción, en abril nos tememos mucho que se aplique un importante ERE de despidos.
Situación real:
-La Comisión Europea abre otro expediente a España por el abuso de interinos en el sector público.
Es la segunda carta desde julio, la tercera que la Comisión ha enviado a España por este tema.
La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España del abuso en los contratos interinos en el sector público. Bruselas ha enviado una carta al Gobierno de España que ahora tiene dos meses para responder, antes de que el ejecutivo comunitario decida llevar el caso ante la Justicia europea.
“La legislación española no hace lo suficiente por proteger a los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada».
Vivienda pública:
-Varapalo judicial al Gobierno de Ayuso: afectados por la venta de vivienda pública logran un nuevo alquiler social.
Dos sentencias reconocen el derecho a desahuciadas tras la venta de 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid al fondo buitre estadounidense Goldman Sachs a un nuevo piso público.
Uno de los fallos establece que la administración debe “responder a la necesidad habitacional” que “ella misma ha creado”.
Al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le abre un nuevo frente por la venta de 3.000 viviendas públicas hace más de una década a Goldman Sachs por 200 millones de euros. La Justicia ha dado la razón, en dos sentencias distintas, a dos afectadas que fueron desahuciadas por Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo estadounidense, y obliga al ejecutivo autonómico a concederles un alquiler social.
La venta impulsada por el gobierno de Ignacio González (PP) en 2013 no solo dejó a los adjudicatarios sin protección social y pública, sino que también ha generado un problema interminable para los diferentes equipos de gobierno. Desde que en 2018 la Justicia declaró nula esa operación, la institución madrileña ha encadenado varapalos judiciales en su intento de evitar la recuperación de las 1.700 viviendas que aún eran propiedad del fondo. Al final, fue el equipo de Ayuso el que inició la reversión de la operación impulsada por González.
El fiasco por la venta de miles de viviendas sociales desembocó en una factura millonaria para las arcas públicas madrileñas, pero también afectó a los 3.000 vecinos que habían logrado un piso público. Se desconoce la cifra exacta de afectados por esta operación. Azucena y sus tres hijos fueron algunos de ellos. En 2009 consiguieron uno de estos inmuebles y obtuvieron una reducción de la renta del 95% por “especial necesidad”. Con el cambio de casero perdieron las bonificaciones sociales y no pudieron hacer frente al alquiler que les reclamaba Encasa Cibeles. Su caso terminó, como el de muchos de sus vecinos, con un desahucio. Abandonaron su casa en 2016.
Después de que se anulase la venta de los 3.000 pisos públicos, Azucena inició el procedimiento para obtener un nuevo piso social. La demandante basó su demanda en dos argumentos, “su situación de vulnerabilidad” –según consta en la sentencia– y las consecuencias para ella y su familia del contrato entre el fondo y la administración.
El Gobierno de Ayuso rechazó su petición, pero un juzgado de primera instancia ha anulado la resolución autonómica y reconoce a la demandante “el derecho a que la ASV [Agencia Social de Vivienda] le adjudique una vivienda de titularidad de la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler, a partir de sus especiales necesidades”, recoge el fallo emitido el 23 de septiembre. La Consejería ya avanza que recurrirá esta decisión judicial.
