Estados Unidos: Así expolia y masacra.
Agenda.
-Esclavos Unidos
La otra cara del American Dream – Helena Villar – 2021
Sanciones como instrumento de control político
¿De qué hablamos cuando hablamos de sanciones? Estados Unidos dispone de un largo abanico con el que implementar castigos económicos a quien le plazca: confiscación de propiedades en suelo estadounidense, congelación de cuentas bancarias, inhabilitación de visas y prohibición de entrada al territorio, o de toda relación con personas y empresas estadounidenses. En un mundo globalizado con un sistema financiero íntimamente ligado a Washington, el tema no es menor; por ejemplo, significa la imposibilidad de pagar con Visa o MasterCard. Esta forma de castigo económico fue creada bajo el mandato de Bill Clinton y, aunque en un primer momento tenía como objetivo luchar contra el narcotráfico, actualmente la sofisticación de la herramienta es tal que los motivos por los que alguien puede acabar padeciéndola son de lo más variopintos. Abuso de los derechos humanos en el caso de Corea del Norte, ciberactividades maliciosas en el caso de Irán, actividades malignas en el de Rusia… Ni qué decir tiene que nunca hace falta demostrar dichas acusaciones, que, prácticamente en su totalidad, también se dan en y por Estados Unidos.
Tal y como destaca la analista internacional en CELAG, Silvina Romano, «las sanciones económicas son un arma política porque son una manera de seguir la guerra pero por otros medios. Lo que buscan es desmoralizar, desestabilizar, quitar apoyo popular a algunos sectores políticos, a un Ejecutivo en concreto, a personalidades con liderazgo… utilizando la vía económica de la asfixia de una economía, pero sin recurrir claramente a las armas. Sin embargo, indudablemente, tienen fines políticos claros». Tomemos como muestra la fotografía concreta de los primeros dos años de la Administración Trump: solo teniendo en cuenta los tres países previamente mencionados, más de 1.600 personas y entidades fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
Es difícil que pase una semana sin que el Gobierno de Washington amplíe su lista punitiva internacional, el goteo es constante. Sirva como ejemplo el objetivo número uno de Washington en Latinoamérica, Venezuela, para esbozar las consecuencias del uso y abuso de estas políticas. Bajo el pretexto principalmente de la lucha contra la corrupción, la Casa Blanca ha emitido decretos sancionatorios contra Caracas como nunca antes en su historia desde que Obama estuviera al frente del Ejecutivo. La agresividad y el ahogo son tales que el propio Servicio de Investigación del Congreso estadounidense ha reconocido en más de una ocasión que las sanciones podrían exacerbar la situación humanitaria, aumentando la escasez de alimentos y medicinas. Un informe, de un experto independiente, transmitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en agosto de 2018 destacaba, entre otras cosas, lo siguiente:
“Si bien los embargos de la venta de armas contra algunos países pueden justificarse, especialmente para facilitar el diálogo y la consolidación de la paz, las sanciones económicas que perjudican a las poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas […] Las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cabría que tal Corte realizara la correspondiente investigación, pero es posible que su sumisión geopolítica le impida hacerlo. Las sanciones y los bloqueos económicos de nuestros días pueden compararse con los asedios de las ciudades en la Edad Media con la intención de obligarlas a rendirse. Las sanciones del siglo XXI intentan que caigan de rodillas no solo una ciudad sino países soberanos. Una diferencia, quizá, es que las sanciones del siglo XXI están asociadas a la manipulación de la opinión pública a través de «noticias falsas», relaciones públicas agresivas y una retórica que dice ser de derechos humanos, a fin de dar la impresión de que un «fin» en materia de derechos humanos justifica los medios criminales. No solo existe un orden mundial jurídico horizontal, regido por la Carta de las Naciones Unidas y los principios de igualdad soberana, sino también un orden mundial vertical que refleja la jerarquía de un sistema geopolítico que establece la posición dominante de unos Estados respecto a otros en función del poder militar y económico.”
