Muro de denuncias:
Buitres de la muerte:
-Mazón adjudica a dedo uno de los primeros contratos de emergencia en Valencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete.
La consellera Nuria Montes firma la adjudicación urgente de 290.000 euros a STV Gestión SL, de la que el secretario autonómico José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales.
Uno de los primeros contratos de emergencia del Gobierno de Carlos Mazón tras la catastrófica DANA ha ido a parar a la empresa en la que su jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, trabajó durante cinco años. La consellera Nuria Montes, conocida por sus inoportunas declaraciones sobre los familiares de las víctimas mortales de la DANA, ha firmado el encargo a dedo a la mercantil STV Gestión SL de uno de los cuatro lotes del contrato de emergencia para el servicio de limpieza de viales y accesos de polígonos industriales afectados por la catástrofe del pasado 29 de octubre. El importe del lote es de 290.000 euros.
José Manuel Cuenca fue responsable del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de STV Gestión SL entre noviembre de 2017 y enero de 2023, cuando se incorporó de asesor del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes y luego como alto cargo del Ejecutivo de Mazón.
El antiguo responsable de comunicación y de relaciones institucionales de la empresa, ejerce actualmente de mano derecha de Mazón en el Palau de la Generalitat.
Es la única empresa adjudicataria de este contrato, que cuenta con un valor total de 1,1 millones que no está domiciliada en la provincia de València. El cuarto lote ha sido adjudicado, también por 290.400 euros, a Pavasal (constructora que, según la sentencia del ‘caso Taula’ sobre la caja B del PP de València, aportó un total de 240.000 euros a la campaña electoral de los populares en las elecciones municipales de 2007).
-La inquietante frase de unos de los imputados del caso Koldo: “Ángel Víctor (Torres) nos debe una grandísima”
Los contratos millonarios y el papel de Canarias en la trama.
El Caso Koldo ha destapado una presunta trama de corrupción en torno a contratos millonarios durante la pandemia, conectando al PSOE con empresarios y altos cargos públicos. Las sospechas en torno a Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, abren interrogantes sobre posibles favores y compromisos ocultos.
“Es muy importante y nos debe una grandísima”.
Por otro lado, las pruebas incluyen comunicaciones en las que Koldo García asegura a De Aldama que Torres estaba interesado en impulsar las pruebas PCR en Canarias.
En otra conversación entre los socios de De Aldama y el equipo de Koldo García se discute la disposición de Torres a interesarse en contratos de pruebas de detección de COVID-19.
Los mensajes privados sobre el ‘caso Koldo’ revelan que el exasesor de José Luis Ábalos envíó audios al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para presuntamente influir en las contrataciones…
Guerra sucia:
-Imputados seis guardias civiles del caso 8M por usar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico
Una jueza de Madrid cita como investigados en otro caso a los guardias civiles del equipo que confeccionó los atestados manipulados que responsabilizaban al Gobierno de la expansión de la Covid-19 por autorizar la marcha feminista de 2020.
La jueza ha citado como investigados a seis agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid, el mismo grupo que instruyó los atestados con falsedades, bulos y sesgo ideológico que responsabilizaron al Gobierno central de contribuir a la propagación de la epidemia del Covid-19 a través de la autorización de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020.
La actual investigación, que se había limitado hasta ahora al número dos del Equipo, se extiende ahora a otros cinco agentes, acusados todos ellos de colocar balizas sin autorización judicial en el marco de una investigación por narcotráfico. Los seis guardias civiles prestan declaración el 25 noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid.
Los agentes están acusados de un presunto delito contra la intimidad por haber colocado sin autorización dos dispositivos de seguimiento en el coche y la motocicleta de uno de sus objetivos, un presunto narcotraficante al que luego investigaron en la Audiencia Nacional.
En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José María Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza.
El Gobierno cesó al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a sus superiores del avance de las investigaciones, pero le tuvo que restituir por orden judicial. La única investigación interna que se ordenó fue por la filtración de los atestados y un tribunal militar anuló la sanción a los guardias.
La mayoría de los participantes en los atestados con los bulos y las tergiversaciones siguieron en sus puestos, incluido su jefe, que con posterioridad ascendió a capitán y ha llegado a actuar como jefe accidental de toda la especialidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Comunidad de Madrid. A diferencia de sus subordinados, el capitán no ha sido imputado en la causa de las balizas.
-Telemadrid asume la defensa de dos acusados de acoso laboral a una trabajadora durante diez años.
El sindicato CGT critica que la emisora, financiada con fondos públicos y bajo la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, destine recursos para defender a los supuestos agresores, ambos trabajadores de Onda Madrid.
Una trabajadora de Onda Madrid, la emisora radiofónica de Telemadrid, ha dado un importante paso adelante y se ha decidido a denunciar tras soportar una década de «vejaciones y maltrato en su lugar de trabajo». Su querella, admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Madrid, detalla un prolongado infierno de humillaciones, menosprecio y aislamiento que, según expone, le han causado un grave deterioro físico y psíquico.
El 19 de noviembre, los acusados debieron declarar junto a varios testigos. El juzgado también ha solicitado a Telemadrid el expediente de valoración del acoso laboral realizado previamente por la empresa. Sin embargo, según ha podido saber CGT y ha podido confirmar Público, «la emisora pública ha decidido asumir la defensa de los acusados», una decisión cuestionada por la sección sindical, que califican de «incomprensible» y contrario a la protección de la víctima, en un comunicado al que ha tenido acceso este medio.
CGT ha denunciado que Telemadrid, financiada con fondos públicos y bajo la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esté destinando recursos para defender a los supuestos agresores. A su juicio, esto, además de «contradecir la normativa que protege a las víctimas», supone una nueva forma de victimización para la trabajadora denunciante.
Humor cáustico:
-Parecidos razonables.