Muro de solidaridad y denuncias:
Cárceles mataderos:
-Las muertes en prisión, cuestionadas: «Hay más casos en Extremadura…»
Pamela Aparicio perdió a su hermano en 2020, denunció entonces una presunta mala praxis de los sanitarios y ahora es portavoz de la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión.
Manuel Aparicio falleció en octubre de 2020, con apenas 32 años y a causa de una leucemia. Era entonces preso en la cárcel de Badajoz. A partir de su muerte, su familia arrancó con una lucha que todavía les acompaña hoy.
Denunciaron entonces que en la cárcel no le habían atendido bien en términos sanitarios, refiriéndose a una mala praxis por la que quisieron llevar a varios médicos a los tribunales.
El caso es que la muerte de Manuel Aparicio no es la única sobre la que se ha puesto la lupa. Su hermana continúa siendo la portavoz de la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión en Extremadura, donde asegura «hay más casos»: «Os pido que os hagáis eco de las familias de presos que han muerto en prisión…». «No solo mueren ellos, morimos las familias».
–https://www.facebook.com/groups/764726677846777/
-Discapacidad intelectual, en prisión.
Las trabas de la Justicia para los acusados con discapacidad intelectual.
La falta de regulación lleva a los procesado con patologías a depender de la sensibilidad y empatía de jueces, fiscales y abogados, cosa que pocas veces ocurre.
El pasado mes de octubre, Naciones Unidas dictaminó que España vulneró los derechos de un acusado con una discapacidad intelectual del 73% por no haber adaptado su juicio. La Audiencia Provincial de Toledo condenó en 2015 a Esteban a 25 años de prisión por homicidio y robo en una vivienda. A pesar de acreditar su grado de discapacidad intelectual, esta no se tuvo en cuenta ni en sus declaraciones ni durante el juicio. El magistrado que presidió la vista le llegó a decir que no se hiciera “el tonto” porque no le iba a servir de nada.
Invisibles durante años para medios de comunicación y operadores jurídicos, el auge de los detenidos con enfermedades y discapacidad intelectual ha provocado que jueces, fiscales y abogados tengan que empezar a preocuparse y ocuparse de esta realidad.
Represión:
-El «agente tutor» o cómo la policía española recluta confidentes desde la más tierna infancia.
Diego Herchhoren.
Numerosos ayuntamientos han incorporado a su actuación los llamados «agentes tutores», miembros en activo de la Policía Local que, según el Ministerio del Interior, son agentes que tienen como función primordial «la protección del entorno escolar» y «la resolución de los conflictos» entre menores de edad, donde se aplica la lógica de que un agente armado es la mejor solución a los problemas en el entorno educativo.
El término «policialización» de la vida pública es un neologismo creado en América Latina que surge como reacción social a la creciente participación de uniformados en la vida pública, y que está en boga en países que han vivido dictaduras militares como las de Chile o Argentina. En estos países es habitual ver a personas del mundo académico, militante o cultural expresar su rechazo a que la conflictividad social sea respondida manu militari, precisamente por las reminiscencias dictatoriales de estas prácticas.
A diferencia de muchos países del continente latinoamericano, España no es un territorio que haya purgado esas reminiscencias del estado fascista, y paradójicamente, incluso entre población que se considera a sí misma «de izquierdas», no se ve con malos ojos que las Fuerzas de Seguridad, cuerpo que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legal, extiendan este privilegio a todas las esferas que se le puedan presentar.
Hay policías en las tertulias televisivas, haciendo recomendaciones de vida a la audiencia; hay policías que acompañan a ambulancias cuando a alguien le da un infarto -porque todo el mundo sabe que una emergencia sanitaria se resuelve con la ley y el orden-; hay agentes en los cursos universitarios, etc. Y ahora esta invasión policial se amplía también a los centros educativos.
Si bien no se trata de una policialización «a las bravas», los programas de «agente tutor» que centenares de ayuntamientos españoles están adoptando son una sutil entrada de la violencia estatal en las cabezas de la infancia, a la que se pretende educar en el respeto ciego a la autoridad, a la obediencia debida y a la delación como forma de resolución de problemas.
El programa de servicio elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias establece qué funciones pueden desarrollar estos agentes en la que, por ejemplo, se incluye la vigilancia de los alrededores de los centros escolares para prevenir el absentismo o la escolarización de la infancia, normalizando así el uso de la fuerza policial para «reintegrar» al alumnado a la vida escolar, aunque sea porra en mano.
Pero no solo eso. Las actuaciones de estos agentes también deben incorporar «el asesoramiento y colaboración con los equipos directivos de los centros docentes en asuntos relacionados con el ámbito competencial del municipio y de las policías locales, así como mantener reuniones periódicas con el profesorado”. Es decir, que un cuerpo armado pasará a integrar el claustro que decide los aspectos más importantes de la vida del alumnado.
Lo cierto es que no existe una norma que regule específicamente el ingreso de la policía a los establecimientos educativos. Pero lo más evidente es que las problemáticas que se le delegan a los «agentes tutores» son las que el propio sistema educativo delega en los agentes; si un alumno de primaria es muy violento y no hay explicación, se llama a la policía. Si se percibe que alguno de los alumnos pasa hambre, se llama a los servicios sociales para que vayan a su casa, y que irán acompañados de la policía, y así indefinidamente.
La conclusión es obvia: se trata de formar a un alumnado temeroso, obediente y que incorpore a su acervo vital que los problemas de cualquier índole deben resolverse con orden y represión, fundamentalmente aquellos de carácter social (por eso apenas hay agentes tutores en los colegios de ricos). Y para eso hacen falta dos cosas: un profesorado poblado por ineptos, y una policía ávida de invadir el espacio educativo, al mismo nivel que lo hiciera la Iglesia Católica en otras épocas.
Desahucios son muerte:
-Muere de frío en Barcelona un hombre desahuciado por el PSC.
El fallecido, originario de Nigeria, había perdido su hogar en un desalojo en mayo; el Sindicat d’Habitatge de Ciutat Vella y l’Antiga Massana señalan al gobierno local.
Un hombre conocido como “Príncipe”, originario de Nigeria, ha muerto de frío en las calles de Barcelona tras meses viviendo a la intemperie. El fallecido había sido desahuciado en mayo de un edificio ocupado conocido como La Tancada Migrant, situado en el céntrico distrito de Ciutat Vella.
Han hecho responsable de su muerte al gobierno municipal del PSC. Ambas organizaciones han denunciado a dicho gobierno, liderado en el distrito por Albert Batlle del Partido Socialista Catalán (PSC), por imponer políticas que “castigan la pobreza” mediante desahucios constantes y un uso tan habitual como salvaje de las fuerzas policiales, los Mossos d’Esquadra, en los desalojos.