Muro de denuncias:
Social-fascismo:
-El gobierno español (PSOE-Sumar) condecora a la ultraderechista Giorgia Meloni.
Publicadas ya en el en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dichas condecoraciones fueron aprobadas tras la deliberación del Consejo de Ministros, en el contexto de la visita del ilegítimo jefe del Estado, Felipe VI, y la reina Letizia a Italia.
Las distinciones las ha otorgado a varios altos cargos del gobierno italiano, destacando a la primera ministra del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, al presidente Sergio Mattarella y al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Se trata de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Desde el gobierno del PSOE-Sumar han expresado que el reconocimiento a la fascista italiana y el resto de condecorados, “busca reflejar la estrecha relación bilateral entre España e Italia”, una relación histórica y estratégica que se ha consolidado a lo largo de los años.
Muy de “izquierdas”, como podrán observar, casi “revolucionaria” la actitud del gobierno español más progresista de la historia.
–https://insurgente.org/el-gobierno-espanol-psoe-sumar-condecora-a-la-ultraderechista-giorgia-meloni/
Todo atado y bien atado:
-Un alcalde del PP de un pueblo de Madrid luce una bandera franquista en el despacho de su negocio.
Rafael Herranz, alcalde popular de Zarzalejo muestra en el despacho de su hotel una bandera de España con el águila de San Juan.
Zarzalejo es un municipio de la Sierra Oeste de Madrid de menos de dos mil habitantes. Su alcalde del Partido Popular, Rafael Herranz, tiene una bandera de España con el águila de San Juan, usada durante la dictadura franquista. Se encuentra apoyada en un mueble de su despacho del hotel-restaurante del que es dueño en el pueblo serrano. Esta bandera es visible desde el exterior por los clientes que acuden al mismo. Herranz ha reconocido tener la bandera con el escudo franquista en su “oficina particular”, pero no ha querido hacer más valoraciones sobre el tema.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), indica: “El legislador no ha querido que esto sea ilegal. Hay una democracia que permite hacerlo. La Ley de Memoria Democrática lo autoriza”.
Herranz ocupó el puesto 115 de 135 en la lista del PP en las elecciones autonómicas madrileñas de 2023. Público ha preguntado al PP de la Comunidad de Madrid y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática respecto a la bandera franquista que mantiene en su negocio el alcalde popular sin haber obtenido respuesta.
No es el único miembro de la corporación municipal de Zarzalejo que muestra signos franquistas. Manuel de Dompablo (PP), el primer teniente de alcalde, tenía en su foto de perfil en WhatsApp una foto suya con un delantal con el águila de San Juan, según publicó La Marea en 2022. “Es de carácter privado”, fue también entonces la respuesta de Herranz. Además, El País publicó en 2010 que el alcalde se construyó un chalé en zona protegida.
¡Qué Justicia!:
-Doreste, el magistrado reacio a creer a mujeres y menores víctimas de violencia sexual.
Antonio Doreste, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha firmado en los últimos cinco años decenas de sentencias o votos particulares partidarios de absolver a los acusados por las dudas que le generan los testimonios de las víctimas.
4 de octubre de 2024. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dicta una sentencia que ratifica la condena de diez años y ocho meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife impuso a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales a dos menores: su sobrina-nieta, de cinco años, y su sobrino-nieto, de nueve. Según los hechos probados, los tocamientos se produjeron de noche en el dormitorio del acusado, con quien la madre de los niños (su sobrina) tenía en ese momento una buena relación, hasta el punto de dejarle a sus hijos para que los cuidara.
En esa resolución no hay unanimidad de los miembros del tribunal. El magistrado Antonio Doreste, expresidente del TSJC, emite un voto particular en el que expresa su discrepancia con la decisión adoptada por sus compañeros de Sala: se muestra partidario de una resolución absolutoria. Sostiene que no hay más prueba incriminatoria que el testimonio de las víctimas y “la convicción de la sala de instancia” (la Audiencia Provincial) de “la veracidad” de esas declaraciones. Descarta como elemento que corrobora esos testimonios la prueba pericial psicológica que, entre otras cuestiones, no apreció en las víctimas una tendencia a “confabular, inventar o fantasear” ni que pudiera existir en ellas “confusión sobre los hechos” ni que la denuncia estuviera motivada por los celos de la menor víctima a su tío-abuelo, como alegaba la defensa.
Este magistrado tampoco otorga valor al testimonio de la madre de los niños, puesto que esta “sólo indica” lo que su hija le contó “y además sobre hechos acaecidos casi cinco años antes, con lo que ni siquiera hay una reacción rápida de la menor ante los tocamientos”, expone. “Aceptando la posibilidad e incluso la probabilidad de la realidad de los tocamientos que se afirman, tal carga probatoria deviene insuficiente para que esta sala de apelación asuma el relato fáctico y confirme la condena”, resume en este voto particular Doreste.
Como en todo órgano judicial colegiado, las decisiones de esta sala se adoptan por mayoría absoluta (al menos dos votos de tres) y lo frecuente es que haya unanimidad. No es, sin embargo, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos con los casos de violencia sexual. En las sentencias con voto particular hay un denominador común: uno de los magistrados, Antonio Doreste, se posiciona a favor de la tesis absolutoria (o, en ocasiones, de rebaja de pena), bien porque alberga dudas sobre la credibilidad de los testimonios de las víctimas, mujeres y menores a los que se refiere como “afirmadas víctimas”, o bien porque considera que el resto de indicios incriminatorios son débiles para acordar una condena…
Politi-corrupción:
-Mazón aprovecha los contratos de emergencia de la DANA para promocionar a empresas afines al PP de Murcia y Galicia.
La fase de reconstrucción consolida a firmas cercanas a los populares como adjudicatarias de la Generalitat y a otras cuyos propietarios fueron condenados por financiar ilegalmente a los conservadores.
Suculentos contratos de emergencia, adjudicados a dedo por definición. Entre las mercantiles que se han sumado a la lluvia de millones en la fase de la reconstrucción, figuran dos firmas en la órbita de las administraciones gobernadas por el PP en comunidades autónomas como Murcia o Galicia que han entrado en la lista de adjudicatarias de la Generalitat Valenciana y que se suman a las empresas vinculadas a tramas de corrupción de los populares en causas judiciales como ‘Gürtel’ o el ‘caso Taula’. El Gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado, al menos, casi 62 millones de euros a empresas que financiaron a distintas ‘cajas B’ del PP.
-Ayuso financia con 38,2 millones de euros anuales a colegios que segregan por sexos.
La Comunidad de Madrid regó en el curso 2023/2024 con dinero público a 11 centros que separan a alumnos y alumnas, siete de ellos están vinculados al Opus Dei.
En la Comunidad de Madrid todavía quedan 11 centros que ofertan educación diferenciada y que reciben fondos públicos, a pesar de que la actual ley de Educación, la Lomloe, prohíbe este modelo. A lo largo del curso pasado, 2023/24, el Ejecutivo regional destinó 38,2 millones de euros a estos colegios.
Para boicotear la ley nacional, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo de Ayuso amplió la duración de los conciertos, que pasó de durar seis años a extenderse diez años. Esta decisión permite que colegios que segregan por sexos sigan recibiendo dinero público al menos hasta el curso 2027/28, tal y como confirman fuentes de la Consejería de Educación.