Movimiento obrero. Su brutal situación:
Situación real:
-El 14,8% de jóvenes españoles, emancipados: comparten piso entre tres o cuatro y no pueden ahorrar ni 100 euros al mes.
El 87% de los que se independiza mediante alquiler comparte vivienda y el 35% gana menos de 1.000 euros, según un informe del Consejo de la Juventud.
Lucas vive a las afueras de Madrid, en un piso antiguo. Es un tercero sin ascensor. Lo comparte con dos compañeros. “Yo cobro mil euros al mes y 400 ya se me van al piso. Puedo pagar el alquiler, hacer la compra y poco más. Es raro el mes que pueda ahorrar algo, prácticamente ningún mes ahorro nada porque no me llega”.
De los jóvenes que logran emanciparse en España, que son muy pocos por la crisis de la vivienda y los precios desbocados, siete de cada diez se independizan mediante alquiler. El 87% comparte piso, en la mayoría de las ocasiones con tres o cuatro personas. El principal motivo es reducir gastos porque el sueldo no les da. Y el 40% no consigue ahorrar ni 100 euros al mes.
El 35% de los emancipados gana menos de mil euros al mes, un sueldo inferior al salario mínimo.
Casi un tercio de los jóvenes emancipados necesita ayuda familiar para pagar el alquiler. De media, destinan 466 euros al pago de la vivienda.
“La tasa de emancipación es la más baja desde 2006 (un 14,8%). Con este informe lo que descubrimos es que la poca gente que lo logra, lo hace en condiciones precarias, no porque queramos sino porque nos vemos obligados. Principalmente para reducir gastos. Si ya no podemos llegar a fin de mes, no podemos ahorrar y no podemos pensar en comprarnos una casa o en desarrollar nuestro proyecto de vida. Esto genera que nuestro futuro sea incierto. No sabemos cuándo va a cambiar esta situación. Y vemos que seguimos siendo dependientes porque necesitamos ayuda de otras personas”.
Desahucios:
-Vivienda, en manos de muchos buitres.
Alam, su mujer y sus tres hijos menores de edad, desahuciados por una rentista suiza.
El inquilino se desmayó y tuvo que ser atendido por una ambulancia. «La tuvimos que llamar nosotros, porque la Policía nos la negó», denuncian los activistas.
3 de febrero, calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán (Madrid).
«La propiedad no ha querido negociar nada», denuncian desde la Organización de Vivienda del barrio.
Los inquilinos habían firmado en 2020 un contrato de alquiler con la empresa H. Bartolomé S.A, al que ha tenido acceso Público. «Lo que no sabíamos era que el piso se encontraba en una situación de ejecución hipotecaria, nadie nos había dicho que existía una deuda con el banco. La parte ejecutante era la Sareb, que realizó una subasta; la ganó una rentista que vive en Suiza y compró el piso para especular», explicaba el desahuciado.
La familia «siempre» ha pagado «tanto el alquiler, como los suministros»; 700 euros al mes.
Alam y su mujer llevaban «17 años» viviendo en el barrio y sus tres hijos, de tres, seis y diez años, iban a uno de los colegios de la zona. Los pequeños han dormido fuera del piso para no tener que vivir en primera persona el desalojo.
La familia sobrevive con el Ingreso Mínimo Vital y no tiene alternativa habitacional –»no hablamos de un albergue para pasar unos días, hablamos de una vivienda digna».
La ONG Provivienda, que se dedica a buscar alojamiento para personas vulnerables, se ha limitado a «pasarles enlaces de Idealista». El Samur Social les ha ofrecido plaza en Las Caracolas, un albergue con casetas prefabricadas «de pésimas condiciones» a las afueras de la capital y lejos del colegio donde estudian los menores.
«Tenemos que señalar a los culpables: desde los que decidieron salvar a un banco con dinero público, hasta la inmobiliaria que los estafó; pasando por los servicios sociales y la actual propietaria, que pone su negocio por encima de las vidas humanas», insisten desde la Organización de Vivienda de Tetuán.
-Sanitarios y sanitarias de atención primaria se unen contra los desahucios, “un problema de salud pública”.
Depresión, ansiedad, empeoramiento de enfermedades crónicas o surgimiento de nuevas afecciones acompañan a los problemas habitacionales. Lo denuncian profesionales de Vallecas (Madrid) y lo refrendan los estudios.
Los desahucios son un problema de salud pública. Y lo son por que “la inseguridad habitacional genera enfermedad, y es un problema de salud pública porque ya no es un problema individual. Si la salud pública se preocupa de la salud de la población no podemos seguir manejando vivienda y sanidad como carteras diferenciales”…
–https://www.elsaltodiario.com/desahucios/desahucios-perjudican-gravemente-salud
Sanidad pública:
-Madrid, Aragón, La Rioja y Cantabria… votan contra el plan de Atención Temprana.
El plan estatal de Atención Temprana (sistema sanitario dirigido a niños de entre 0 y 6 años), con el fin de reducir las listas y homogeneizar los procesos de actuación de las comunidades autónomas, invertirá 42 millones de euros que serán repartidos entre las comunidades autónomas.
17 votos a favor, nueve en contra y siete abstenciones. Pese a la oposición, el plan ha sido aprobado por mayoría en el Consejo Interterritorial.
Mientras, Madrid tiene 1.800 niños en listas de espera.
El acuerdo garantiza que niños y niñas menores de seis años reciban una atención de calidad y gratuita, y que sean intervenidos en 45 días como máximo desde que se detecta un caso.
-Juicio a la CAM.
La Comunidad de Madrid tiene una vista judicial el próximo 10 de abril después de que los sindicatos hayan reclamado una mayor indemnización económica contra una Administración «por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales».
La Viceconsejería de Sanidad de Madrid convocó una reunión junto con el SERMAS y las organizaciones sindicales «para pedir que desistan su demanda», pero la parte afectada denuncia la falta de medidas de seguridad y salud adecuadas, lo que pone «en peligro la integridad» de los trabajadores y la asistencia a los usuarios.
Ayuso se enfrenta a una indemnización histórica por la falta de un plan de riesgos laborales en Atención Primaria.