Movimiento obrero. Su brutal situación:
Situación real:
-Siete años de cárcel para cinco temporeros por retener a sus patrones en Cáceres.
Los condenados solo pretendían cobrar los 20.000 euros que sus jefes les debían por trabajos agrícolas.
Los condenó la Audiencia Provincial de Cáceres (Extremadura). Sucedió a inicios de febrero. Las personas condenadas sólo pretendían cobrar una deuda de 20.000 € que los empleadores no les saldaban, por lo que retuvieron a los patronos.
Los acusados fueron trasladados desde el centro penitenciario de Cáceres para el juicio, enfrentando cargos de “detención ilegal”, “robo con violencia en grado de tentativa” y “lesiones”. Pero el juicio no llegó a celebrarse, ya que las partes llegaron a un acuerdo antes de la vista.
La acusación les amenazó pedir penas de hasta 19 años de prisión, por lo que los condenados terminaron aceptando una pena de siete años, que incluye cuatro por dos delitos de “detención ilegal”, dos por “robo con violencia” y un año por “lesiones”. También deberán pagar una indemnización de 5.000 euros para cada moroso.
Todo sucedió el año pasado. Los cinco trabajadores que trabajaron en la finca de los denunciantes se dirigieron a estos para reclamar los salarios pendientes. Al no responder a sus demandas de manera satisfactoria, los acusados obligaron a los propietarios a subir a una furgoneta con la intención de llevarlos a un banco para cobrar el dinero. Pero, al parecer por un problema técnico, no lograron efectuar el pago. Los empleados, entre los que se encontraba un padre y su hijo, solicitaron regresar a la finca para conseguir otra tarjeta, momento en el que fueron interceptados por la Guardia Civil.
Para la (in)Justicia española es delito intentar cobrar lo que se ha ganado; no pagar lo que se debe, cuando el moroso pertenece a la clase explotadora, parece no importarles gran cosa.
–https://insurgente.org/condenaron-a-siete-anos-de-carcel-a-cinco-temporeros-en-extremadura/
Esclavismo laboral:
-Condenan a un empresario de Jerez por vulnerar los derechos de trabajadores extranjeros sin permiso de empleo.
Los hechos sucedieron en Chiclana de la Frontera, donde un empresario jerezano contrató a dos trabajadores en situación administrativa irregular para desempeñar tareas con categoría profesional de oficial de primera en el sector de la construcción.
Se resolvieron dos demandas que reclamaban la extinción laboral de las relaciones laborales de dos trabajadores en situación administrativa irregular por impago de salarios y menoscabo de su integridad física, así como se solicitó una indemnización por vulneración del derecho a la igualdad, concretamente por discriminación por motivos raciales y situación administrativa irregular en su relación laboral.
Dicho trabajo consistía en una reforma integral de una vivienda sin las más elementales condiciones de protección a la salud, tal como acredita la Sentencia: “vulneración de las más elementales obligaciones de seguridad e higiene en la prestación del trabajo, vulnerando el derecho a la dignidad física” “no proporcionando el demandado ni los EPIS ni las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones”. Ante la ausencia de herramientas adecuadas para trabajar, equipos de trabajo, equipos de protección, etc. y durante la carga de diferentes materiales de construcción sin más elementos que el propio cuerpo, uno de los trabajadores sufrió un accidente laboral. El trabajador no ha recibido ningún tipo de protección social derivada de su condición de trabajador, arrastrando graves dolores lumbares hasta la actualidad.
El empresario les entregaba un infrasalario, que posteriormente dejó de abonarles, aun cuando los demandantes seguían acudiendo a su puesto de trabajo. Durante dicho tiempo reclamaron sus salarios en multitud de ocasiones, respondiendo el empresario de forma abiertamente discriminatoria, como así ha reconocido el magistrado: “te voy a comentar para que tú lo sepas un poco, ¿vale? Como va aquí en … Si esta mujer a mí me da todas las semanas una cantidad de dinero para comprar materiales y pagar a ustedes cada tres semanas, Hacienda, Ministerio de España se mete e investiga, ¿me comprendes o no? Y entonces ya no se hace ninguna obra, pero no aquí, sino en todo el país entero”.
Derecho a vivienda digna y asequible:
-La cara más cruda de la especulación: perder tu casa con 80 años para llenar un edificio de pisos turísticos.
Una familia quiere expulsar a 28 inquilinos de un bloque de viviendas en Chamberí (Madrid).
«Lo que pagamos nosotros por un mes de alquiler, puede pagarlo un turista por una semana de vacaciones. La codicia está acabando con todo», denuncian las vecinas.
«Llevamos tres décadas en el mismo piso, renovando los contratos cada cinco años, pero siempre con la garantía de que nos íbamos a morir aquí. La propia administración nos lo decía, teníamos una relación excelente. La cosa cambió cuando [los dueños] pusieron la gestión en manos de un fondo buitre». Se llaman Savills.
El edificio tiene 28 viviendas y está en pleno barrio de Chamberí (Madrid). «Tenemos vecinas de más de 80 años que han nacido aquí», relata. Los propietarios han expulsado a una docena de familias en los últimos meses; la otra mitad cuenta los días para hacer las maletas y abandonar el barrio –»cuando no la ciudad»–.
Sinvergüenzas:
-El Gobierno de Almeida estudia prohibir a los sintecho en Madrid.
El Ayuntamiento plantea multas de hasta 6.000 euros.
El endurecimiento de las normas contra los sintecho está incluida dentro de las ocho áreas que pretende regular con más severidad el Gobierno de Almeida. Este trámite pregunta a través de la web de Decide Madrid si la normativa es suficiente para garantizar la convivencia ciudadana y si la dedicada en el Ayuntamiento a este asunto resulta adecuada.
El área de Vicealcaldía pide a los ciudadanos puntuar del uno al cinco ocho áreas en las que plantea aumentar la regulación y la persecución de comportamientos incívicos. Estos serían: Degradación y vandalismo, limpieza y uso del espacio, bienes y servicios públicos, molestias generadas por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, mendicidad coactiva u organizada, venta ambulante ilegal, grafitis, hacer acampada o fogatas y el uso inadecuado de espacios municipales como pistas deportivas o zonas verdes.
En la actualidad, tanto el consumo de alcohol en la calle fuera de las terrazas de bares y el grafiti están penados en la normativa municipal. En primer caso, las sanciones van de los 100 a los 600 euros, y 500 euros para los menores de edad. A lo que se pueden sumar hasta 2.000 euros adicionales que la Ordenanza de Limpieza prevé para los que dejen restos de botellón en el lugar de consumo. En relación a los grafitis, las multas se situarán entre los 2.000 y 3000 euros, con posibilidad de imponer una multa de 6.000 euros a los sintecho reincidentes.
De alternativas para esta sangrante situación para miles de sintecho en Madrid, ni una sola palabra.