Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-ERE a 112 trabajadores de FRS-DFDS.
Empresa marítima que llevaba la línea Tarifa-Tánger.
Ha llevado este despido colectivo pactado, que afecta a 112 trabajadores, tras perder la concesión de los viajes entre ambas ciudades.
La compañía se ha comprometido “a asumir el pago de un convenio especial con la Seguridad Social hasta que los trabajadores despedidos mayores de 55 años cumplan los 63”.
Represión sindical:
-‘Ley Mordaza’ a cuatro sindicalistas en Oliva, Valencia.
La Policía Local elevó informes sobre los piquetes informativos, lo que ha derivado en los expedientes de sanción.
A consecuencia de sus acciones en los piquetes informativos que protagonizaron el día del inicio de la huelga de recogida de basuras que afectó a la ciudad de Oliva durante varias jornadas del pasado mes de julio.
Los sindicalistas, estuvieron participando en las acciones informativas para animar a la huelga, tanto frente a la nave de la empresa Fovasa, situada en el polígono industrial de la carretera de Pego, como en el mismo paseo de Oliva, donde justamente esa jornada finalizaban las fiestas de Moros y Cristianos. Se produjo un informe de la Policía Local de Oliva que fue elevado a la Delegación del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana. El detalle de las actuaciones ha derivado ahora en las sanciones por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, conocida como ‘Ley Mordaza’ por sus restricciones, y ha concluido señalando que hubo infracciones. Esos expedientes han causado enorme malestar entre los trabajadores porque “lo único que se hizo ese día es informar a los trabajadores ante la nave de la empresa y manifestarse públicamente en el paseo y otros espacios de la ciudad para dar a conocer que se estaba de huelga debido a un conflicto con la empresa”.
«Si finalmente se considerara como una acción muy grave, las multas podrían llegar a los 100.000 euros». La sanción trata de vulnerar el derecho constitucional de huelga e intenta condicionar las legítimas medidas de presión. Es además, “una represalia inaceptable por parte del Ayuntamiento de Oliva”, pese a que sus responsables, entre ellos la alcaldesa, Yolanda Pastor, «manifestaron en su momento su respeto al derecho de huelga y la comprensión y solidaridad al colectivo de personas trabajadoras que durante muchos años habían sufrido unas condiciones laborales muy complicadas».
España condenada:
-España, condenada por vulnerar derechos humanos básicos en la Cañada Real.
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa concluye que el Estado está vulnerando la Carta Social Europea mientras 4.500 habitantes de la Cañada Real en Madrid llevan más de cuatro años sin luz.
El 2 de octubre de 2020 los sectores 5 y 6 del barrio de la Cañada Real se apagaron. La compañía eléctrica Naturgy decidió cortar con el suministro, con la connivencia de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que no han tomado ninguna medida efectiva para reestablecer la situación. Tampoco el Gobierno central, mientras 4.500 personas, entre ellos 1.800 niños y niñas, carecen de electricidad desde hace más de cuatro años. Este miércoles 27 de febrero el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha condenado al Estado en su conjunto por vulnerar hasta 10 derecho básicos de la población.
La resolución, considera que España no está cumpliendo con la Carta Social Europea, ratificada por este país, y es respuesta a una reclamación colectiva planteada por cinco organizaciones.
“Si no lo cumplen, se intentará solicitar la ejecución por medios jurídicos. Esto es una decisión que ya es ejecutable”…
España condena a muerte:
-España deniega la financiación a once fármacos contra el cáncer.
De los 20 aprobados en Europa.
La “racionalización del gasto público” es uno de los principales motivos aportados por la Comisión de Precios.
…Preferimos no hacer comentarios. Nos cierran la web…
Quirón, condenada:
-Una trabajadora de Quirón Prevención es despedida tras estar de baja por cáncer y depresión y la Justicia lo declara nulo.
La empresa debe indemnizarla y readmitirla.
Quirón Prevención despidió a la trabajadora en 2023 basándose en un informe médico que identificaba limitaciones como la imposibilidad de conducir o realizar esfuerzos intensos.
El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa Quirón Prevención a readmitir a una empleada que fue despedida e indemnizarla con 12.000 euros en concepto de daños morales después de que fuera despedida tras estar de baja, primero por un cáncer de endometrio y posteriormente por un trastorno depresivo. La Justicia obliga así a la empresa a la inmediata readmisión de la empleada en su puesto y deberá además abonarle los salarios que dejó de percibir desde que fue despedida el 2 de junio de 2023, a razón de 126 euros por día.
La Sala consideró que el despido constituía “una actuación discriminatoria por estar relacionado con una discapacidad equiparable, derivada de la prolongada baja médica de la trabajadora”. Asimismo, observó que la empresa no adoptó ninguna medida para realizar ajustes razonables en el puesto de la trabajadora, lo que resultó determinante para calificar el despido como nulo.
Por su parte, Quirón Prevención despidió a la trabajadora argumentando que el informe médico del servicio de prevención “justificaba la ineptitud sobrevenida de la trabajadora” y, por tanto, la extinción del contrato por causas objetivas. En ese informe la trabajadora fue declarada no apta para su puesto de trabajo, al identificar limitaciones como “la imposibilidad de realizar tareas que impliquen conducción de vehículos, esfuerzos intensos o trabajos con altos requerimientos intelectuales”…
*Mientras tanto:
Quirón Prevención es la empresa que cuadruplicó los pagos a Alberto Quirón por sus trabajos de consultoría tras el inicio de su relacción con Ayuso.
Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, es también consejero de Mape, la empresa que pagó una comisión de 2 millones a la pareja de Ayuso.
Democracia real ya.
Repsol y Caixabank compran policía:
-Anticorrupción sostiene que Repsol y Caixabank contrataron a Villarejo como un “auténtico policía privado”.
La Fiscalía reclama 40 años de cárcel para el comisario jubilado por las presuntas labores de espionaje contra Sacyr y Pemex.
El Ministerio Público defiende la condena porque la prueba documental recabada durante el juicio acredita que se le contrató para que “actuara como un auténtico policía privado”.
La misma acredita “los servicios de investigación acordados”, que, ha resumido, se trataba de “un encargo en el que Villarejo vende su condición de policía, y los clientes Repsol y Caixabank a través de los acusados compran esa condición policial”. La Fiscalía Anticorrupción pide que Villarejo sea condenado a 40 años y medio de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil…