Ante el informe sobre la tortura publicado por el Gobierno de la CAV
Destrozar la personalidad de lxs detenidxs, conseguir autoinculpaciones, aplicar el castigo físico, causar cicatrices psicológicas, humillación, miedo… Eso logra la tortura, eso y mucho más. Cuando un estado utiliza la tortura no es hacer sufrir a lxs detenidxs lo único que busca. Un estado que utiliza la tortura quiere hacer llegar un mensaje claro a la disidencia política, la quiere atemorizar y condicionar, quiere advertir a quien se involucra en la lucha de lo que le va a ocurrir si no vuelve al rebaño: podrá pasar 5 días sin comer ni beber, podrá pasar 5 días sin dormir, podrá ser golpeado con un listín telefónico en la cabeza hasta que esta esté a punto de estallar, podrá ser mojado con agua helada, le podrán meter la cabeza en una bolsa de plástico hasta que pierda el conocimiento, podrá sufrir una sesión de electrodos, cuando vomite le obligaran a limpiarlo con la lengua, tendrá que realizar ejercicios físicos hasta caer al suelo agotadx, estará en riesgo de sufrir agresiones sexuales. Y le pedirán nombres, y recibirá amenazas de que harán lo mismo con las personas a las que quiere… hasta que firme lo que al torturador le dé la gana.
El Estado español y los partidos que lo sustentan en Euskal Herria (PP, PSOE y PNV) han hecho un uso absolutamente político de la tortura con el objetivo de someter a la resistencia vasca, ocultándola a ojos de la mayoría del pueblo y al mismo tiempo haciéndola visible para quienes luchaban, tratando así de condicionar su militancia.
Por medio de la tortura, además de lograr autoinculpaciones que aún hoy siguen sirviendo para mantener a cientos de personas en la cárcel, el Estado ha expandido el miedo en toda Euskal Herria en busca de la desactivación política de los sectores luchadores, habiendo generado en muchas ocasiones, que se tema más a los cinco días de incomunicación que a las largas condenas de cárcel. Para ello tienen organizada una maquinaria tan fina como brutal, desde los responsables políticos hasta quienes aplican la tortura directa, pasando por jueces, abogados de oficio, médicos forenses y medios de comunicación.
En esta ocasión es un estudio del Gobierno Vascongado el que ha dado credibilidad a más de 4.000 casos de tortura tras aplicar el Protocolo de Estambul. Hay que destacar que en este estudio no entran los casos de Nafarroa y que son muchas las personas que no han participado en el estudio por distintas razones (haber fallecido, estar en la cárcel o en el exilio, no haber querido tomar parte en este proyecto, no querer recordar aquellos días…). Es por eso, que los casos de tortura son muchos más. Según Torturaren Aurkako Taldea, más de 10.000.
En cambio, no es casual que esta investigación no haya sido encargada hasta terminada la lucha armada de ETA, como tampoco es casual que en dicho informe se haga una limpieza de cara de los cipayos. En el dosier se añaden varios matices que no son correctos. Por ejemplo, se subraya el porcentaje de torturados por la Ertzaintza en comparación con la Guardia Civil y la Policía Española, obviando que el periodo analizado va desde 1960 hasta 2014 y que esta fuerza represiva fue creada en 1982. En cualquier caso, lo más importante no es el cómputo global, sino que los cipayos han utilizado la tortura cada vez que han aplicado la incomunicación.
El dosier también menciona el que se conociera como “Protocolo Balza” como muestra de las garantías hacia los derechos humanos de lxs detenidxs. No explica, sin embargo, que después de poner en marcha el dichoso protocolo que solo buscaba blanquear y facilitar la tortura, la policía del PNV (y también la del PSE durante el mandato de Patxi López y Rodolfo Ares) la siguió practicando.
No podemos pasar sin mencionar la crítica que el sindicato ErNE ha hecho sobre el informe, dejando al descubierto que el corporativismo entre cipayos ha sido una herramienta imprescindible para ocultar y apoyar la tortura. Aunque se supone que su deber es perseguir delitos, han dado cobertura a un delito tan repugnante como la tortura, mientras además de en las comisarías, apaleaban al pueblo. La denominada Ertzaintza no es más que otra fuerza de ocupación española en contra de Euskal Herria, a pesar de que sus miembros sean de esta tierra. De ahí el nombre que les ha impuesto el pueblo: cipayos.
Para terminar con esta policía autonómica española, también nos queremos dirigir al resto de agentes que de una manera u otra han facilitado esta práctica, como por ejemplo Eusko Alkartasuna y el ex Consejero de Justicia Joseba Azkarraga, ya que mientras ellos fueron partícipes del Gobierno Vascongado se produjeron una buena parte de los casos de tortura. Hasta ahora han dado cobertura a las torturas de aquella época. Ya es hora de que acepten su responsabilidad.
¿Y qué decir de la Policía española, la Guardia Civil y de todas las clases de Gobierno Español? Han violado, destrozado, asesinado, secuestrado y enterrado en cal viva a gente. No admitirán que han torturado, es más, también han perseguido a quienes denunciaban la tortura bajo el argumento de que esa práctica le daba legitimidad a ETA. Siguiendo esa lógica y ahora que queda demostrado que han pasado décadas torturando a vascxs, nadie más que ellos le han dado legitimidad a la lucha armada.
Nuestro último mensaje va dirigido a todas aquellas personas que dicen que en Euskal Herria no se ha torturado. Reconoced de una vez que vuestra negación son en realidad los aplausos dirigidos a los torturadores, reconoced que cuando decís que la tortura no ha existido queréis decir que la tortura era necesaria. Tal vez entonces podamos situar el debate sobre la violencia en otro plano.
En Euskal Herria, a 22 de diciembre de 2017.
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión.
Así torturó la policía en el País Vasco: golpes (69%), asfixia (25%), abuso sexual (22%)
El informe del equipo de Paco Etxeberria extrae una radiografía completa de cómo se ha torturado en la Cav (falta el análisis de Nafarroa). El horror se resume en porcentajes así: casi el 70% de los casos incluyen golpes, el 25% asfixia y el 22% violencia sexual, desde tocamientos a violaciones.
–2% menores
Una de cada 50 personas torturadas lo fue pese a no tener siquiera 18 años en el momento de la detención. La edad media resultante entre las víctimas resulta notablemente joven: 27,15 años.
–36 violaciones
En las cinco décadas y media estudiadas se han llegado a censar 36 violaciones de carácter vaginal (17) o anal (19) a personas detenidas, entre otras múltiples prácticas de violencia sexual.
–20% inculpación
Una de cada cinco víctimas de tortura hace hincapié en que se le maltrató para imponerle una declaración policial falsa. Las autoinculpaciones e inculpaciones forzadas han sido denunciadas muchas veces.
–95,5% credibilidad
El análisis de 202 testimonios a la luz del Protocolo de Estambul depara un 5,9% de «máxima consistencia», 41,1% como «muy consistente», 48,5% como «consistente» y solo un 4,5% es «inconsistente».
Entre las muchas aportaciones de las casi 500 páginas del informe sobre la tortura encargado por Lakua destaca lógicamente la de cómo se torturó, en qué consistieron los maltratos, con números y porcentajes extraídos de los 4.113 casos censados. Una radiografía del horror que revela detalles especialmente sádicos como la utilización de amenazas con animales en cuatro casos, la imposición de masturbaciones forzadas en otros cuatro, los ocho episodios de tortura por aplastamiento o los nada menos que 465 en que se obligó al detenido a ver u oír los maltratos a otras personas…
En cantidad, por encima de ello sobresalen dos modos de tortura: el 69,8% de los casos detallados refieren golpes (casi todos ellos, el 65% del total, más concretamente «palizas»), y el 69,8%, amenazas. Este último bloque incluye simulacros de ejecución en uno de cada diez casos. Resulta voluminoso igualmente el porcentaje de «interrogatorios constantes» (52,3%) o de «privación del sueño» (31,2%).
Asfixia y violencia sexual
En menor cantidad pero de modo destacado aparecen en el estudio dos prácticas en las que es obligado detenerse: la asfixia y la violencia sexual.
Las técnicas de asfixia, bajo distintas denominaciones, son un clásico en esta lacra de la tortura a nivel mundial. En el periodo analizado (1960-2014) y en la CAV han sido aplicadas a una de cada cuatro personas detenidas, el 25%. El equipo del Instituto Vasco de Criminología diferencia la «asfixia seca» (más conocida como «la bolsa»), que alcanza un porcentaje del 19,5%, y la «asfixia húmeda» («la bañera»), sufrida por un 8,4% de las víctimas. Hay un 1,1% añadido de formas de asfixia «no especificadas».
La violencia sexual ha sido revelada en un 22,3% de los casos denunciados. Toma diferentes formas: desnudez forzada durante la incomunicación (18%), humillaciones sexuales de carácter verbal (10,3%), golpes en genitales (9,7%), tocamientos (5,4%), utilización de electrodos en los genitales (1,4%), introducción de objetos por la vagina (0,8%) o por el ano (0,9%)… Estos dos últimos ejemplos de violación han sido denunciados por un total de 36 personas.
Dado que cada caso está documentado exhaustivamente, se pueden extraer múltiples clasificaciones añadidas: por cuerpos policiales, por edades de los detenidos, por épocas… Esta última variable, por ejemplo, lleva a Paco Etxeberria y su equipo a constatar que en el apartado de violencia sexual en los años 80 y 90 se emplearon electrodos mientras desde el año 2000 sobresalieron los tocamientos, humillaciones o violaciones. En esa frontera temporal, dice el estudio, «se confirma un cambio cualitativo y una preocupación creciente que emerge en el relato de las denuncias por dejar menos señales físicas como hematomas»,
En su página 167, el trabajo certifica que «las mujeres, comparativamente con los hombres, soportaron más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del ‘plantón’ [obligación de estar de pie], más asfixia seca con la bolsa, mayor exposición a distintas formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual), peores condiciones de detención (más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillaciones, más amenazas…». Por su parte, a los hombres se les aplicaron «más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres».
De electrodos a ruidos constantes
La antes citada utilización de electricidad como tormento la refiere el 8,3% de los torturados y torturadas. El estudio la cita junto a formas de maltrato como «uso de tabúes» (5,3%), drogas (2,4%), quemaduras (6%) o lesiones penetrantes (0,3%).
Entrando en otros datos del informe, en lo relativo al maltrato físico casi uno de cada cuatro personas torturadas detalla «tortura por posición» (imposición de posturas forzadas o extenuantes) y al 13,1% se le obligó a hacer flexiones. Entre las prácticas sicológicas, aparecen la «confusión con comportamiento contradictorio de los agentes de seguridad (benevolente o pretendidamente protector versus agresivo)» en el 22,8% de los casos, la «obligación de validar confesiones falsas» en el 20,7%, y, ya en menor medida, la aportación de información falsa, la oferta de beneficios por colaborar con los cuerpos policiales…
En cuanto a las condiciones de detención, al 18% de las víctimas se les obligó a estar desnudas, el 12,4% fue sometida a ruidos constantes, el 7,5% resultó castigado con higiene deficiente en la zona de arresto y el 7% padeció lo que se denomina como «estrés climático».
27,15 años de edad media
Aunque entre tantos casos aparecerán sin duda gentes de todas las edades, la edad media de la persona de la CAV víctima de tortura en estas más de cinco décadas es notablemente baja: 27,15 años. Y llama la atención que el 2% del total era menor de edad cuando sufrió los tormentos.
Por procedencia geográfica, es la población de Gipuzkoa la más castigada, dado que casi la mitad de los casos (49,3%) corresponden a vecinos y vecinas de este herrialde. El 38% son vizcainos y el 7,6% alaveses. Está pendiente un trabajo similar en Nafarroa.
En cuanto a los cuerpos policiales responsables, el dato ya se remarcó el lunes, con la presentación de este informe, primero oficial relativo a la tortura: a la cabeza de este ránking macabro están Guardia Civil y Policía española casi empatados (43%), mientras a la Ertzaintza le corresponde un 8,1% de los casos, es decir, 336. La Policía autonómica también incomunica menos que las españolas tomando exclusivamente los 4.113 casos del estudio: 79,3% frente a 96,5% de la Policía española y 96,4% de la Guardia Civil.
Protocolo de Estambul a 202 casos
El lunes en Donostia, Etxeberria apuntó que quizás nunca en ningún sitio se haya aplicado el Protocolo de Estambul, creado para medir la credibilidad de los testimonios de tortura, a tantos casos: 202 (un informe presentado en Madrid en 2014 recogía 45).
Tras explicar profusamente cómo se articula el protocolo y cómo se ha desarrollado en esta investigación, el resultado final obtenido es el siguiente: el 5,9% de los casos ha sido valorado como «de máxima consistencia», el 41,1% como «muy consistente», el 48,5% como «consistente»;y únicamente un 4,5% (9 de los 202) se revela «inconsistente».
Para llegar a obtener esta nota final, en función de este Protocolo de Estambul adoptado por la ONU en el año 2000, no solo se mide el «relato de presunta tortura», sino las reacciones sicológicas producidas, los informes médicos o forenses, la congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que son expresados, el diagnóstico clínico, los cambios funciones posteriores (trabajo, estudios, relaciones…) atribuibles a los hechos, los cambios de personalidad generados… Así, en el desglose se percibe que el 98,5% de los casos son relatados de forma consistente, el 86,5% muestran congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que se expresan y el 83,2% han dejado secuelas igualmente congruentes. Pero, por contra, únicamente en el 13% existen informes médicos o forenses que acrediten el testimonio.
En los casos que finalmente son declarados «inconsistentes», el informe matiza que ello no implica necesariamente que sean falsos, sino que simplemente pueden ser tipificables no como tortura sino como uso excesivo de la fuerza.
Como se observa, la realización de este informe pionero del Instituto Vasco de Criminología ha requerido la intervención de un amplio equipo multidisciplinar: forenses, sicólogos, administrativos… Su director, Paco Etxeberria, apuntó en la presentación que han terminado participando de una u otra forma unas 50 personas. Para cumplimentar el encargo del Gobierno de Lakua se han empleado unos tres años.
