Represión
La criminalización y ahogo económico continuo de manifestantes
Marchas de la Dignidad. Madrid 29-M 2015. Se forma un bloque de jóvenes al que la policía empieza a perseguir. Se producen enfrentamientos y la policía identifica a 300 personas.
Tres jóvenes en especial son criminalizados y señalados semanas después. Detenidos (alguna en su trabajo) en julio de 2015. Llevados a estancias policiales, se les enseñan fotos en que ninguno se reconoce. En uno de los casos: “El trato en Moratalaz fue deleznable, empujar por el pasillo, identificar con mofas… En comisaría, no declaré”. “Luego ya acompañada del abogado, que me tranquilizó pues estaba muy afectada por la detención en el curro, el trato… declaré ante una jueza en Plaza de Castilla. A la salida del Juzgado se agregó un personaje ‘extraño’, y no aparece en la denuncia”. “ Pasados casi 3 años, me notifican que me presente en el juzgado de lo penal y me dan esto”.
Se les notifica la pena de 18 meses de prisión por “desórdenes públicos”, 1.800 euros por delito de daños y 2.227 euros de indemnización a la Comunidad de Madrid como “responsabilidad civil por los daños causados”.
Están siendo cientos los casos parecidos, pues de todos aquellos miles de manifestantes, marchistas, solidarios… identificados que se han venido dando en los últimos años, está llegando una verdadera avalancha de condenas de cárcel, multas desorbitas e insultantes, en cada vez más frentes abiertos: manifestaciones, Marchas, concentraciones, homenajes, actos en centros sociales y okupados, por portar banderas republicanas o camisetas reivindicativas, por “atentados a la autoridad”, “desórdenes”, “negación a identificarse”… Es una represión silenciosa -para que sea silenciada- además. A gente concreta de muy diversas localidades, hoy a ti y mañana al otro, con condenas de cárcel que en la mayoría de casos no les hace ingresar en ellas, pero con verdaderos atracos económicos, en multas o en compensación de daños. Muchas y muchos de ellos, jóvenes o muy jóvenes, con lo que el ahogo económico se extiende a toda la familia.
La represión. La directa y publicitada. La directa y silenciada. La indirecta que significan antecedentes penales, criminalización en todos los espacios que a esa gente joven les queda por recorrer: estudios, primeros curros estando en las listas negras policiaco-empresariales… Y el ahogo económico represivo, con multas-trampa tan elevadas que les convierte en deudores no solo a ellos, sino a sus círculos más cercanos…