Memoria histórica de los crímenes fascistas
La fosa común del franquismo más numerosa de Extremadura, en Valencia de Alcántara, albergaba los cadáveres de, al menos, 48 personas
Se rompen 82 años de silencio
Conchita Viera tenía 3 años cuando su padre desapareció y durante su infancia no hubo preguntas en casa. Ni su hermano, de 8 años, ni ella, se atrevieron. Su madre les sacó adelante bajo una estela de miedo, impotencia y dudas que hoy, 82 años después se han disipado. “Nos robaron una niñez feliz”, asegura la octogenaria profundamente emocionada.
El padre de Conchita era Amado Viera Amores, alcalde republicano de Valencia de Alcántara en 1936 y su cuerpo ha sido hallado junto al de otras 47 personas, hombres todos, en la fosa franquista más numerosa de Extremadura.
La Mina de la Terría ha estado sellada y con ese hermetismo, también se ha silenciado uno de los capítulos más terribles de la Historia de España, cuando en el verano de 1936, políticos, guardias civiles y obreros en general, fueron llevados a este paraje y asesinados a balazos. Conchita nunca se imaginó que la vida de su padre se había terminado de esta forma, pero el azar quiso que a finales de los 90 cayera en sus manos la tesis del doctor de la Universidad de Extremadura, Julián Chaves Palacios, en la que hablaba de la represión sufrida en la región durante la Guerra Civil.
En los pueblos de la zona se intuía que esa “maldita mina” albergaba algo que debían sacar a la luz. Entonces comenzó su lucha, una lucha que se ha hecho más beligerante en estos últimos años. En 2011, Conchita junto a otros familiares de los que se suponía que estaban en la fosa se constituyeron como agrupación y solicitaron una subvención para actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Según la resolución, se les concedió una cantidad de 40.000 euros para localizar y exhumar los restos, pero este proyecto no se pudo llevar a cabo porque la mina estaba en una finca privada y no obtuvieron los permisos necesarios para acceder a este terreno. Tras este varapalo, fue en 2017 cuando el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara aprobó un proyecto de intervención a partir del cual se podrían llevar a cabo los trabajos necesarios en la zona para localizar los restos.
A esta iniciativa se unió la Diputación de Cáceres, que aportó los fondos necesarios para los trabajos, unos 40.000 euros, sin los cuales no se podrían haber acometido las labores. También la Universidad de Extremadura y la Junta quisieron colaborar y en esta ocasión, ya sí, obtuvieron los permisos de intervención necesarios para entrar en la finca.
El 27 de noviembre de 2017 un equipo de arqueólogos liderados por la arqueóloga Laura Muñoz, comenzó el trabajo. Tuvieron que abrir la mina de wolframio, que se selló en 1988 con un forjado de vigas de hormigón, bovedilla cerámica y hormigón armado y al empezar a excavar se encontraron frente al mayor de los problemas, que después resultaría un aliado: el agua. La mina estaba anegada de agua y según los estudios, en 1936 cuando se produjeron los crímenes ya había sido abandonada y entonces también estaba inundada. Tuvieron que utilizar una bomba para extraer el agua y el 16 de diciembre, después de un trabajo constante “de sol a sol”, según la arqueóloga, se cerró esta primera etapa.
La segunda fase se inició el 19 de enero y al día siguiente, a 25 metros de profundidad se dieron de bruces con la realidad más cruel. Aparecieron los restos de las primeras 14 personas. En teoría, pensaban encontrar 23, pero aparecieron muchas más, en concreto 48. O al menos, eso es lo que las pruebas dicen, de momento. Junto a los restos, bien conservados por el efecto de “saponización” del agua, reposaban objetos como un reloj; elementos de vestimenta como botas, cinturones, también un bolígrafo de oro y munición, porque según cuenta la arqueóloga, los hombres fueron asesinados allí, después de haber sido conducidos en un camión hasta la zona. Además de hombres de Valencia de Alcántara, también hay vecinos de Cedillo, Membrillo o Herrera de Alcántara.
El 20 de diciembre se cerró un proceso, pero se inició otro que buscará dar dignidad a “quien la perdió impunemente”, según manifestó Julián Chaves, durante la presentación del hallazgo que tuvo lugar el pasado lunes en Cáceres. Junto a él estuvieron la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero; la arqueóloga, Laura Muñoz; Conchita; el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris; el presidente de la asociación, José M. Corbacho y la nieta de otro de los fusilados, Toñi Perera. Todos se mostraron satisfechos de que por fin se hubiera desenterrado este episodio “tan trágico” y coincidieron en la necesidad de dar sepultura a los restos de los fusilados en el lugar que la familia eligiera y “no donde los verdugos quisieron”, tal y como afirmó Corbacho.
Esos restos ahora permanecen en dependencias de la Universidad de Extremadura a la espera de que su ADN sea cotejado con el de algún familiar, algo que no será fácil, pues muchos habrán muerto o estarán en otros puntos de España. Otros ni siquiera sabrán que sus hermanos, padres, tíos, abuelos o bisabuelos fallecieron en esas crueles circunstancias. De este modo, se cerrará un capítulo de “silencio, lágrimas y dolor”, con el objetivo de recuperar la memoria y procurar que esto nunca más se vuelva a repetir. “Para que tengan verdad, justicia y reparación”, sentencia Conchita.