México:
La desaparición forzada es una política de Estado generalizada, sistemática y transexenal
Desde hace 8 años un conjunto de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares e indígenas, agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, reivindicamos en los últimos días de mayo, la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido como un momento importante de lucha por la presentación con vida, del juicio y castigo a los responsables de está grave violación a los derechos humanos y como un espacio para recordar y abanderar los ideales de un México más justo y democrático que las personas víctimas de desaparición forzada han abrazado.
Como Campaña Nacional, hemos documentado, en los últimos 11 años, los casos de 151 personas luchadoras sociales y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. Personas que han padecido una política represiva, que han sido detenidas desaparecidas por su forma de pensar, por su participación política, por organizarse junto al pueblo, por exigir justicia y vida digna.
Como Campaña también hemos denunciado que la desaparición forzada desde que Felipe Calderón inició su llamada “guerra contra el narcotráfico” hasta la fecha ha cobrado miles de víctimas del pueblo que sin tener una participación o militancia política se encuentran en calidad de víctimas de desaparición forzada, principalmente personas jóvenes, trabajadoras y migrantes.
Ejemplo de lo anterior y documentado por las propias instancias gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos, tras años de presión y denuncia de familiares y organizaciones, es el caso de las desapariciones forzadas en Veracruz, las cuales fueron cometidas desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la propia Academia de Policía.
La desaparición forzada en México le ha servido al Estado mexicano como política contrainsurgente, como es el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, de represión política a los movimientos y organizaciones populares como es el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los cientos de activistas más, pero también como un mecanismo de control y disciplinamiento social hacia la población no organizada como los miles de casos en todo el territorio nacional.
La desaparición forzada también ha sido un medio para generar terror en la población. La desaparición forzada en México tiene la característica de ser generalizada puesto que sucede en todos los estados de la república, sistemática puesto que responde a una política pensada y planeada desde las estructuras del Estado y transexenal porque todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno federal continúan desapareciendo personas y garantizan impunidad a los perpetradores.
Sin embargo, la desaparición forzada, así como la ejecución extrajudicial, la prisión y las amenazas no han impedido que en 22 estados de la república existan colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones populares que luchan con ellas exigiendo la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, el castigo a los responsables materiales e intelectuales y las medidas de no repetición, es decir el cambio de las políticas económicas, legislativas y sociales que permiten y fomentan las desapariciones forzadas.
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada desde el 2010 luchamos también por una Ley General contra la desaparición forzada y elaboramos una propuesta de ley General que fue entregada al Senado y a la Cámara de Diputados desde el 2015, sin embargo, los elementos más importantes de la propuesta de Ley General de la Campaña Nacional no fueron tomados en cuenta.
La legislación vigente no cuenta con una verdadera Comisión de Búsqueda con capacidades reales para presentar con vida a los detenidos desaparecidos, tampoco se cuenta con un Instituto Nacional Autónomo Forense que de confianza a las familias y garantice su labor apegada a la ciencia, tampoco está contemplado la reclasificación del delito, ni se establece la búsqueda en cuarteles militares y centros o academias de policías, se invisibilidad la especificidad de la desaparición forzada en el Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas y por último se retoma el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada que no ha dado ningún resultado en los últimos 5 años y ciñen los derechos de las víctimas a una ley General de Víctimas que tampoco funciona.
Han pasado 49 años desde la primera desaparición forzada documentada en México y al igual que el Profesor Epifanio Avilés Rojas miles de víctimas viven en la incertidumbre de no saber dónde se encuentra su ser querido mientras que los perpetradores hasta la fecha gozan de total impunidad.
En esta coyuntura electoral ningún candidato se ha pronunciado de manera clara y contundente respecto a la erradicación de la práctica de la desaparición forzada, respecto a iniciar el juicio y castigo a los responsables pero, sobre todo, respecto a abrir los cuarteles militares y de policía para presentar con vida a los detenidos desaparecidos.
Por ello, seguimos exigiendo la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.
Por lo anterior, en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, invitamos a los familiares de víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones populares e indígenas, a los académicos y periodistas a participar en las siguientes actividades
