Más de 2.000 presos se quedan sin atención médica en Picassent
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denuncia que la falta de médicos ha provocado que en el establecimiento de Picassent más de 2.000 internos no tengan acceso a consulta médica.
Según denuncia el sindicato, se trata de una situación que se produce desde hace, al menos, tres años y que se ha agravado en el último año y medio. Como afirman, de los 21 médicos que debería haber, además de un subdirector médico y otro adjunto, tan solo trabajan tres. Además, en verano esto se agrava, ya que uno de ellos disfruta ahora de sus vacaciones reglamentarias.
La reducción del número de facultativos se genera, según apuntan, al no cubrirse las vacantes de las jubilaciones y traslados, así como por la falta de sustitución de las bajas laborales, en algunos casos provocadas por agotamiento y estrés.
Por esto, el sindicato denuncia que desde principio de mes se han suspendido las consultas médicas y solo se atienden las urgencias. «Son los jefes de servicio, que son funcionarios de vigilancia, los que deciden si se trata de una urgencia o no», explican, aunque lamentan que estos «no tienen ningún conocimiento o capacitación en materia sanitaria y pueden llegar a incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en caso de que algún interno no sea atendido y su estado de salud presente complicaciones».
Entre la población presa, se encuentran mujeres embarazadas, madres con niños menores de tres años, y más de 160 internos diagnosticados de enfermedades psiquiátricas, además de pacientes con sida y otros crónicos.
Desde el sindicato -que se ha reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y ya había denunciado esta situación anteriormente-, explican que se produce una «vulneración de la normativa nacional y europea», ya que los médicos no descansan 11 horas entre jornadas de trabajo, y algunos ya están a punto de «superar el número de horas anuales».
Asimismo, afirman que nunca han obtenido «ninguna respuesta» desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y aunque el Ejecutivo actual «sí considera este tema como importante, no ha aportado ninguna solución».
Los trabajadores creen que la situación puede servir de excusa para la privatización de esta atención; o para «presionar» a las autonomías a asumir estas competencias, igual que sí pasa con la atención sanitaria del resto de la población.