Menores Extranjeros en Melilla
La (des)protección de los menores en Melilla: dos muertos en los centros, educadores que apuñalan a niños y denunciados por abusos
La oposición y organizaciones sociales de Melilla piden la dimisión del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, cuya gestión de la atención a los menores tutelados acumula grandes escándalos
La protección de los menores extranjeros no acompañados en Melilla resulta bastante contradictoria a ojos de cualquier persona. Garantizarla es el deber del consejero de Bienestar Social de la ciudad autónoma, Daniel Ventura (PP), aunque no ha dejado de acumular escándalos desde que asumió el cargo.
El último lo publicó El País: un educador del centro de menores La Purísima ha sido detenido por apuñalar tres veces en la espalda y el glúteo a uno de los jóvenes extranjeros acogidos allí. No queda ahí la cosa, ya que el centro lo ocultó a las autoridades y sólo después de que la víctima dijera a los médicos quién le había apuñalado, la Guardia Civil inició la investigación y detuvo al trabajador, que ahora está en libertad bajo fianza de 6.000 euros, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones.
Según El País y El Faro de Melilla, dos vigilantes de seguridad del centro habrían tenido que intervenir para que el educador no continuase agrediendo a la víctima y, después, informaron de que el menor llegó al centro ya con esas heridas, aunque posteriormente contaron la verdad a la Guardia Civil y al juez.
Los hechos ocurrieron el 16 junio, pero la empresa Arquisocial, responsable de la gestión del centro, no suspendió al trabajador de empleo y sueldo hasta el 11 de julio, cuando afirma tener conocimiento del caso.
Ventura culpa a los vigilantes de seguridad
El departamento de Daniel Ventura ha emitido un comunicado este miércoles en el que reconoce los hechos y se exculpa alegando que esta información «fue omitida o bien no se da a conocer a la dirección del centro en ningún momento». Responsabiliza a los dos vigilantes de seguridad «ya que no sólo obviaron los hechos acontecidos sino que también figuran en los partes unos relatos que parecen no corresponder con todo lo sucedido».
La noticia ha llevado a Coalición Por Melilla, principal partido de la oposición, a pedir la dimisión de Ventura, pero no sólo por esta situación, sino por acumular «escándalo tras escándalo» y «tratar de ocultarlos».
Para José Palazón, presidente de la Asociación Proderechos de la Infancia (Prodein), lo ocurrido en La Purísima «no es ninguna sorpresa». Según este activista que lleva asistiendo a los menores extranjeros en la ciudad más de 20 años, «ésta es la tónica general. En este centro han pasado cosas mucho peores», apunta. «El problema no es lo que sabemos, sino la cantidad de cosas que ocurren allí y no trascienden porque se ocultan», critica.
Dos menores muertos en los centros de acogida
Palazón no puede evitar ver similitudes entre este caso y el de la muerte de Mamadou Barry, un joven de 17 años de Guinea Conakry que murió tras 20 días en coma. Fue ingresado después de ser reducido por el personal de seguridad del Centro de Reforma Baluarte de la ciudad cuando, al parecer, se estaba peleando con otro menor. El educador de La Purísima también intervino en una pelea cuando acabó apuñalando al joven.
«Aquello se intentó ocultar también y cuando lo denunciamos, Ventura emprendió una campaña contra mí«, recuerda Palazón, que también señala la «repentina» muerte de Soufian, otro menor que murió en su habitación de otro centro de acogida, semanas después de recibir el alta por la amputación de un pie. Lejos de hacer autocrítica, el consejero cargó incluso contra los padres del fallecido, localizados por Prodein. Les echó en cara que sólo se preocuparan de su hijo para recoger el cadáver en lugar de ir a por ellos cuando estaban bajo tutela de la ciudad. Varios partidos pidieron su dimisión también entonces.
Según Palazón, uno de los grandes problemas para el sistema de protección de menores de la ciudad es la «escasa o nula formación e interés de muchos de los empleados que tratan con estos menores». Palazón aprecia que los trabajadores de estos centros son «muchas veces personas cercanas» a Ventura, al Gobierno o, directamente, al PP melillense, sin capacitación para atenderlos ni tratar con ellos.
Abusadores sexuales y yihadistas cuidando a los niños
De hecho, otro de los escándalos recientes que envuelven la actuación de Ventura ha sido la detención del líder de una célula yihadista, afiliado al PP y trabajador en La Purísima.
No es el único caso destacable, ya que Ventura también contrató como «educador de calle» (empleado que supuestamente atienden a los menores extranjeros que huyen de La Purísma y viven en las calles) a un antiguo empleado del Centro Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Fue despedido en 2015 por varias denuncias por abusos sexuales a refugiados sirios. Ventura no dio explicaciones sobre por qué se decidió su contratación ni por qué no se revisan los antecedentes penales de los empleados públicos.
No sólo no dio explicaciones, sino que se atrevió a cargar contra personas como Palazón, que dispensan comida, mantas y atención sanitaria al centenar de menores que vive en la calle. Según Ventura, tampoco nadie comprueba los antecedentes de estas personas voluntarias a las que ha exigido que dejen de ayudar a los niños de la calle, ya que así fomentan que no estén en los centros.
«Los niños no se escapan porque les demos bocadillos, se escapan por que pasan todos los días cosas como la del apuñalamiento y por las fatales condiciones de La Purísima», afirma el presidente de Prodein, que asegura que «allí no hay quien aguante: se pelean los educadores, se pelan los niños, están hacinados cientos de chicos, duermen en colchonetas en el suelo, hay aguas fecales en los alrededores, malos olores…», enumera.
La cúpula de Bienestar Social, inhabilitada por el juez
Según Palazón y otras ONG como Save The Children, así como partidos de la oposición, «Ventura ha colapsado todavía mas el sistema de protección de menores» que, según apunta, «es un gran foco de ingresos económicos para la ciudad». Denuncia que «mantienen las condiciones de hacinamiento en el centro para exigir dinero al Gobierno central», un dinero «que ha ido llegando año tras año, cada vez más, pero que no repercute en mejor condiciones para los menores».
Además, recuerda, la anterior consejera de Bienestar Social, Antonia Garbín, está condenada a diez años de inhabilitación por prevaricación, junto a otros 13 miembros de ese departamento. «Toda la cúpula está condenada e inhabilitada por fraude en la contratación pública, aunque hayan recurrido, pero es la misma gente la que está en el equipo de Ventura y gestiona los recursos para los menores», afirma Palazón, que no confía en que Ventura dimita, «ni por esto ni por cualquier cosa», lamenta.
