La Justicia belga deniega la extradición automática del rapero Valtònyc a España
La audiencia en la que la Justicia belga debía pronunciarse por primera vez sobre la euroorden emitida por España contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, comenzó este martes en Gante, al oeste del país.
Sin embargo, Gante ha decidido posponer la decisión sobre el artista, la cual no llegará hasta el próximo 3 de septiembre. Mientras, Valtonyc seguirá el libertad. La noticia la daban los abogados de la defensa Simon y Paul Beckaert, quienes confirmaban que el juez de guardia decidió posponer el asunto a la espera de recibir las alegaciones de la fiscalía.
Además, el rapero ha lanzado un mensaje al juez Llarena: «Que no se olvide de venir a Bélgica». Y es que el magistrado tiene una citación en el país por una demanda interpuesta por Carles Puigdemont. Así, este aplazamiento del veredicto judicial contra el rapero conlleva la denegación de su extradición automática.
Valtònyc, condenado en España a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, acudió a la audiencia y posteriormente atenderá a los medios. «No han aceptado la extradición automática y hay que discutir, esto significa que el caso está cogiendo fuerza y volumen, que se va a discutir, que hay una justicia que esperamos que muestre ser independiente», declaró el joven rapero de 25 años tras la vista ante el juez, en la que no prestó declaración.
El abogado Simon Bekaert aclaró que «el caso está pospuesto» a la espera de que la fiscalía presente sus alegaciones por escrito, después de que la defensa ya haya presentado sus argumentos.
Posible apelación
«De acuerdo al juez y la defensa es un caso de principios, de libertad de expresión y requiere una respuesta escrita que tendrá lugar en los próximos días», agregó el letrado, quien consideró que hay «pocas posibilidades» de que el juez decida posponer de nuevo la vista, aunque sí podría haber apelación ante una instancia superior.
Los abogados, algunos del equipo de la defensa del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, no descartaron que el procedimiento pueda alargarse en instancias superiores y consideraron que todas las opciones están «abiertas».
La defensa argumentará que no existe doble incriminación en algunos de los delitos que se le atribuyen. El rapero mallorquín vive en Gante desde mayo pasado, cuando concluyó el plazo dado por la Justicia española para presentarse ante la Audiencia Nacional.
Cronología del caso
El 24 de mayo el tribunal español dictó una orden de busca y captura nacional, internacional y europea ante su marcha de España. Dos días más tarde, la fiscalía de Flandes Occidental confirmó que había recibido de las autoridades españolas la euroorden de entrega. El 5 de julio un juez de instrucción belga decidió mantenerlo en libertad condicional a la espera de que otro magistrado estudiase su posible entrega, lo que implica que no puede salir del país.
El músico, de 25 años, explicó el pasado 5 de julio en una rueda de prensa en Bruselas que actualmente vive en Gante, donde ha encontrado un empleo de informático, acorde a su formación, mientras que en Mallorca trabajaba como frutero porque «no encontraba trabajo» en su ámbito, aseguró. «Confío plenamente en la justicia belga y la justicia europea, que está del lado de los derechos humanos y fundamentales. Soy libre y lo puedo decir contento porque ahora haría dos meses que estaría en la cárcel sino fuera gracias al apoyo popular», declaró entonces.
La PDLI apoya la decisión
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado este martes de «buena noticia» y «paso importante para la libertad de expresión» el aplazamiento de la decisión de un tribunal belga sobre la extradición del rapero Valtònyc. «La PDLI coincide con los argumentos de la defensa del rapero al destacar que el caso es una cuestión de libertad de expresión y no de terrorismo», ha sostenido la Plataforma en un comunicado.
Además, ha insistido en que la sentencia que condenó a Valtonyc sólo valoró la literalidad de sus letras y no consideró ni el contexto artístico de los mensajes, ni la intencionalidad, ni la relación con actividades efectivamente terroristas, «al contrario de lo que exige la doctrina internacional sobre derechos humanos».
La PDLI ha pedido que se modifique el Código Penal español para ajustarlo a los parámetros internacionales sobre libertad de expresión y se refuerce la formación de jueces y fiscales en esta materia.