Más criminalización en Catalunya, a los CDR
-El fiscal pide 2 años y medio de prisión a 11 miembros de los CDR que se encadenaron al TSJC
El fiscal pide dos años y medio de prisión para once miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el 23 de febrero del 2017 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), algunos encadenándose, para exigir la libertad de los presos políticos independentistas.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal pide dos años y medio de prisión por un delito de desórdenes públicos para once de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para dos más, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d’Esquadra que intentaban reabrir los accesos al edificio del TSJC, en Barcelona.
Coincidiendo con el 37º aniversario del intento de golpe de estado del 23-F, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero del 2017 en las puertas del TSJC impidiendo la entrada en el edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Cerca, Alerta Solidaria y SEPC, para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.
Algunos de los concentrados se encadenaron a la puerta del edificio del TSJC, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada, de manera que la puerta estuvo bloqueada durante cerca de una hora, hasta que fueron desalojados por los Mossos d’Esquadra, que arrestó catorce.
De los catorce detenidos, uno quedó en libertad al ser menor y los otros trece son los que ahora irán a juicio, en el que la Fiscalía pide para once de ellos dos años y medio de prisión por desórdenes públicos y para los otros dos un año de prisión por resistencia grave a la autoridad.
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Exilio político por la represión en España
-Adrià Carrasco, de los CDR, habla sobre la criminalización que está sufriendo Catalunya, desde Bélgica
Adrià Carrasco, el activista de los CDR acusado de rebelión y terrorismo buscado por la policía desde el mismo día que detuvieron a Tamara Carrasco, ha aparecido en Bruselas. Es la primera vez que el mundo conoce la cara de Adrià, un joven de 25 años que se ha exiliado a la capital belga igual que en su momento lo hizo el presidente Carles Puigdemont, los exconsellers y el rapero Valtònyc.
El joven ha ofrecido una rueda de prensa, acompañado del miembro del grupo de apoyo Adri et volem a casa, Efrem Blázquez, y de su representante legal Christophe Marchand. Una de las primeras cosas que ha hecho Adrià ha sido explicar por qué decidió formar parte de un CDR: “Creo que el resultado del referéndum del 1 de octubre es legítimo”, ha subrayado.
Adrià tomó la decisión de exiliarse para “poder seguir luchando y mostrando al mundo lo que hace el Estado español” y porque está convencido que en España no podría disfrutar de un juicio justo. Volviendo a hacer referencia al referéndum, Adrià ha recordado la violencia y la represión policial del 1-O: “Los catalanes votamos y el Estado contestó con violencia indiscriminada”.
El activista de los CDR ha dejado claro que “el pueblo catalán no esconde la cabeza bajo el ala, sale a la calle para rechazar la represión fascista”. Esta represión, según Adrià, “no es nueva porque el fascismo murió en la cama y no se han llegado a limpiar las instituciones de este fascismo”, ha sentenciado desde Bélgica.
Adrià asegura que tanto él como Tamara Carrasco son “cabezas de turco” que el Estado utiliza para “atemorizar a la población”. En la misma línea ha expuesto que el delito de rebelión que se le atribuye no se entiende porque no ha habido violencia en sus actos, añade que “el Estado intenta buscar esta violencia de la rebelión en los CDR”.
Finalmente, Adrià Carrasco ha “exigido” la retirada de sus cargos, los de Tamara, los del rapero Valtònyc, los de todos los presos políticos y el resto de exiliados.
Por su parte, Christophe Marchand ha relatado que las acciones que llevó a cabo Adrià “no se pueden considerar criminales, nunca se han considerado crímenes, ¿porque ahora sí?”, se ha preguntado el abogado. Según el representante legal del joven, “el estado español no se comporta de acuerdo con el derecho internacional”.
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