México:
-Sobre las Comisiones de la verdad
Miguel Concha
Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial.
Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos.
Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización.
Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder.
Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición.
Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad.
Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos.
Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada «guerra sucia». Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción.
-Sobre la obstrucción y pugnas a la ley de amnistía: hermanos Cerezo
Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada
16 de diciembre de 2018
Si el actual gobierno tuviera voluntad real y suficiente para liberar a los presos políticos, podría hacerlo de manera ágil por conducto de una ley de amnistía, sin importar si las víctimas están acusadas de delitos federales o del fuero común, y sin necesidad de que primero se declararan culpables de alguna falta.
Así lo indicaron Alejandro y Francisco Cerezo, integrantes de la organización civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, quienes consideraron que si esta medida no se ha concretado es por una pugna entre diversas facciones del gobierno actual, no por la dificultad de la tarea o por falta de opciones legales para cumplirla.
Entrevistados en una actividad político-cultural realizada en el Museo Casa de la Memoria Indómita, los activistas señalaron que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha manifestado que sí habrá una amnistía para presos políticos, en realidad parece estar buscando otras opciones para liberarlos, como el indulto o la existencia de recovecos jurídicos en los expedientes de los detenidos.
«Eso indicaría que la voluntad política no alcanza para lograr la liberación. Si hubiera una ley de amnistía, ni siquiera sería necesario hacer listas (de posibles beneficiarios) o que alguien revise sus expedientes, porque si la amnistía es un olvido, en realidad no interesa si se cometió un delito o no», subrayaron.
La libertad de los presos de conciencia «es una cuestión de voluntad política, porque la amnistía es una herramienta jurídica muy noble. Morena tiene mayoría en el Congreso, pero hay una pelea entre sus grupos de derecha e izquierda» para definir si esta medida se concreta o no, insistieron.
