Sobre Memoria Histórica:
No hay Memoria Histórica sin ruptura con el fascismo
Andreu García Ribera. En El Otro País, n.º 88, Dic. 2018.
Mucho se habla sobre la memoria histórica democrática, la exhumación de fosas y sobre la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas de la dictadura franquista. Incluso se legisla sobre esta materia con más ruido que nueces.
Este verano se ha promulgado el Real Decreto Ley 10/2018 con el fin de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y convertir este espacio en un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.
En su preámbulo esta norma alaba la ley 52/2007 promulgada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero a la que otorga el título de ser una “muestra de la valentía y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas para hacer frente a nuestro pasado”. Se trata de un humor muy negro hablar de la fortaleza y la valentía de unas instituciones que hasta 32 años después de la muerte del dictador no han sido capaces de iniciar un tímido camino de reivindicación de las víctimas y de reprobación de los símbolos y conmemoraciones fascistas.
La llamada Ley de la Memoria Histórica, es tardía, y notablemente insuficiente. Fue una ley de mínimos incapaz de declarar nulas de pleno derecho todas las condenas de los tribunales franquistas y todas las consecuencias derivadas de estas condenas, entre otras el brutal expolio económico que sufrieron los vencidos y sus familias por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Muchas fortunas actuales se asientan en el robo legal orquestado al amparo de esta ley.
Si los juicios y las condenas fuesen declarados nulos, devendrían nulas todas las consecuencias derivadas de estos actos jurídicos nulos de pleno derecho (“quod nullum est producit nullum effectum”) y muchos patrimonios ilícitamente amasados deberían revertir a los herederos de sus legítimos propietarios.
Todo ello por no hablar de la explotación sistemática de decenas de miles de prisioneros políticos, que de manera organizada la dictadura franquista utilizó entre 1937 hasta 1970, como fuerza laboral barata próxima a la esclavitud.
Esta fuerza de trabajo generó inmensas plusvalías a empresas que hoy forman parte del cogollo de la oligarquía financiera, las empresas del IBEX 35.
Sólo por citar tres ejemplos, recordar que Gas Natural- Fenosa (de la que fue consejero Felipe González y hoy rebautizada como Naturgy) nació en 2009 de la fusión de ambas empresas y que Fenosa tiene su partida de nacimiento en la fusión forzosa de la empresa del franquistaPedro Barrié de la Maza con Electra Popular Coruñesa, propiedad de la familia de José Miñones, parlamentario republicano fusilado en 1937 en A Coruña en el Campo de la Rata. Lógicamente el que luego sería ennoblecido por Franco como Conde de Fenosa, se quedó la empresa del diputado asesinado a precio de saldo.
OHL, la Compañía del exministro de Hacienda y vicepresidente de asuntos económicos en el gobierno de Carlos Arias Navarro, Juan Miguel Villar Mir, surge de la fusión de Obrascón, Huarte y Laín. Una de estas empresas, Huarte, junto con Banus, una filial de Agromán y Construcciones Molán, fue la encargada de construir el Valle de los Caídos con mano de obra esclava. Una verdadera Memoria Histórica debería obligar a que la exhumaciones del enclave de Cuelgamuros fueran pagadas por esta empresa. ACS, la constructora de Florentino Pérez, también se benefició de mano de obra esclava a través de su filial, ahora integrada, Dragados y Construcciones.
No son las únicas, sirvan en este artículo como ejemplo para constatar que varias empresas del IBEX 35 tienen en el origen de su capitalización el aprovechamiento de trabajo esclavo. Un origen criminal que una verdadera Memoria Histórica debería esclarecer y exigir su resarcimiento.
Un informe de julio de 2014 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones involuntarias, formuló 42 recomendaciones al gobierno español en esta materia, poniendo de manifiesto la existencia de 150.000 víctimas de desapariciones forzosas aún sin aclarar, miles de robos de bebés y 2.831 fosas pendientes de ser exhumadas. El referido documento expresaba que la aclaración de estas violaciones constituye un DERECHO ABSOLUTO DE LAS VÍCTIMAS de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto quiere decir que son delitos imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional.
Derogación de la ley de amnistía
Un mínimo sentido de justicia reparadora exige también la derogación de la Ley 46/77, de 15 de octubre, inicialmente concebida como amnistía de los presos antifascistas. Pero que a última hora incluyó dos apartados decisivos en el artículo 2º de la Ley
«Quedan incluídos: Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluídos en esta ley.
Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Con esta adición consensuada con el PSOE y el PCE, se transformó la amnistía de los antifascistas en una ley de punto final que se alza como una barrera insalvable para la investigación de los crímenes franquistas.
Esta ley ha sido utilizada permanentemente para proteger a los fascistas y torturadores a los que se les ha solicitado la extradición en el marco de la querella argentina. Repiten como un mantra al unísono Gobierno, sea del PP o del PSOE, Fiscalía y Audiencia Nacional:
«La Ley de Amnistía de 1.977, fue votada con un amplío apoyo social y absoluto consenso político.
En el caso de una hipotética derogación de la Ley de Amnistía, por aplicación del principio de seguridad jurídica, no podría juzgarse a personas que durante su vigencia estuvieron amparadas por esta Ley.
Los crímenes y delitos que se hubiesen podido cometer están prescritos”.
Ya vemos que estas excusas chocan con la la posición de la ONU e incluso con la propia tipificación del delito de lesa humanidad, definido como un “ataque permante y organizado contra un grupo de población”, el cual es imprescriptible.
Necesaria una memoria de la Transición
Es preciso para conocer la verdad de la sangrienta y continuada represión fascista acabar con el mito de una transición pacífica a la democracia. Fue un proceso dirigido y pilotado desde los aparatos estatatales provenientes del franquismo (no ha tenido empacho en manifestarlo así Rodolfo Martín Villa en su libro “Una vida al servicio del Estado”). En este período son numerosas las muertes, torturas y violaciones de derechos humanos producidas por las fuerzas de orden público, amparadas por el sistema judicial, ambos heredados del fascismo. Asesinatos que siguen protegidos por un velo de silencio. Un caso paradigmático es el de Manuel García Caparrós, asesinado por un disparo policial el 4 de diciembre de 1.977 en Málaga, la Mesa del Congreso impidió el año pasado que se hicieran públicos los documentos y declaraciones del expediente, amparándose en la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1.968, aún en vigor.
Se trata de una ley, redactada en el franquismo que no impone un límite temporal a la posibilidad de acceder a los documentos de aquellas materias clasificadas como reservadas por razones de riesgo de la seguridad y defensa del estado. Por ejemplo, el episodio de las bombas nucleares caídas en Palomares sigue clasificado como secreto de Estado y lo que hoy se sabe al respecto procede de fuentes norteamericanas.
No es posible una equidistancia entre fascismo y antifascismo, por esa razón mientras la Memoria Democrática, no sea una Memoria Antifascista tendremos que sufrir vejaciones como la del pasado 2 de octubre en la fiesta de los ángeles custodios. El comisario de Ciudad Lineal, hijo del magistrado del TOP Mariscal de Gante, invitó en dependencias policiales al torturador Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño) a una “copa de vino español”. Este esbirro tiene concedidas cuatro medallas, todas pensionadas, en mérito a sus trabajos en la Brigada Social primero y posteriormente en la guerra sucia. La primera le fue otorgada en 1972 la última en 1982.
Es el caso más conocido, pero ni mucho menos el único. Los tres policías que participaron en la muerte del estudiante de derecho Enrique Ruano en 1969, antes de jubilarse como comisarios, fueron condecorados 26 veces, la mayoría de las condecoraciones posteriores a 1975.
Celso Galván perteneció a la escolta de la Casa Real, otro fue nombrado por el PSOE comisario en Torrejón de Ardoz y el otro ocupó cargos de libre designación en la Delegación del Gobierno en Madrid.
Todos estos hechos son consecuencia de lo que fue la llamada transición, esto es, el franquismo sucediéndose a sí mismo, con la inclusión de otras fuerzas de la entonces llamada oposición democrática que a cambio de colaborar en el remozamiento de la fachada, obtuvieron unas bien retribuidas parcelas en la gestión del Estado.
Con estos mimbres se construyó el mito de la pacífica y ordenada transición democrática y bajo estos presupuestos resulta imposible que la Memoria Democrática no sea lo que es: limitada y cicatera. Para construir una Memoria Antifascista es necesario algo que se hurtó hace 40 años, la ruptura democrática con el fascismo.
Asistimos este mes a una versión del juego vamos a contar mentiras y se pondera hasta la saciedad la magna obra de la Constitución del 78. Nadie querrá recordar que no fue elaborada por unas Cortes constituyentes y que la convocatoria se realizó al amparo de la octava Ley Fundamental franquista. Ningún partido de los concurrentes a las elecciones de junio de 1.977 lo hizo con un proyecto de constitución. Fueron convocadas y dirigidas desde el aparato estatal dirigido por el último Secretario General del Movimiento. Se convalidó sin consulta la monarquía impuesta por el Caudillo. En junio de 1.977 había partidos que no habían sido legalizados y presos antifascistas estaban todavía en prisión. Cada día durante la elaboración de la vigente Constitución, mandos del ejército indicaban qué se podía y qué no se podía aceptar. Las bandas de ultraderecha protegidas por el Estado imponían un ambiente de terror.
Nada de esto se recordará, se edulcorará la historia y se borrarán todos los hechos que no cuadren con el relato oficial. En este contexto el tratamiento legal de la Memoria Histórica, será una farsa más destinada a difuminar que el ADN de la democracia española actual nos remite en última instancia a la sublevación de 1936.