Represión contra la libertad de expresión
El T.S. confirma la condena al periodista Boro
L@s señor@s jueces Pablo Llarena Conde, Carmen Lamela Díaz, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Antonio del Moral García desestiman mi recurso al Tribunal Supremo por la condena de año y medio por la Operación Araña y reafirman la condena que recibí hace un año de la Audiencia Nacional.
Dice el alto tribunal que mis mensajes «desbordan los anchos linderos de las libertades ideológica y de expresión» y que no hace falta «probar que el emisor tuviese un propósito específico y deliberado de fometar acciones terroristas concretas (…), se castiga la contribución a generar y alimentar determinado clima o atmósfera (delito de peligro abstracto), no un influjo e las acciones terroristas concretas”.
La sentencia dice que «los mensajes han de ser examinados en su contexto cronológico concreto, un momento en el que la banda terrorista a la que se refieren no estaba disuelta», pese a que están escritos a partir de mayo de 2012 y ETA declaró su alto el fuego permanente en enero de 2011. Según el Tribunal de excepción español las publicaciones que compartí alentaban a que «germinase el discurso del odio».
El Tribunal mantiene la condena y me condena también al pago de las costas causadas. O dicho de otra manera, el Estado español me condena para amordazarme y tenerme bajo la amenaza constante de cárcel, ya que, aunque pediremos la suspensión de la condena por ser menor a dos años y carecer de antecedentes, a partir de ahora ya tendré antecedentes penales. Y si a estos señores les sigue molestando mi trabajo cualquier excusa será buena para quitarme de en medio cuando ellos quieran. Pese a ello, me reafirmo en mi defensa del derecho de libertad de expresión y en mi trabajo, que al final ha sido el que ha motivado esta persecución ideológica, y no un puñado de publicaciones en Facebook (la mayoría compartidas desde otras cuentas, es decir, no eran ni mías) que no llegan a ningún lado.
La «justicia» española queda en evidencia una vez más como lo que es: UNA MIERDA. El brazo jurídico de un estado que ni siquiera respeta derechos reconocidos en su sacrosanta Constitución: los de LIBERTAD DE EXPRESIÓN y LIBERTAD IDEOLÓGICA, entre otros.
Lo dije una vez y hoy lo repito, a los medios de comunicación popular y a lxs que los hacemos… ¡NINGUNA MORDAZA NOS VA A TAPAR LA BOCA!
Boro.
