Prisiones, presos, virus, protestas…
El coronavirus y sus consecuencias traspasan los muros de las prisiones
Resumen del artículo de Guillermo Martínez
Las medidas adoptadas desde el Gobierno central para evitar la propagación del Covid-19 han traspasado los centros penitenciarios de todo el país. Actualmente, los más de 59.000 reclusos que hay en España no pueden recibir visitas: al principio se cancelaron los vis a vis y las entrevistas cara a cara y, con la entrada en vigor del estado de alarma, las conversaciones por locutorio. Las disposiciones también cancelan las salidas programadas de un día, las de fin de semana y los permisos de larga duración. La buena recepción de las nuevas restricciones por parte de los internos y sus familiares no ha evitado agresiones puntuales al funcionariado, la difusión de un vídeo supuestamente grabado por un interno amenazando de motines y, según Tokata, un “boletín de difusión, debate y lucha social”, la huelga de hambre de cien presos en la prisión barcelonesa de Brians I.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, confirma el positivo en coronavirus de dos presos: el primero, ya ha abandonado el hospital y está en la cárcel de Álava donde se encuentra en aislamiento, y que fue contagiado por un ertzaina; el segundo es un interno de la cárcel madrileña de Estremera. Fuentes internas de los Serveis penitenciaris dependientes del Departament de Justícia de Catalunya, donde están transferidas las competencias de las prisiones, también informan del positivo de otros dos presos en Barcelona, uno de ellos interno en la cárcel de Brians II. A su vez, ocho personas de la Administración también están contagiadas. Se trata de personal destinado en las cárceles de Aranjuez, Navalcarnero, Melilla, Asturias, Morón y Segovia, así como dos trabajadores de los servicios centrales, otro de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, al que se le suma uno más del centro de inserción social de Alcalá de Henares.
Desde Catalunya confirman el positivo de un trabajador de la Administración pero recalcan que existen 39 sospechosos. Precisamente han sido estos motivos los que han desembocado en acontecimientos dramáticos en otros países como Italia, donde se produjeron casi una treintena de motines en los que 13 reclusos fueron abatidos; o Brasil, que ha visto cómo más de 1.500 presos en total se fugaban de cuatro cárceles.
Aunque casi parece inevitable realizar un paralelismo con estos hechos, la situación que se vive en España es muy diferente, tal y como aceptan tanto Instituciones Penitenciarias como algunas plataformas antirrepresivas íntimamente relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos dentro de las prisiones, que aun así denuncian que, “desde la óptica de la criminalización, es un paso más en el aislamiento de los reclusos”, en palabras de Erlantz Cantabrana, expreso político del Socorro Rojo Internacional y activista de PRES.O.S.
Un funcionario de Sevilla admite que cualquier preso que haya llegado de fuera es tratado mediante un protocolo, en el que se encuentra la cuarentena del interno en una celda individual y en aislamiento, lo que conlleva no poder interactuar con otros reclusos. Es él mismo quien confirma que la sintonía general entre los presidiarios frente a las nuevas órdenes es de aceptación, una tesis avalada desde Instituciones Penitenciarias, desde donde tildan de “puntuales” las dos agresiones sufridas como consecuencia de la adopción de las medidas excepcionales.
Se trata de una acometida a puñetazos por parte de un preso, que se encontraba en la cárcel de Valdemoro y estaba siendo conducido a la de Villabona, cuando se enteró de que su conducción debía paralizarse en la prisión madrileña debido a que los traslados intercarcelarios también han quedado suspendidos. Las consecuencias fueron tajantes: ya que el recluso estaba considerado como “muy conflictivo”, se le destinó a una celda de aislamiento, donde se tragó dos cuchillas y fue trasladado a un hospital. La otra situación conflictiva se vivió en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante) cuando un interno con problemas psicológicos, describen desde Instituciones Penitenciarias, agredió a tres funcionarios al tener conocimiento de la cancelación de un vis a vis que tenía programado.
Incremento de las llamadas telefónicas
Dadas las circunstancias actuales, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha tomado la decisión de incrementar el número de llamadas que los reclusos pueden hacer a la semana, pasando de diez a quince comunicaciones de ocho minutos cada una. De hecho, como consecuencia de la rapidez de los acontecimientos, cuando se redacta este artículo la SGIP está aprobando que un preso pueda hacer todas las llamadas que considere necesarias, al mismo tiempo que se intentan tomar medidas para aquellos que se están quedando sin dinero para realizar las comunicaciones. Algo diferente es la decisión tomada por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, donde el número inicial de llamadas también se situaba en la decena, se incrementó a quince con la suspensión de los vis a vis, llegando al estadio actual, en el cual un preso tiene derecho a 20 llamadas semanales, también de ocho minutos cada una.
El incremento del número de llamadas y la adopción de las medidas según se va desarrollando la actualidad no han evitado algunos hechos reseñables. Uno de ellos es la difusión de un vídeo en el que, supuestamente, un preso de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, denuncia que se “han dado ya varios casos de coronavirus en la prisión de Alhaurín de la Torre y no toman medidas, los médicos no vienen a hacernos las pruebas”. El discurso sigue así: “Estamos muy mal. Y si esta cosa sigue siendo de la misma manera, habrá serias consecuencias”. Unas consecuencias a las que el orador se refiere expresamente en su alegato tras amenazar con un motín del módulo en el que se encuentra: “(…) pedimos al Gobierno español que no se olvide de las cárceles, que también somos seres humanos aunque estemos presos, porque si no vamos a empezar como en los años 90, a hacer motines y a matar funcionarios”.
Huelga de hambre en Barcelona
Otra alteración del normal funcionamiento de una prisión fue lo ocurrido durante el fin de semana en la barcelonesa Brians I, donde según Tokata ya son una centena de presos lo que están en huelga de hambre debido a “las medidas restrictivas impuestas por el Departamento de Justicia”. En este sentido, fuentes del propio Departament niegan la mayor: “No se dio la huelga de hambre. Lo que ocurrió fue que durante el fin de semana un grupo de entre 10 y 15 internos se negaron a comer como medida de protesta, pero la situación estaba totalmente normalizada a la hora de cenar”, y aducen que “el día en que se hablaba de cien internos en huelga de hambre la administración tan solo tenía una instancia de ese motivo”.
El centro penitenciario de Picassent, en Valencia, no se ha librado de los incidentes. Durante el martes 17 de marzo y según apuntan desde la DGIP tres reclusos empezaron a golpear las puertas de sus celdas vociferando soflamas relacionadas con el coronavirus hasta que llegaron los funcionarios al lugar. En ese mismo instante los presos cejaron en sus gritos y fueron conducidos a aislamiento. Diferente es la información aportada desde un medio de comunicación, desmentida por parte de Instituciones Penitenciarias, donde se asegura que los internos estaban “armados con palos” y chillando mensajes como “¡Asesinos!”, “¡Hijos de puta!” y “¡Nos vais a matar aquí encerrándonos!”.
La perspectiva psicológica de la realidad que actualmente vive la población reclusa la aporta María Yela, que ha ejercido como psicóloga penitenciaria durante 40 años y actualmente es voluntaria dentro de las prisiones. Según la experta, “la llamada de un familiar o un vis a vis ayudan enormemente a no crearse más rejas mentales de las que ya tienen”, así que la negación de las visitas hace que a un preso “se le caiga el mundo”, en sus propios términos. “Si a nosotros nos comen las paredes y solo llevamos unos días confinados, imagina llevar años en prisión. Los que estamos en nuestros hogares, encima, podemos cambiar de actividad cuando queramos, sentarnos a ver nuestra serie favorita o ponernos a leer el libro que elijamos, pero ellos no”.
Incertidumbre ante el desgaste de la situación
Gonzalo, el funcionario de prisiones en Sevilla, es consciente del alcance que en estos momentos tiene su colectivo, y comenta que “los presidiarios son muy conscientes de la realidad y dentro de la cárcel van a poder, por ejemplo, seguir haciendo deporte”, lo que les servirá para distraerse, uno de los preceptos que también esgrime Yela. Pero el funcionario advierte: “Ahora hay comprensión, lo que no sé es cómo irá la situación cuando avancen estos 15 días o se alargue el estado de alarma”.
El militante antirrepresivo del SRI, afirma que “las visitas son las únicas ventanas reales que los presos tienen a la calle”, pero que les sean denegadas no significa que se vayan a producir motines como en otras partes del planeta: “Ha habido respuestas inmediatas, pero la situación de los presos sociales no es la misma que en los años 80 cuando existía la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL) o los 90 con la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE) reconstituida”.
Diferencias entre Italia y España
Así describe, desde su punto de vista, el estado actual: “No es el momento de los motines porque la situación en las cárceles ha ido degenerando desde los 80. Son personas que tienen muchos problemas de salud y si ahora se les suma esto… pues motivos para que levanten la cabeza y digan «oye, que nos estáis exterminando» hay, pero yo, personalmente, no confío demasiado”.
Gonzalo también se muestra reticente ante la idea de una oleada de motines como la italiana: “Si España hubiera sido el primer país de Europa en tener un foco grande de contagio, quizá sí podría haber sucedido, ya que no es lo mismo ser el primer país en el que se suspenden los derechos de los presos y pensar que es algo orquestado contra ellos concretamente, a ver que en todos los países europeos está pasando lo mismo”.
Yela agrega que “si la prisión ya es de por sí un medio hostil, con estas medidas y la falta de personal seguramente se den muchos conflictos”, pero niega la mayor en cuanto a los motines. Al respecto, comenta que la arquitectura concreta de las prisiones por módulos, en donde hay unas 150 personas como máximo, han hecho mucho por evitar este tipo de situaciones.
La psicóloga recuerda que “emocionalmente deben estar sintiendo mucho más dolor” y, en la misma estela que el funcionario de prisiones, se muestra precavida dado que “todo esto conlleva un desgaste”. La colegiada también incide en la situación precaria en cuanto a personal sanitario dentro de las prisiones, lo que redunda directamente en los reclusos.
La vida de un preso vale menos
A pesar de que Instituciones Penitenciarias admite la situación casi paupérrima del colectivo sanitario en los centros penitenciarios, desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) aseguran que “la desatención dentro de prisión es bastante grave”. La enfermería que tienen las propias cárceles solo consta de atención primaria, así que en el caso de que un interno esté contagiado por Covid-19 y necesite atención especializada, debe ser conducido a un hospital: “Hacer una conducción a un preso implica tomar muchas medidas de precaución, algo que ahora es inviable dado el grado de movilización que se requeriría por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, aducen desde el colectivo antirrepresivo.
Así es el análisis que hacen de las circunstancias presentes desde el MAR Madrid: “Nos tememos que si se detectan casos positivos no van a ser trasladados al hospital en caso de que lo necesiten; los aislarán y morirá gente, sobre todo las personas más mayores porque, desgraciadamente, hay mucha gente de edad avanzada encerrada”. Además, el colectivo defiende que “Instituciones Penitenciarias no va a poner la vida de un preso por delante, o ni siquiera a la misma altura, de la vida de cualquier otra persona”, y basan esta postura en que “así ha pasado ya en Italia, donde la atención sanitaria a los reclusos es mejor”. Cuestionados por la posibilidad de motines organizados, declaran que “si se tiene en cuenta el pánico que se puede declarar en un lugar con gente recluida y ya de por sí confinada, pueden darse situaciones de gravedad”. Cantabrana opina que la situación del coronavirus dentro de prisión va a llevar más aislamiento, y finaliza poniendo la mirada en el largo plazo: “Cuando pase este estado de alarma, la desatención sanitaria en concreto y las oscuridades que envuelven las cárceles en general seguirán, aunque el resto de la sociedad las haya superado”.