Ya hace 10 años que Wikileaks desenmascaró a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional española
Informes secretos de la Administración estadounidense dejaron en entredicho la independencia de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional.
Noticia de diciembre de 2010, también de papeles de la CIA.
El
ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Eduardo Aguirre,
mantuvo diversas reuniones con varios magistrados y fiscales del
órgano judicial que investiga a miembros de su Gobierno y militares
norteamericanos en causas como la de Guantánamo, los vuelos de la
CIA o el asesinato del reportero José Couso.
Estas duras
revelaciones proporcionan una perfecta radiografía de quién es
quién en la Audiencia Nacional. El que sale peor parado es el fiscal
jefe, Javier Zaragoza, quien deja en total evidencia la falta de
independencia judicial del Ministerio Público. Tras una reunión en
su despacho, avisó a representantes de la embajada que se opondría
al procesamiento de los tres militares estadounidenses imputados por
el asesinato de Couso en Bagdad en abril de 2003, durante la guerra
de Iraq. Varios días después se hizo pública esta
decisión.
Asimismo, su jefe, el fiscal general del Estado,
Cándido Conde Pumpido, se comprometió a paralizar las dos causas
abiertas contra altos cargos norteamericanos por las torturas en la
cárcel de Guantánamo (Cuba). Estos datos dejan entrever que la
Fiscalía es un órgano que actúa según las directrices del
Gobierno, que ya trasladó en su momento a Estados Unidos su rechazo
a una investigación sobre el polémico penal.
El fiscal
encargado del caso sobre los vuelos de la CIA, Vicente González
Mota, también sale retratado en los documentos. Informó a un agente
jurídico de la embajada que se iba a oponer a la pretensión del
juez instructor Ismael Moreno de desclasificar los documentos del CNI
sobre los vuelos en los que supuestamente se trasladaron de manera
ilegal a detenidos en Afganistán para enviarles a Guantánamo y que
hicieron escala en aeropuertos españoles.
El fiscal Mota es
quien dio la cara públicamente para desmentir de manera tajante
todos los detalles recogidos en los informes secretos. Es una de las
manos derechas de Zaragoza, que precisamente se encontraba ayer en
Washington en unas jornadas sobre terrorismo. Estos datos salen a la
luz en un momento en el que está en entredicho el trato del fiscal
jefe a algunos de sus subordinados, que están tomando uno a uno la
determinación de abandonar la labor pública para pasarse a la
privada para no plegarse a sus órdenes. Después de Enrique Molina e
Ignacio Gordillo, la semana pasada fue el turno de Juan Moral, el
fiscal encargado del sumario de Batasuna, quien anunció su
salida.
En la nota emitida tanto por la Fiscalía General como
por la de la Audiencia, ambos órganos defienden la “absoluta
autonomía” del Ministerio Público en sus decisiones judiciales. A
pesar de reconocer tales reuniones, sostiene que se desarrollan
dentro del marco de cooperación entre “países aliados y amigos”,
limitándose a trasladar su posición jurídica que mantiene en tales
procedimientos.
Algunos de los jueces quedan inevitablemente
retratados. En una de las entrevistas entre Zaragoza y miembros de la
embajada, éste les advierte que hay que hacer lo posible para que la
causa de Guantánamo no recaiga en manos de Baltasar Garzón sino que
sea Ismael Moreno el instructor. Este juez es el menos proclive en la
Audiencia a aplicar la justicia universal. Los fiscales lo saben y
Estados Unidos también, por eso no les preocupa tanto la
investigación por los vuelos de la CIA.
La estrategia del
Ministerio Público era solicitar que fuera éste quien se encargara
de las torturas en Guantánamo por la relación de la causa con la
que ya está investigando. En resumen, las actuaciones de este juez
no incomodan.
Sin embargo, la causa finalmente se quedó en
manos de Garzón. Esto no gustó al país norteamericano que su
informe subraya que se trata de una “figura controvertida cuya
ambición y afán de notoriedad no tiene rival”. Eran conscientes
que con tal de obtener un titular, podía pasar por encima de
cualquiera que se le pusiera por delante. La fiscalía informó en
contra de admitir a trámite la querella, calificando la
investigación de fraudulenta y Conde Pumpido hizo declaraciones
públicas en el mismo sentido. Sin embargo, el magistrado decidió
seguir adelante tras la espera sin respuesta de siete meses para que
las autoridades norteamericanas informaran si estaban investigando
los hechos. Según la jurisdicción universal, tiene prioridad para
investigar el país donde se ha cometido el delito. Estados Unidos no
contestó y Garzón inició la causa. Antes de abandonar la Audiencia
Nacional, tomó declaración a varios testigos, uno de ellos
españoles, que habían sufrido torturas en Guantánamo. Ahora, está
en manos de su sustituto, Pablo Ruz.
El juez que tiene la otra
causa sobre los usos ilegales de esta cárcel es Eloy Velasco. El
mismo que apuntó a las presuntas relaciones entre ETA, las FARC y el
Gobierno de Venezuela ha preferido por ahora no pronunciarse sobre la
admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación pro
Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis presuntos
responsables jurídicos de la creación de Guantánamo. Está a la
espera de que Estados Unidos responda a la comisión rogatoria para
saber si ya está investigando los hechos. Por ahora, no tiene
respuesta.
El juez que queda fuera de cualquier duda es Santiago
Pedraz, quien ha luchado a capa y espada por continuar con la
investigación de Couso. A pesar de la oposición de la Fiscalía y
de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no ha
desistido en sus pretensiones. El Tribunal Supremo ordenó reabrir el
caso y recientemente Pedraz volvió a ordenar por tercera vez la
detención y entrega de los tres militares imputados.