Internacional:
La represión política en Sudáfrica: una ‘política de sangre’
(I de II)
Un interesante artículo sobre la represión política en Sudáfrica. Debido a su extensión, lo publicamos en dos partes. (Continúa mañana)
En su famoso discurso desde el banquillo de los acusados en abril de 1964, Nelson Mandela habló de “democracia revolucionaria”, basada en formas precoloniales de deliberación y decisión colectiva. En un discurso pronunciado en abril de 1982, Joe Foster, entonces S.. de la Federación de Sindicatos Sudafricanos (FOSATU), enfatizó la necesidad de que los trabajadorxs “construyan su propia organización poderosa y eficaz”, aliada pero independiente del movimiento de liberación nacional dominado por la élite, y de que construyan prácticas y organización democrática desde las bases con el objetivo de lograr “una mayor participación y control de los trabajadorxs sobre la producción”. En mayo de 1987, Murphy Morobe, un líder del Frente Democrático Unido (UDF), argumentó que “al desarrollar organizaciones de masas activas y prácticas democráticas dentro de estas organizaciones, estamos sentando las bases para una futura Sudáfrica democrática”.
Sin embargo, durante la transición del apartheid, la concepción dominante de democracia entre las élites siguió los arreglos generales hechos al final de la Guerra Fría. Una lucha librada por millones por la construcción de poder popular democrático y formas participativas de democracia fue reducida a elecciones, tribunales, prensa comercial libre y se sustituyeron formas democráticas de organización popular por las ONG, ahora denominadas “sociedad civil”.
De forma muy parecida a la situación tan bien descrita por Peter Hallward en Damming the Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment [Represando la inundación: Haití, Aristide y la política de contención] -un recuento del golpe de 2004 en Haití-, la política vino a ser entendida sobre todo como una disputa dentro de las élites. Varias facciones de la élite hablan en nombre de los sectores más oprimidos de la sociedad a través de una forma de paternalismo, profundamente impregnada de las ideas coloniales sobre las capacidades políticas de las personas negras empobrecidas.
El 18 de diciembre de 1996, Mandela promulgó una nueva Constitución, que consagró una versión amplia del conjunto estándar de derechos liberales, incluyendo una serie de derechos que protegen la libre actividad política. La mayoría de la clase media sudafricana, incluidos sus intelectuales profesionales, asumió que la nueva Constitución significaba que el país había trascendido mágicamente no solo el autoritarismo colonial del pasado y el contra-autoritarismo rampante en el partido Congreso Nacional Africano (ANC) en el exilio, sino la militarización de la política popular en algunas partes del país durante los últimos años del apartheid y durante la transición.
Para cuando se promulgó la nueva Constitución, las formas populares democráticas de política que se habían desarrollado en el movimiento sindical luego de las huelgas de Durban de 1973, y en las luchas comunitarias que estaban vinculadas a ellas bajo la bandera del UDF desde 1983, habían sido, según el caso, desmovilizadas, colocadas bajo la autoridad del nuevo partido gobernante o sustituidas por un conjunto de ONG.
Las formas independientes de autoorganización y las demandas populares de formas más participativas de democracia fueron frecuentemente tratadas como delitos, como complots de potencias extranjeras o como maquinaciones del resto de las fuerzas de inteligencia del apartheid intentando restaurarlo. Frantz Fanon advirtió en 1961 de la “incapacidad de la clase media nacional para racionalizar la acción popular, es decir, su incapacidad para ver las razones para esa acción”. Esta advertencia resultaría demasiado profética en la Sudáfrica postapartheid.
Durante aproximadamente la primera década del nuevo orden, la represión estatal a menudo no fue reconocida en la esfera pública burguesa. Los relatos de la represión de los activistas de base fueron en gran medida ignorados, desacreditados o presentados como consecuencia de una atribuida ignorancia sobre el funcionamiento de la nueva democracia. Cuando se reconocía la represión, generalmente fue considerada como una resaca del pasado del apartheid, que pronto se resolvería gracias a los poderes mágicos de la nueva Constitución.
Esto comenzó a cambiar el 13 de abril de 2011 cuando Andries Tatane, un maestro de escuela y activista comunitario, fue asesinado a tiros por la policía durante una protesta contra el abandono social general y, en particular, la falta de suministro de agua por parte del Estado a muchos de los residentes de la pequeña ciudad rural de Ficksburg. Tatane estaba desarmado y la multitud de 4.000 personas que lideraba era pacífica. Su asesinato fue filmado y transmitido en las noticias de la televisión. Al menos 25 personas, y muy probablemente más, habían sido asesinadas en protestas antes que Tatane y al menos 12 activistas habían sido asesinados. Sin embargo, el hecho de que el asesinato de Tatane fuera filmado y transmitido en la televisión nacional comenzó a generar cierta comprensión de la realidad de que la represión era, de hecho, un rasgo constitutivo del nuevo orden.
La masacre estatal de 34 mineros en huelga en Marikana, un pueblo minero de platino, el 16 de agosto de 2012, dejó al desnudo el lado autoritario del nuevo orden para que todos lo vieran. Los boletines de noticias televisivas en todo el mundo transmitieron imágenes de la masacre tomadas desde atrás de una de las líneas de la policía. Esas imágenes mostraban a los mineros agazapados, con armas rudimentarias, corriendo hacia una línea de policías. No mostraban que los mineros corrían porque estaban siendo atacados por la retaguardia por otra línea de policías, vehículos blindados incluidos.
Las respuestas iniciales a la masacre en la esfera pública burguesa tomaron la forma de una orgía de estereotipos coloniales sobre los mineros en huelga, incluyendo declaraciones de irracionalidad, superstición, intentos de presentar a los huelguistas como sujetos premodernos no aptos para el mundo moderno y afirmaciones infundadas sobre malévolos “agitadores externos”. Se argumentó repetidamente que la policía había actuado en defensa propia. Los reportajes cuidadosos de Greg Marinovich comenzaron a desmontar el relato policial sobre la masacre, que al comienzo había sido repetido acríticamente por buena parte de los medios de comunicación. Después, más reportajes y trabajos académicos comenzaron a penetrar en las razones de la huelga, las largas tradiciones políticas en las que se basaban los mineros y las formas de organización que habían utilizado.
En términos de represión estatal, Marikana sigue siendo la mancha más sangrienta en el acomodo entre el capital y los intereses de la burguesía nacional que ha dado forma al orden posapartheid. Pero Marikana no llegó como un ladrón en medio de la noche.
-Una historia de violencia
Los últimos años bajo el régimen del apartheid y el período de transición al nuevo orden fueron extremadamente violentos. La rebelión urbana que comenzó con las huelgas de Durban en 1973 y ganó intensidad con el levantamiento de Soweto en 1976, había atraído a millones de protagonistas para los años ochenta y fue objeto de una severa represión.
Desde 1984 hasta 1993, hubo a menudo conflictos violentos entre fuerzas alineadas de modo amplio al partido Congreso Nacional Africano (ANC) y la Organización del Pueblo Azania (AZAPO), una formación de conciencia negra. Entre 1985 y 1995 hubo un conflicto armado sostenido entre Ikhata, una organización nacionalista conservadora zulú, y el UDF y después el ANC también. Se estima que este conflicto, planteado en términos de la Guerra Fría con Inkhata respaldada por el Estado del apartheid y a menudo denominado guerra civil, costó más de 20.000 vidas. La lucha más intensa se dio en lo que en ese entonces eran la provincia de Natal y el bantustán KwaZulu [los bantustanes eran espacios creados siguiendo el modelo estadounidense de reservas indígenas, para la remoción o exclusión de personas africanas de la Sudáfrica blanca]. Pero también había una violencia significativa en y alrededor de Johannesburgo. Uno de los resultados de estos conflictos es que, en lo que en 1994 sería la provincia de KwaZulu-Natal, la política se militarizó significativamente bajo la autoridad de un conjunto de agentes de poderes locales, algunos de los cuales continuarían siendo influyentes en el nuevo orden.
Esta violencia, aunque ignorada en gran medida por la esfera pública burguesa, nunca paró. Un cuidadoso estudio de 2013 realizado por el investigador David Bruce, contabilizó 450 asesinatos políticos en KwaZulu-Natal desde el fin del apartheid en 1994. La violencia previa a la transición a la democracia burguesa había visto a cientos y, en ocasiones, incluso miles de hombres movilizados en batalla. Después del apartheid, los asesinatos se llevaron a cabo de forma encubierta por asesinos profesionales y estaban cada vez más motivados por acceso a los recursos estatales que por diferencias ideológicas. La mayor parte de estos asesinatos fueron el resultado de competencias por poder y recursos al interior del ANC.
-Los primeros movimientos hacia la organización independiente
Los campus de las universidades históricamente negras están entre los primeros lugares de oposición popular organizada contra el nuevo Estado. La Freedom Charter [Carta de la Libertad], adoptada por el ANC el 26 de junio de 1955, después de un proceso de recoger y unir demandas populares, había declarado que después del apartheid: “La educación será gratuita, obligatoria, universal e igualitaria”. Sin embargo, después de que el apartheid acabó formalmente, el ANC siguió el modelo del Banco Mundial e insistió en que las familias empobrecidas debían pagar pensiones para acceder a la educación universitaria. Cada año, desde el comienzo del período posapartheid, los estudiantes que enfrentaban la exclusión debido a su incapacidad para pagar las pensiones se organizaban para permanecer en las universidades.
Hubo un intento por desmilitarizar la policía después del fin del apartheid, pero esta continuó haciendo un uso sostenido de las tecnologías policiales coloniales, como balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Las protestas estudiantiles se enfrentaban habitualmente a la violencia policial. En algunos casos, las universidades también trajeron empresas privadas de seguridad militarizadas. Cuando los medios de comunicación informaron sobre ello, con frecuencia se tildaba a los estudiantes -al estilo colonial clásico- de irracionales, amenazadores y, en última instancia, bárbaros.
El 30 de noviembre de 1998, Simon Nkoli, un militante contra el apartheid que también había sido una figura destacada en el movimiento por la liberación homosexual, murió en Johannesburgo de una enfermedad relacionada al VIH. El 10 de diciembre de ese año, un grupo de activistas en Ciudad del Cabo fundó la Campaña de Acción pro Tratamiento (TAC), en respuesta a la muerte de Nkoli. La TAC hizo campaña, al final exitosamente, para que las personas que viven con VIH y SIDA accedan a medicación a través del sistema público de salud. Como Nkoli, Zackie Achmat, que surgió como la cara pública de la nueva organización, tenía una larga historia tanto en las luchas contra el apartheid, durante las cuales fue repetidamente encarcelado en su adolescencia, como en las luchas por la liberación de los homosexuales.
En 1999, el entonces presidente Thabo Mbeki, en respuesta al racismo que saturaba gran parte del discurso popular y científico en torno al VIH y el SIDA, dio un catastrófico paso en falso y negó la evidencia científica respecto a la etiología y el tratamiento del SIDA. Como resultado, la TAC libró una lucha creciente tanto contra las compañías farmacéuticas como contra el negacionismo de Mbeki.
La TAC se alineó con el ANC y tuvo fuerte apoyo de los sindicatos aliados al partido. Participó exclusivamente en formas de protesta no violentas e hizo un uso efectivo de los tribunales, las protestas públicas y la esfera pública burguesa, donde tenía poderosos partidarios y era generalmente bien considerada. Aún así, en un preludio a la paranoia que tendría consecuencias mortales a futuro, dentro del ANC fue considerada como un vehículo de una conspiración extranjera para socavar la autoridad del partido.
El 16 de mayo de 2000, el estudiante Michael Makhabane fue asesinado a tiros a quemarropa por la policía durante una protesta contra las exclusiones en el campus de lo que era en ese entonces la Universidad de Durban-Westville. La policía y el entonces jefe de la Liga de la Juventud del ANC, Malusi Gigaba, mintieron sobre el asesinato. La policía, recurriendo al miedo muy racializado a los secuestros de automóviles para legitimar el asesinato, afirmó falsamente que Makhabane había intentado secuestrar un auto que pasaba, cuando en realidad él y otros manifestantes estaban desarmados.
En 2000 y 2001 se formaron una serie de organizaciones que se unirían a la TAC para convertirse en la primera generación de movimientos sociales de la Sudáfrica posapartheid. Este fue un período en el que las demandas populares -en especial el fracaso del ANC para abordar la cuestión de la tierra, los desalojos urbanos y las desconexiones de agua y electricidad- comenzaron a expresarse fuera de las estructuras afiliadas al partido gobernante.
En julio de 2000, se creó en Johannesburgo el Foro Anti-Privatización (APF), para oponerse a un movimiento de mercantilización de los servicios públicos por parte del gobierno municipal. El AFP reunió a una mezcla de radicales de clase media, estudiantes, sindicalistas y afiliadxs de base, que creció rápidamente para convertirse en un movimiento vibrante con focos de apoyo esparcidos por todo Johannesburgo.
En noviembre de ese mismo año, activistas de base fundaron en Ciudad del Cabo la Campaña contra los desalojos de Cabo Occidental, usualmente abreviada como Campaña contra los desalojos (AEC), para oponerse a los desalojos y a las desconexiones de electricidad. La AEC -que inspiraría la formación de la Campaña contra los desalojos de Chicago en Estados Unidos- se convirtió en un actor importante en algunas partes de Ciudad del Cabo y participó en formas militantes de acción directa.
En julio de 2001, varias ONG de izquierda encabezaron la formación del Movimiento de los Sin Tierra (LPM) como una red nacional de ONG y grupos de base preocupados por cuestiones relacionadas con la tierra. Al mismo tiempo, se formó el Foro de Ciudadanos Preocupados (CCF) en respuesta a los desalojos y desconexiones en los vecindarios de Bayview y Westcliffe en Chatsworth, una barriada en Durban. Fue liderado por un carismático intelectual de clase media.
En octubre de 2000, el entonces presidente Mbeki le dijo al bloque del ANC en el Parlamento que la CIA era parte de una conspiración para promover la visión de que el VIH causa el SIDA. Esta paranoia se extendería a todos los nuevos movimientos que surgieron fuera del ANC, un número de los cuales consiguieron pruebas sólidas de vigilancia y penetración estatal. La académica Jane Duncan señala que “La intensificación de las actividades de… los agentes [de inteligencia del Estado] coincidió con el establecimiento de movimientos sociales que luchan por la tierra y contra la mercantilización de los servicios básicos”. Desde este período, ha habido numerosos relatos de personas en organizaciones comunitarias y movimientos sociales a quienes se les han acercado para ofrecerles que proporcionen información o que trabajen para los servicios de inteligencia estatales.
La APF, la AEC y la CCF politizaron con éxito la práctica generalizada de hacer conexiones eléctricas autoorganizadas, y la AEC desarrolló una práctica de montar resistencia directa contra los desalojos y devolver a las personas desalojadas a sus hogares. Estas acciones fueron vistas como confrontaciones por el Estado y gran parte de la esfera pública burguesa, y a menudo se las presentó en términos criminales. A pesar de sus vínculos con el ANC, de evitar tácticas de confrontación y del apoyo que tenían de figuras públicas poderosas, como el arzobispo Desmond Tutu, la TAC se volvió blanco de la violencia policial. El 20 de marzo de 2011, sus miembros fueron gravemente agredidos por la policía en Durban, lo que causó la hospitalización de cinco manifestantes.
Las detenciones por cargos que no podían sostenerse en un juicio, pero que requerían múltiples comparecencias ante los tribunales antes de que se retiraran los cargos o el caso fuera a juicio, se convirtieron en una experiencia rutinaria para los activistas. Por ejemplo, el 6 de abril de 2002, un guardaespaldas del entonces alcalde de Johannesburgo, Amos Masondo, disparó contra una protesta organizada por la APF contra las desconexiones de agua y electricidad, hiriendo a dos personas. los manifestantes intentaron defenderse con piedras y 87 fueron arrestadxs y se les hizo comparecer ante los tribunales varias veces antes de que se concediera finalmente una solicitud de desestimación del caso por parte del Estado, el 5 de marzo de 2003.
La AEC había surgido de una larga y amarga historia de lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda en Ciudad del Cabo, que había continuado durante el período de transición. El 24 de junio de 1992, las secciones Solomon Mahlangu y Makhaza del ANC en Khayelitsha, Ciudad del Cabo, organizaron una marcha para protestar contra el aumento de los alquileres, acompañada por una huelga de alquileres. El 22 de julio, uno de los líderes de la marcha, Nelson Sithole, fue asesinado en su casa por hombres enmascarados que le preguntaban: ¿Por qué le dices a la gente que no pague el alquiler? Se asumió que los asesinos eran oficiales de policía.
Cuando se creó la Campaña contra los desalojos (AEC), en noviembre de 2000, ya había un conflicto sostenido entre los residentes y el gobierno local. Con cientos de personas, la mayoría mujeres, que participaban en asambleas abiertas organizadas dos veces por semana, la AEC se convirtió en una genuina fuerza popular, primero en Mandela Park en Khayelitsha y luego en otros lugares. El 26 de junio de 2001, cientos de miembros de la AEC fueron a la oficina del ministro provincial de Vivienda en el centro de Ciudad del Cabo para solicitar una reunión. Les arrojaron gas lacrimógeno y 44 personas fueron detenidas, entre ellas niñxs y ancianxs. De la misma manera que con el arresto masivo de los partidarios del AFP, la conclusión era clara: el ANC trataría a la autoorganización de la clase trabajadora negra por fuera del partido de gobierno como un asunto criminal en lugar de como una oportunidad para profundizar la democracia y construir poder popular.
La AEC enfrentó una represión implacable, incluyendo vigilancia policial violenta, más de 400 arrestos, detenciones sin juicio y la afirmación estándar –inevitablemente racializada– de que “agitadores externos” eran la verdadera fuerza por detrás del movimiento. A pesar de la represión, en junio de 2002 la AEC logró evitar en gran medida los desalojos en las zonas donde era fuerte.