5 años de «ley mordaza»
Movimiento Antirrepresivo de Madrid
Artículo publicado en la revista del MAR de Madrid «Amnistía», nº 4, Octubre 2020
En el año 2015, en un contexto de auge movilizatorio, el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Desde el primer momento esta ley fue conocida como “Ley Mordaza”.
El apodo no pudo ser más acertado e incluso es posible que se quede corto, ya que esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana que reemplaza a la anterior Ley Corcuera o Ley “de patada en la puerta”, implicó todo un salto cualitativo en el derecho punitivo del Estado en torno al avance que genera hacia un “Derecho penal del enemigo”.
En primer lugar, la Ley Mordaza incorpora acciones muy concretas de movimientos sociales determinados que ahora pasan a ser infracciones administrativas. Las ocupaciones temporales de bancos organizadas o parar desahucios (PAH), las acampadas de protesta (15M) o las manifestaciones en torno a instituciones del Estado (Rodea el Congreso), pasan a tener preceptos propios que las ilegaliza en la práctica. Se trata de una auténtica legislación ad hoc impulsada para acallar la protesta de colectivos muy concretos.
Pero no podemos hacer una lectura aislada de esta Ley. La Ley Mordaza y sus objetivos políticos, no se entienden sin mencionar la reforma del Código Penal. Esta reforma fue igualmente aprobada en marzo de 2015 pero no tuvo la repercusión mediática que sí obtuvo la Ley Mordaza. Una de las claves de esta reforma (en relación al asunto de este artículo) es la desaparición de las faltas penales. Las faltas era una suerte de delito leve por lo que su proceso era muy breve, sus penas reducidas (nunca podían implicar privación de libertad) y la condena no dejaba antecedentes penales. Tras la aprobación del nuevo Código Penal todas las faltas se dividieron en dos tipos: aquellas que se transforman en delitos leves, por lo que ya sí implican antecedentes penal con todo lo que ello supone; y otras pasan a formar parte de las infracciones administrativas recogidas en la Ley Mordaza.
Pudiera pensarse que el paso de ciertos tipos del Código Penal al Derecho Administrativo sancionador es una buena noticia. Nada más lejos. La Ley Mordaza trajo consigo un incremento escandaloso e injustificado de las cuantías establecidas en las sanciones que llegan ahora hasta los 600.000€. Su procedimiento no está enmarcado en un proceso judicial sino que las alegaciones se hacen frente a la propia Administración que te sanciona. Además, rige la presunción de veracidad de la policía, aun pasando por encima de la presunción de inocencia.
Pese al aparente consenso social y político que existe en la necesidad de derogar esta Ley, lo cierto es que su aplicación está más vigente que nunca. En tan solo 3 años, las “faltas de respeto y/o consideración” a miembros de las FCSE (uno de los muchos conceptos difusos que hay en esta Ley y que otorgan a la Policía plena discrecionalidad) comportaron 50.000 multas; una cada media hora. Durante la vigencia del Estado de Alarma se impusieron por supuesta “desobediencia a la autoridad” la friolera de 1.089.197 multas que recayeron, en su inmensa mayoría, sobre trabajadores y trabajadoras.
La llamada burorrepresión o represión económica es un tipo de represión invisibilizada. No suele darse en un contexto de detención policial, no implica grandes juicios, ni suscita fuertes reacciones sociales y políticas. Su característica principal es que es silenciosa; una carta en casa y un procedimiento creado para que la Administración siempre gane. Esto no la hace menos peligrosa. Las cuantías de las sanciones pueden arruinar a aquellas que las sufren y mantiene a movimientos sociales y políticos invirtiendo grandes cantidades de tiempo y recursos en amortiguar sus efectos.
La derogación de esta y otras leyes represivas se antoja cada vez más urgente. Es por ello que desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid seguiremos en la lucha por visibilizar el carácter de clase del Estado y su legislación; y por unir al conjunto de los movimientos sociales, sindicales y políticos en pos de la derogación de la Ley Mordaza y el resto de leyes represivas.
