Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-Se ha presentado el caso «Llibertat Abel»
El pasado 17 de noviembre en Barcelona, se presentó en una charla informativa en el CSO La Revoltosa la explicación del caso represivo contra Abel y del grupo de apoyo.
Grup de Suport Abel.
11 de Lleida:
-Juicio el 23 y 24-N.
El 23 y 24 de noviembre 11 vecinos de Lleida se enfrentan a una petición fiscal total de 58 años de prisión y 40.000€ de multa por manifestarse contra la detención de Puigdemont y la represión del 1 de Octubre.
Entre ellos está Pablo Hásel, que si es condenado podría pasar hasta 15 años en prisión.
Al Estado no le vale con apalear y reprimir a todo un pueblo por querer votar y decidir libremente su futuro, sino que nos reprime de nuevo cuando protestamos contra ello. Los de autodeterminación y libre manifestación son dos de tantos derechos que el Estado nos niega. Por no hablar del miedo que les da nuestra solidaridad.
¡No podemos permitirlo!
¡Por el derecho de autodeterminación y manifestación!
¡Absolución 11 de la Subdelegación!
MAR Madrid.
*Comunicado: Absolució per les 11 de la subdelegació, amnistia total!
D’ençà de l’1 d’octubre a Catalunya, les ratzies repressives del Régim i dels seus col-laboracionistes de la Generalitat, s’han acarnissat amb la dissidencia política. Avui, una vegada més, ens trobem davant d’un cas on els represaliats s’enfronten a peticions de presó i multes desorbitades per haver defensat els nostres drets democrátics al carrer. El cas del company Pablo Hasél, aprofundeix a la ferida pel fet de la seva «reincidencia».
Tenen por, perque tot ¡ la seva repressió, els 11 companys de la subdelegació han continuat organitzats i han redoblat el seu compromís: aixó és una derrota pel Règim. Casos com el del company Adrián Sas, qui aviat podrá ser empresonat grácies a l’acusació de la Generalitat, fan pales la veritable naturalesa dels gestors autonomistes i processistes. O les companyes represaliades en l’operació Judes contra els CDR, que després de tres anys de les seves detencions continuen organitzades, encara que es troben a l’espera d’unes acusacions amb peticions de presó per terrorisme. Aviat també tindra lloc el judici del cas dels 7 del 30-G, 7 joves que el 30 de gener de 2018, van defensar amb dents i ungles el seu legítim dret a manifestació, així com el dret a l’autodeterminació del poble catalá. Ara fa un any, la Generalitat es mantenia com a acusació particular, tot i que el mateix dia del judici (no durant els tres anys anteriors a la data de judici) retiraven l’acusació.
Això va fer que els Mossos deixessin la seva defensa en mans de José María Fuster-Fabra, advocat feixista i exmilitant de Fuerza Nueva, defensors dels colpistes del 23-F, dels membres dels GAL autors dels assassinats de Lasa i Zabala, als Mossos que van matar Juan Andrés Benítez, etc. A banda d’aixó, aquest advocat está estretament relacionat amb l’excomissari Villarejo i el clavegueram de l’estat.
Des de la Plataforma Antirepressiva de Barcelona, fem front a aquestes flagrants vulneracions de drets, i volem denunciar a totes aquelles formacions autoanomenades independentistes que són part indestriable del Régim i que participen de les seves institucions, legitimant l’ordre que suposadament volen ensorrar. Cal aillar-los i boicotejar els seus actes ¡ les seves farses electorals. Fem una crida a organitzar-se al marge dels que mai han defensat els nostres interessos com a classe i com a poble. En cas contrari, seguirem indefinidament sota el jou del feixisme institucional.
Absolució per les 11 de la subdelegació, amnistia total
PAB.
*Cabecera de la manifestación del 19-N en Lleida en solidaridad con los 11 de la subdelegació.
Impunidad policial:
-La Fiscalía archiva la denuncia por las cargas de la Policía en la huelga del metal de Cádiz y nueve detenciones ilegales.
Concluye que el uso de una tanqueta y de abundante material antidisturbios de forma desproporcionada, denunciado por la Coordinadora de Trabajadores, «no es nada inhabitual» en un conflicto socio laboral como el metalúrgico, del que se cumple un año de su inicio.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado la denuncia presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) por una actuación desproporcionada de la policía y detenciones ilegales de manifestantes en la huelga de la industria metalúrgica gaditana, que tuvo paralizado el sector nueve días y de cuyo inicio se cumple un año. La organización sindical pidió investigar el lanzamiento de 900 pelotas de goma en sólo dos días y de 800 disparos de salva en una mañana, y adjuntó partes de lesiones de varias personas a causa de un uso desmedido del material antidisturbios.
En las dos primeras jornadas, de las más conflictivas de toda la huelga, las fuerzas antidisturbios, además de pelotas de goma y cartuchos de salva, lanzaron entre 50 y 60 botes de gas lacrimógeno cada día contra los trabajadores del metal, según se aseguraba en el escrito presentado ante la Fiscalía. Además, la denuncia incorporó vídeos de una tanqueta de la policía «arrasando» con todo lo que encontraba a su paso, contenedores, papeleras y otro mobiliario urbano, que a su vez impactaban en vehículos aparcados.
La Fiscalía, según la resolución firmada el pasado junio, entiende que no se aporta en la denuncia ningún «elemento indiciario» con un supuesto «designio criminal» que hubiera inspirado la actuación policial contra los manifestantes y que determinase la apertura de una investigación judicial por parte del ministerio público. «El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal», se subraya en el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe provincial de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez.
Fiscalía da crédito al informe policial, en el que se alega que los hechos sucedidos entre los días 22 y 24 de noviembre «tienen como antesala un aumento progresivo, exponencial y un mantenimiento de la violencia contra los funcionarios policiales y bienes públicos y privados –del que se da cuenta exhaustiva en el oficio del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cádiz que consta en las actuaciones- enmarcados dentro del conflicto del metal que se extendió a prácticamente toda la Bahía».
El escrito de la CTM ante la Fiscalía denunciaba el modo en cómo se llevó a cabo la detención de cinco vecinos del barrio Río San Pedro el 16 de diciembre para llevarlos a declarar en comisaría bajo la imputación de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante las movilizaciones de la huelga del metal. Varias furgonetas se desplegaron por el barrio para detener a los investigados y una mujer aseguró que su marido había sido arrestado mientras llevaban al colegio a la hija.
-El Suprem suspèn l’entrada a la presó de l’inspector dels Mossos Jordi Arasa.
Va ser condemnat a dos anys i quatre mesos de presó per dos delictes de lesions contra cinc manifestants del 15-M.
El Tribunal Suprem ha suspès l’entrada a presó de l’inspector dels Mossos d’Esquadra Jordi Arasa, condemnat l’any 2020 a dos anys i quatre mesos de presó per lesions contra cinc manifestants del 15-M en el desallotjament de la plaça de Catalunya el 2011.
Casualment, el seu advocat, antic militant de Fuerza Nueva i defensor actual dels mossos en el judici dels companys @els7del30G, ha aconseguit que el Suprem aturi el seu empresonament a canvi d’una multa de 9.000 euros.
Prou impunitats als cossos policials!
#AmnistiaTotal #TombemLesLleisRepressives #JordiArasaForaDelsCarrers
–https://www.vilaweb.cat/noticies/suprem-preso-inspector-mossos-jordi-arasa/
*Jordi Arasa: De entrada en prisión a simple multa.
Sigue la impunidad para los mamporreros del Estado.
Desde 1939, pasando por la transición, los torturadores y sicarios del terrorismo de Estado han sido indultados y condecorados.
Da igual quién gobierne, hasta que no tumbemos el Régimen ello no cambiará.
MAR Madrid
Manada de fascistas:
-Condenado un exmilitar a dos años de cárcel por difundir imágenes y datos de la víctima de ‘La Manada’.
El juicio se salda con un acuerdo por el que el acusado deberá, además, pagar 20.000 euros a la mujer.
El exmilitar de Barcelona ha sido condenado a dos años de prisión y no tendrá que ingresar en prisión al no tener antecedentes.
Escarnio de la víctima como una forma de violencia.
El exmilitar se ha reconocido culpable de un delito contra la integridad moral y otro de revelación de secretos al publicar dos fotos de la agresión sexual que sufrió la mujer y por la que la Audiencia de Navarra ya condenó a cinco hombres. También publicó datos personales de la joven, incluyendo fotos, una copia de su DNI y la zona donde vivía.
