Muro de solidaridad y denuncias:
Cárceles mataderos:
-Preso de 43 años, muere en la cárcel de Dueñas.
El sábado día 4 de febrero, A.E.J, de 43 años, persona con residencia habitual en Bizkaia, fue encontrada muerta en su celda de la cárcel de Palencia.
A.E. J. había pedido en días previos y en varias ocasiones atención sanitaria, ya que tenía un dolor en el pecho. La familia nos cuenta que ese mismo día se había dirigido hacia enfermería.
La muerte de A. es comunicada a la familia a través de otro compañero preso. La familia, después de llamar a todos los hospitales de la ciudad, consiguió hablar con el Director del centro penitenciario, el cual les comunica que lo encontraron acostado en su celda en el recuento de la tarde.
No es un caso aislado ni una excepcionalidad. Por un lado, la asistencia médica en prisión es insuficiente, superficial y de difícil acceso. Por otro, la falta de comunicación y ocultamiento sistemático de estas muertes por parte de los responsables penitenciarios con las familias y el exterior.
Sin olvidar el efecto dañino en la salud que se impregna en los cuerpos en prisión. El aislamiento, las dinámicas relacionales, la mala alimentación, las relaciones de subordinación con el entorno… estructuralmente, las cárceles son estructuras que generan efectos devastadores en la salud mental y física de quienes las habitan.
¿Qué mecanismos tiene Instituciones Penitenciarias de comunicación sobre las muertes que se dan dentro de sus muros? ¿Cómo nos enteramos de quienes mueren dentro? ¿Cuántas personas sin redes familiares son olvidadas? ¿Cuáles son las causas de estas muertes?
Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno qué medidas va a poner en marcha para evitar estas muertes.
Emplazamos al Gobierno Vasco y a los Partidos políticos vascos, con representación parlamentaria, a posicionarse ante esta muerte ya que se trata de un ciudadano vasco que ha fallecido en una prisión alejada de su lugar de residencia.
Reclamamos las siguientes medidas:
–Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes tal y como corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas. Que las muertes en prisión no queden impunes.
–Que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias.
–Garantizar que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga represalia de ningún tipo para el familiar preso.
–Que se faciliten a las familias información y apoyo ante los Tribunales para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del funcionamiento de la administración de justicia y así poder reclamar las indemnizaciones pertinentes a los familiares por dichas muertes; asimismo, apoyo psico-social como víctimas de una negligencia en la custodia de una persona presa por parte de la administración penitenciaria, etc.
–La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones les genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
–La reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad que contribuyen a disminuir la presión y maltrato psicológico que sufren las personas presas.
No más muertes en prisión, no más malos tratos psicológicos y físicos, no más negligencias médicas, no más aislamiento, no más silencio tras los muros de prisión.
Contra su impunidad y su crueldad, mandamos un abrazo inmenso y solidario a las personas de la familia y amigas de A.E.J.
–https://www.salhaketa.org/euskaldun-bat-hilik-aurkitu-dute-palentziako-kartzelan-duenas/2023/02/15/
Pablo Hasél libertad:
-Venganza y escarnio. La fiscalía recurre al TSJC la absolución de Hasél y diez encausados más por la protesta a la subdelegación.
La Audiencia concluyó que no había suficientes pruebas para atribuirles la autoría de los delitos por los que se les acusaba.
Se les acusaba de desórdenes públicos con la agravante de ocultación del rostro, lesiones y atentado a la autoridad. La Audiencia de Lleida, sin embargo, concluyó que, aunque quedó demostrado que los acusados estaban allí, no había suficientes pruebas que demostraran que eran ellos los que incitaron a la violencia, alteraron la paz o lesionaron a alguien. 4 de los encausados pactaron con la fiscalía 9 meses de prisión a cambio de reconocer los hechos y 7 fueron a juicio. La Audiencia, sin embargo, absolvió a los 11.
Ahora la fiscalía que pedía que se les impusieran tres años de prisión por desórdenes públicos, nueve meses de prisión más por lesiones y un año y medio por atentado a los agentes de la autoridad, recurre al TSJC. Para este último delito, además, la fiscalía pedía medio año más para el rapero Pablo Hasel, al aplicarle la agravante de reincidencia. Así pues, en total solicitaba 5 años y 3 meses para 10 de los acusados y 5 años y 9 meses para el rapero leridano.
Guerra sucia:
-L’ESPIONATGE POLÍTIC PRETÉN ATURAR-NOS. SEGUIM!
El setmanari La Directa ha fet pública la infiltració d’un agent de la Policia Nacional durant una any i mig a diferents col·lectius socials i polítics de la ciutat de València. Des dels col·lectius afectats que conformem els moviments social de la ciutat, i de forma unitària, denunciem la vulneració de drets fonamentals que aquesta pràctica suposa, i que el Ministeri de l’interior espanyol està utilitzant de manera continuada per intentar desestabilitzar i criminalitzar la dissidència política.
Aquest nou cas, sumat als dos anteriors de policies infiltrats que també ha destapat la Directa aquests mesos, evidencia l’existència d’una operació de l’Estat contra els moviments populars que lluitem per parar els peus a un sistema capitalista que ens deixa sense casa, i que ens precaritza la vida fins a la misèria. Aquesta estratègia policial té com a objectiu principal el control polític dels moviments de carrer i utilitza tot una sèrie de mecanismes que sobrepassen els límits legals i legítims propis d’un Estat que es diu democràtic.
L’activitat social i política de molts col·lectius afectats, es fonamenta en el moviment assembleari i tenen una trajectòria publica i coneguda, al barri de Benimaclet i la ciutat de València. Som espais oberts, que fem barri i fem comunitat. És inacceptable que siga una prioritat del Ministeri de l’interior “del gobierno más progresista de la historia” l’espionatge a moviments veïnals. Denunciem la il·legalitat d’una infiltració que no respon a cap investigació judicial ni ve autoritzada per cap jutge. És una vergonya escoltar del sr. Grande Marlaska, que aquesta és una pràctica habitual per tal de previndre delictes. De l’activitat investigadora que ha dut a terme l’infiltrat, no s’ha derivat cap causa judicial contra aquests col·lectius, però si que haurà servit per a crear un llarg llistat de noms i cognoms d’activistes, amplificant el treball que fa la Brigada de Informacion de la PN (la policia política de l’Estat) a la ciutat de València.
Assenyalem la responsabilitat del Ministre de l’interior i del govern del PSOE i UP de la vulneració dels nostres drets civils i polítics, i la instrumentalització de les nostres companyes amb l’única finalitat de controlar la dissidència política. I finalment, volem deixar clar que malgrat tots els intents per desestabilitzar-nos i criminalitzar-nos, no defallirem en l’objectiu de fer de Benimaclet un barri per les veïnes, de respondre a l’especulació del PAI amb espais comunitaris i autogestionats.
Aquesta infiltració evidencia que anem pel bon camí. Treballarem des d’avui mateix per demanar responsabilitats i denunciar aquesta pràctica policial en tots els fronts possibles.
Benimaclet, València, 13 de febrer de 2023
MOVIMENTS SOCIALS DE BENIMACLET I VALÈNCIA
Represión:
-Más de 5.000 euros de multa a las ecologistas del Forn de Barraca.
La jueza da total credibilidad al testimonio de los guardias civiles en el desalojo por la ampliación de la autovía V-21, en la entrada norte a València.
“Si hacemos una protesta pacífica y nos condenan, están enviando un mensaje perverso. Una vez más, dan motivos para no creer en el sistema judicial», reflexiona Santi Gassó, uno de los condenados.
–https://www.elsaltodiario.com/represion/de-5000-euros-multa-ecologistas-del-forn-barraca
Casos ‘aislados’:
-Detenido por pertenencia a organización criminal el General de la Guardia Civil que lideró la lucha contra el crimen organizado en El Sahel.
El General en el retiro Francisco Espinosa Navas ha sido arrestado por su presunta implicación en un fraude de subvenciones de productos alimentarios.
Entre el resto de detenidos también está un excargo del Gobierno canario cuyo tío es diputado del PSOE.
Nazismo impune:
-El acto de la División Azul convertido en homenaje nazi en Madrid fue autorizado por el gobierno.
El objetivo de los nazis era conmemorar la batalla de Krasni Bor, en la que 5.000 voluntarios de la División Azul junto a los alemanes de las Waffen-SS se enfrentaron al ejército rojo de liberación.
Este año la cita, bautizada como ‘Día de los caídos por Europa’, llamaba a neofascistas y ultraderechistas a acudir para realizar una marcha silenciosa hasta el cementerio de Almudena, donde se encuentra el Panteón para los Caídos.
Sí, es el Gobierno quien autoriza un homenaje a los nazis de la División Azul.
*Y ahora: «El Gobierno investiga el homenaje ultraderechista a la División Azul por si vulneró la Ley de Memoria Democrática». ¿¡No lo sabían!?
