Memoria histórica imprescindible:
-Lancre, el juez borbónico que clamaba que Satanás era vascoparlante.
Bayona (País Vasco francés), mayo de 1609.
Pierre de Lancre, juez de la magistratura borbónica francesa de Enrique IV y su secretario Jean d’Espaignet; llegaban al territorio de Labourd (País Vasco francés), oficialmente para dirimir un conflicto secular por unos derechos de portazgo que enfrentaba a los Urtubia (pequeños barones territoriales de Urruña) con el común de San Juan Lohitzune. Extraoficialmente llegaban con el propósito de perseguir y exterminar la brujería vasca. Entre mayo y octubre de 1609, Lancre y Espaignet —con la colaboración de una supuesta vidente local nombrada Morguy— se entregarían a una brutal caza de brujas que culminaría con un mínimo de sesenta ejecuciones y centenares de personas descoyuntadas por las torturas.
Lancre no era un magistrado más. Las fuentes documentales, cuando describen a Lancre, trazan el perfil de un personaje oscuro, perverso y sanguinario, dominado por un fanatismo extremo que habría fabricado —cuando menos, habría contribuido a divulgar— una siniestra teoría que describía el satanismo como un fenómeno consustancial a la cultura vasca (una demoníaca alianza entre el diablo y el pueblo vasco).
Lancre era un producto finalista de una sociedad violentada por un gran conflicto civil oportunamente disfrazado de guerra religiosa: católicos contra calvinistas. Entre 1562 y 1598, el país de Occitania (la mitad sur del reino de Francia) se había consumido en un conflicto que, en realidad, consistía en dirimir —a sangre y fuego— qué familia oligárquica del territorio acabaría relevando a los decrépitos Valois en el trono de París. Aquella guerra se había saldado con miles de muertos, con la ruina del país, y con el triunfo de Enrique IV —el primer Borbón que puso las nalgas en el trono de París— que, después de asesinar miles de católicos, había renegado de su fe —y de sus crímenes— con la proclama «Paris vaut bien una messe» (París bien vale una misa).
Aquel escenario de traición y de perplejidad había propiciado el ascenso de monstruos sanguinarios como Lancre, dispuestos a fabricar un diorama de terror permanente. Poco antes de viajar al País Vasco francés (1607), premonitoriamente proclamaría que «La Iglesia comete un grave delito al no quemar a las brujas». Y después de su «campaña» vasca, confirmaría su paranoia publicando un «Tratado de la brujería vasca» (1609), dónde relataba que Euskal Herria «era un país de manzanas, sus mujeres sólo comen manzanas, sólo beben zumo de manzana, y en cualquier ocasión están dispuestas a morder la manzana de la transgresión, pasando por encima de la condena de Dios. Son Evas que seducen a los hijos de Adán».
Lancre y Espaignet se desplazaron hasta las villas de San Juan Lohitzune, Bidart y Hendaia y sometieron la población a brutales detenciones e interrogatorios: la supuesta vidente Morguy señaló tres mil mujeres y niñas (la práctica totalidad de la población femenina) y las acusaron de prácticas satánicas por el simple hecho de tener pecas en la piel —principalmente en la zona del pubis— o de no conocer ninguna otra lengua que el euskera, que aquellos fanáticos consideraban la lengua del demonio. El terror se apoderó de la población, y se produjo una huida masiva hacia la zona montañosa. Sin embargo, las mujeres y niñas que no pudieron escapar porque ya habían sido encarceladas, acabaron en su mayoría quemadas en el cadalso de ejecuciones…
-Torturas mortales y malos tratos del franquismo.
Desde abril de 1939, muchísimos republicanos -presentados voluntariamente, detenidos en sus domicilios o en sus lugares de trabajo- se encontraban en los campos de concentración o en los depósitos municipales, desbordados y en malísimas condiciones higiénicas, en los cuartelillos de la guardia civil o en los de Falange.
Allí permanecían, sin plazo fijo para su puesta en libertad o su paso a disposición de la Justicia Militar, sometidos en muchísimas ocasiones a malos tratos y torturas, hasta que se decidía sobre su futuro. Incluso cuando los detenidos eran trasladados a la cárcel, donde los custodiaban ya funcionarios -aunque muchos de ellos fueron ex-presos o familiares de víctimas de la represión republicana y estaban ansiosos de venganza-, era moneda corriente, esa violencia física contra los vencidos. Asimismo, era frecuente que un preso fuese sacado «a diligencias», para ser nuevamente interrogado sobre su causa o sobre otros hechos, repitiéndose en estos casos los malos tratos y torturas. El médico Ángel Pascual Devesa, preso en el Reformatorio de Alicante, donde seguía ejerciendo su profesión, recordaba cómo muchos “diligenciados” pasaban después a la enfermería. Posteriormente, llegar a las cárceles era casi una especie de liberación, porque allí eran mucho menos frecuentes los malos tratos y torturas, aunque la Dirección General de Prisiones tuvo que dictar varias disposiciones contra los malos tratos -prueba de que eran habituales- en las cárceles a lo largo de los años cuarenta. Las fuentes orales han testimoniado las vejaciones, palizas y torturas aplicadas a numerosos republicanos.
Casi todos los detenidos que han escrito sus memorias o han sido entrevistados han dejado testimonio de esas palizas y torturas. Y eran también numerosos quienes, al pasar al Juez Instructor, rectificaban sus declaraciones, obtenidas a partir de esos malos tratos y torturas, sin que nunca se tomara en consideración esa denuncia, ni siquiera cuando se hacía en el Plenario del Consejo de guerra: en este caso, el militar que lo presidía podía amenazar incluso con acusarles de desacato si insistían en ello y, en todo caso, se anotaba en la sentencia que sus declaraciones no aportaban nada significativo a lo recogido en autos.
Citaremos algunos ejemplos.
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-La memoria histórica se planta contra los vestigios del franquismo en la Región de Murcia: “San Pedro del Pinatar es un reducto tremendo”.
Desde la FAMHRM han reclamado la retirada de símbolos a 36 municipios de la Región, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Iglesia Católica, a la Delegación del Gobierno y a la Consejería murciana de Educación.
La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) ha publicado el listado de vestigios franquistas que todavía existen en este territorio del sureste español. En total, reclaman la retirada de 196 símbolos antidemocráticos esparcidos por toda la Comunidad: “Siempre pueden aparecer más, entendemos que la lista no es definitiva”.
“Hay 7 instituciones educativas con nombres de franquistas en la Región de Murcia. Una de ellas, el IES José Ibáñez Martín en Lorca, el mayor depurador de funcionarios, y por lo tanto de maestros, que existió durante la dictadura”.
-Más de 5.000 vestigios del fascismo, presentes.
500 calles, escudos, cruces a los caídos, algunos monumentos o seis nombres de pueblos. Numerosos de ellos en instancias públicas y oficiales.
*Unas 4.200 placas falangistas en portales de viviendas.
Todos estos vestigios muy presentes exaltan la sublevación militar de 1936, el régimen criminal de Franco y a muchos asesinos y represores fascistas.
Ayer es hoy:
-Admitida a trámite la querella de un luchador antifranquista del FRAP.
El pasado 17 de febrero, Julio Pacheco Yepes presentó junto a otras tres personas, una querella por torturas contra agentes policiales de la dictadura. Julio era militante del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y de la Federación Universitaria Democrática de España, organizaciones que formaban parte del FRAP, fue detenido en 1975 por la policía política franquista y llevado a la Dirección General de Seguridad donde estuvo siete días sufriendo malos tratos y torturas. La dictadura estaba agonizando, aunque no por ello suavizaba la represión contra los obreros y los estudiantes que comenzaban a disputarle una calle en la que habían mandado durante 40 años.
La Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha difundido una nota de prensa.
Admitida a trámite la querella formulada por Julio Pacheco Yepes contra cuatro miembros de la Brigada Político Social franquista, como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en un contexto de crímenes contra la humanidad.
En el Auto referido el Juzgado acuerda tomar declaración al querellante, Julio Pacheco Yepes y a la testigo Rosa María García Alcón, señalándose para ello el próximo día 14 de julio de 2023 a las 9:00 y 9:15 horas, respectivamente.
También el Juzgado acuerda oficiar al Archivo Histórico Nacional para que envíe al Juzgado los antecedentes documentales del caso denunciado y a la Dirección General de la Policía para que remita el expediente policial completo del denunciante y los datos de filiación de los cuatro policías denunciados: Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz, José María González Reglero y José Manuel Villarejo Pérez…
–https://loquesomos.org/admitida-a-tramite-la-querella-de-un-luchador-antifranquista-del-frap/