Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-4 de julio. Oviedo. Muere un albañil tras caer desde un quinto piso por el hueco del ascensor en el edificio en el que trabajaba.
El trabajador, de 35 años y de origen marroquí, fue localizado en el sótano del hueco por un compañero.
«Había bajado a beber agua y escuché el golpe. En un primer momento pensé que era un tablero que había caído por el hueco y empecé a llamarlo, pero subí y, al ver que no contestaba, ya me puse en lo peor».
Criminalización y venganza:
-Seis meses de cárcel, y multa, para un trabajador de Tubacex.
La sentencia contra un trabajador de Tubacex, le condena a seis meses de cárcel, a pesar de haber sido absuelto de atentado a la autoridad, motivo por el que se le estaba juzgando.
Refleja la criminalización y represión de la lucha obrera.
Un trabajador de Tubacex, detenido en 2021 durante una huelga contra los despidos masivos, ha sido condenado a seis meses de cárcel, y multa.
El trabajador, que estaba participando en una huelga protagonizada por la plantilla de Tubacex contra los despidos masivos que planteaba la dirección, fue detenido por «atentado a la autoridad». El juicio se llevó a cabo el 15 de junio en Gasteiz. En él, el trabajador fue juzgado por la petición fiscal de «atentado a la autoridad» y con petición de condena a 21 meses de prisión.
La jueza estimó que las pruebas indican una resistencia a la autoridad, pero que las patadas y braceos del acusado para resistirse a la acción de los tres agentes de la Ertzaintza que intentaban reducirle suponen “una mínima violencia”, que pueden calificarse de actuaciones “defensivas y neutralizadoras” que “no alcanzan la entidad suficiente para integrar el tipo penal de atentado, pero sí permite subsumirlas en el delito de resistencia a la autoridad”.
Sin embargo, a pesar de que se acreditó que «no hubo ningún tipo de atentado», la condena no se retiró, sino que se re-sustituye por una de «resistencia a la autoridad» que disminuye el montaje policial a seis meses de cárcel y al pago de 1.476 euros por responsabilidades económicas por lesiones a los tres agentes implicados, por lo que multa al trabajador con una cuota diaria de 10 euros durante un mes por cada uno de los tres delitos, es decir, 900 euros. Además, deberá indemnizar a cada agente con 180, 252 y 144 euros, respectivamente. En total, 1.476 euros, la misma cantidad solicitada por la Fiscalía.
El sindicato ELA ha anunciado que recurrirán la sentencia, pues consideran que si se ha desestimado atentado a la autoridad, que era el motivo por el que se le juzgaba, debería quedar absuelto. Asimismo, el sindicato ha destacado que, durante el juicio, los agentes se contradijeron en varias ocasiones al explicar lo sucedido y al hablar de las acusaciones.
Finalmente, han anunciado que, los próximos meses, se celebrarán más juicios contra seis trabajadores y trabajadoras de la plantilla que también estaban secundando la huelga. «Estos procesos judiciales contra los y las trabajadoras y el intento de criminalizar la lucha obrera deben cesar ya».
-Un sindicato policial pide al fiscal que acuse de intento de homicidio a los huelguistas del metal de Vigo.
La Confederación Española de Policía (CEP) dice que varios agentes resultaron heridos con tornillos y «foguetes» en las protestas del sector.
CEP ha pedido a la Fiscalía que impute delitos de intento de homicidio a los huelguistas del metal que hirieron a varios agentes antidisturbios tras lanzar contra ellos unas bombas de palenque a las piernas y tornillería en Vigo.
La CEP indica que varios agentes resultaron heridos de diferente consideración al recibir en sus piernas petardos o bombas de palenque. Se preguntan qué hubiera pasado si una varilla alcanza el cuello de un agente. A mayores, les acusan de arrojar artefactos caseros y tornillería que ha agujereado varios vehículos policiales. «Y es que los petardos usados y unidos a la tornillería dan como resultado una bomba con metralla», sostienen.
…Nada hablan del empleo, por su parte, de botes de humo, balas de foam, pelotas, porrazos, culatazos. Nos preguntamos qué hubiera pasado si…
Explotación e insulto:
-El hostal donde se alojó “toda la mierda de Sevilla” durante el confinamiento. ¿Por eso los explotaban?
La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para el gerente y el recepcionista del establecimiento, donde el Ayuntamiento metió a 120 sin techo cuando se decretó el estado de alarma, por explotar a varios de ellos.
El Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del estado de alarma y el confinamiento, instaló en el hostal en marzo de 2020 a algo más de 120 sin techo para sacarlos de la calle. La situación fue tan mala en aquellos meses de encierro obligatorio que algunos de los alojados calificaron en el juicio la experiencia como “un infierno”. Lo hicieron ante el tribunal que está enjuiciando a los responsables de la explotación laboral. La Fiscalía los acusa de aprovecharse de “la vulnerabilidad y necesidad” de quienes residieron allí para hacerles trabajar en unas condiciones “abusivas y draconianas” y engañarlos con falsas altas en la Seguridad Social. La respuesta de los encausados es que el Ayuntamiento les mandó “toda la mierda de Sevilla” y que ellos ni prometieron contrato alguno ni hicieron trabajar a nadie.
La acusación pública pide un año y medio de cárcel para A.G.N., gerente y administrador del hostal, y S.G.C.M., recepcionista y mano derecha del primero, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Los hechos, según su escrito de calificación provisional, ocurrieron entre marzo y julio de 2020. El negocio había “concertado” con el Ayuntamiento que se alojasen allí personas que vivían en la calle, sin recursos económicos ni trabajo, y el propietario y el otro acusado, “de común acuerdo”, contrataron los servicios de algunas de ellas y les impusieron “condiciones laborales y de Seguridad Social absolutamente abusivas y draconianas con vulneración de los más elementales derechos reconocidos por la legislación vigente”.
En el juicio de la Audiencia de Sevilla, el gerente se declaró no culpable y explicó que, más que un convenio con el Ayuntamiento, lo que ocurrió fue que la empresa que gestiona la Unidad Municipal de Emergencias Sociales (Umies) “llamó, preguntó si teníamos alojamiento y en pocas horas se presentaron allí varias personas”. El coordinador de esa Unidad, que compareció como testigo, concretó que fueron 126 personas “en riesgo de exclusión social”, es decir “sin hogar, con problemas asociados de adicción, enfermos mentales y, en definitiva, en situación de vulnerabilidad”. “Yo trabajo con tres establecimientos, pero los demás habían cerrado y este era el único abierto”, añadió. Por cada alojado, el Ayuntamiento pagaba al hostal una media de 40 euros al día que abarcaban la residencia, la manutención y la lavandería.
El administrador del hostal siguió insultando cuando definió a quienes entraron en su establecimiento. “Había gente que llevaba años sin cagar en un váter y sin ducharse”, dijo. También negó la mayor, esto es, que hubiese ofrecido trabajo a algunos de ellos. Su versión es que varios alojados se ofrecieron “voluntariamente” a realizar tareas del hostal “para pagar sus cosas y sus vicios”. “A lo mejor les daba una propinilla por limpiar lo que habían ensuciado”.
El tono de la declaración, que no fue precisamente blando, subió todavía más a medida que se sucedieron las preguntas de la fiscal. “Utilizamos todas las herramientas posibles para mantener la paz y el orden. Usted allí no habría durado diez minutos”, le espetó. “Se pasaban el día bebiendo litronas, fumando porros, dejando todo lleno de gargajos y mocos… Les pedíamos que por lo menos lo limpiaran”, relató. “Si querían entrar en la cocina y pelar una patata, los dejábamos por respeto, a pesar de que tenían las manos negras o que echaban un pestazo que tiraba para atrás”, agregó. “Aquello fue un infierno”, sentenció el gerente, que también defendió al otro acusado porque pasaba más tiempo en el hostal: “Lo que ese hombre ha vivido es para que le pongan una calle en Sevilla. Se jugó el pellejo más que todos los médicos de España”, dijo.
El listón que había dejado el primer encausado no bajó en la declaración del segundo. Primero aclaró que él sólo era el recepcionista aunque, como estaba allí muchas horas, actuó a modo de “mediador o filtro entre los habitantes del hostal y el dueño”. Después entró en detalles. “Toda la mierda de Sevilla la tenía metida en el hostal. Mucha gente llevaba años sin sentarse a comer con un cubierto. Tenían miedo de volver a la calle porque allí habían encontrado un hogar”, explicó. “Muchas personas hacían caso omiso de lo que se les decía. La mayoría de las veces se ofrecían a hacer cosas para pagarse sus vicios, pero ninguno trabajó por la noche o en un horario extraordinario”, prosiguió. Y cuando se le preguntó si les habían ofrecido contratos ilegales, fue rotundo: “Para nada”.
Las tres víctimas que declararon ante el tribunal (dos marroquíes y una colombiana) llevaron la contraria a los acusados y denunciaron que les hicieron firmar lo que ellos creían que eran contratos laborales legales. Después comprobaron que jamás habían estado de alta en la Seguridad Social. Sólo uno de ellos lo estuvo, pero cotizó dos horas diarias cuando en realidad trabajaba “todo el día” como cocinero. Todos recibían 100 euros a la semana. Cuando uno de ellos fue hospitalizado al inhalar los vapores de productos para la piscina, ellos y varios más se decidieron a mandar un escrito al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento. “No merecíamos vivir en ese infierno”, proclamó el cocinero.
En: Diario de Sevilla.
Sinvergüenzas descarados:
-Los constructores asturianos piden recortar en sanidad y educación para invertir en obra pública: “La sanidad está muy bien pero es cara”
Joel García, presidente del CAC-Asprocom, ha hecho esta petición al ejecutivo en la clausura de su Asamblea General y sobre las partidas educativas ha dicho que “con menos niños, no puede costar más”.
La patronal asturiana de la construcción lo tiene claro, necesita más inversión. Y para ello han puesto una fórmula contundente sobre la mesa: recortar el gasto público en sanidad y educación y trasvasarlo a las partidas de inversión en obra pública.
Lo ha expresado el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, en la clausura de su Asamblea General.
“La sanidad (pública) es un gran servicio y está muy bien, pero la realidad es que cuesta mucho”, ha asegurado y además ha hecho cuentas, “si se es capaz de rebajar un 5% el gasto, se recupera un montón de dinero”, ha sugerido. En educación pública la cuestión es clara, para Joel García “sin rebajar servicios, entiendo que, con menos niños, no puede costar más”.
