Movimiento obrero. Su brutal situación:
Deuda pública:
-Los intereses de la deuda pública española superan los 31.000 millones €, más que el gasto en prestaciones por desempleo (… y subiendo)
El 27 de julio de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) volvió a subir los tipos de interés por novena vez consecutiva, hasta el 4,25%. Este aumento no sólo encarece las hipotecas. También dispara los intereses de la deuda pública, que en el Estado español alcanzó el 113% del PIB el pasado mes de marzo, hasta los 1,53 billones de euros.
Según las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado, los intereses de la deuda pública alcanzarían los 31.275,10 millones de euros en 2023. Para hacernos una idea de lo que supone esta cuantía, es considerablemente más de lo que se gastará en prestaciones por desempleo (21.278,02 millones de euros). Pero muy probablemente la cifra será mayor, pues las previsiones presupuestarias para este año se presentaron en octubre de 2022, cuando los tipos estaban aún al 2%.
De hecho, si el Gobierno ha calculado que el gasto en intereses de la deuda suponga un 2,4% del PIB en 2023, para 2026 prevé que destinará nada menos que el 2,9%, lo que excederá de los 40.000 millones de euros, suponiendo que el PIB alcance los 1,42 billones de euros y la deuda pública el 106,8% del PIB dentro de tres años, según las estimaciones que figuran en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 remitida a la Comisión Europea (CE) el pasado mes de abril. El propio documento reconoce el impacto de la fuerte subida de tipos de interés del Banco Central Europeo y prevé a partir de 2024 un aumento moderado del gasto en intereses como porcentaje del PIB.
En su Informe sobre España 2023 del mes de mayo, la Comisión Europea advierte que “los riesgos a medio plazo para la sostenibilidad de la política fiscal son elevados en términos generales”. Además, sus previsiones estocásticas (estadísticas aleatorias) vuelven a advertir de la existencia de un riesgo elevado: “Estas previsiones señalan una probabilidad del 32% de que la ratio de deuda en 2027 sea mayor que en 2022, lo que conlleva un alto riesgo habida cuenta del elevado nivel inicial de deuda. Además, estas perturbaciones apuntan a una incertidumbre significativa en torno a las previsiones de deuda de referencia”, indican.
Ese mismo informe de la Comisión Europea refleja la evolución de la deuda pública española en los últimos años, que ha pasado del 40,7% del PIB en los años 2004-7 a superar el 100% en 2013-19 y sobrepasar el 120% en 2020. A ese subidón ha contribuido en gran medida el rescate financiero, sin que la banca española haya devuelto esa hipoteca a las manos públicas. Y ello bajo la estricta supervisión de la UE.
En el año 2012, a causa del rescate a la banca, el déficit público español escaló al 10,6%, el más alto de la UE, y la deuda pública se infló del 69,3% del PIB en 2011 al 84,2% en 2012, siendo la que más rápido creció entonces entre los Veintisiete. Mucho más recientemente, Bruselas obligó a incluir el desastre de gestión del banco malo (SAREB) en el cómputo de la deuda pública, lo que la hizo aumentar en cerca de 35.000 millones de euros, con lo que alcanzó el 120% del PIB en 2020, en plena pandemia de Covid-19.
Es curioso constatar cómo todos los organismos que advierten sobre la sostenibilidad de la deuda pública española hacen hincapié en el gasto en pensiones, pero no en los miles de millones de euros públicos que se han destinado gratis et amore para rescatar a la banca. Es el caso de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografía, del pasado mes de marzo, advierte que, a la altura de 2070, la deuda pública podría alcanzar el 186% del PIB y el déficit el 7%. E incide en el envejecimiento de la población, pero no en los desequilibrios financieros. Además, señala “la vulnerabilidad del país por el elevado nivel de deuda y déficit estructural” ante la reforma del marco fiscal europeo.
El más reciente número de Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), advierte de la necesidad de frenar el aumento del coste de la deuda por la subida de los tipos de interés y apunta “la vuelta a las reglas fiscales en Europa, el momento de restricción monetaria y la desaceleración prevista de la economía”.
Precisamente, la reforma de las reglas fiscales es una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023, que coincide con los resultados de las Elecciones Generales del 23 de julio. Así lo expone la Presidencia española del Consejo de la UE en su página web: “Trabajaremos para una adecuada revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y para una reforma de las reglas fiscales que permita superar la austeridad, aumentar la transparencia, y combinar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la correcta financiación de las transiciones verde y digital”.
Cabe recordar que en 2011, meses antes del rescate a la banca, PSOE y PP se pusieron de acuerdo para cambiar con agosticidad el artículo 135 de la Constitución Española, y así priorizar absolutamente el pago de “los intereses y el capital” de los créditos de la deuda pública. Dicha modificación del artículo 135 contradice la figura del interés general, que está protegida a lo largo de toda la Constitución Española, desde el 47, que se refiere al derecho a una vivienda digna y adecuada en el Título I, hasta el 128, que dice literalmente: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
“No hay dinero para lo social”:
-Mientras, militarismo desbocado:
El Gobierno autoriza un gasto militar extra de casi 9.000 millones de euros en el Consejo de Ministros.
La cantidad total aprobada el 12 de septiembre por el Gobierno en funciones es más del doble del gasto militar autorizado en los tres consejos de ministros anteriores. Casi 4.600 millones se destinarán a la compra de 25 aviones de combate. Otros 2.034 millones serán para la adquisición de 16 aeronaves.
Se ha autorizado un incremento de 8.747 millones. Son modificaciones presupuestarias que afectan a los ministerios de Defensa, Hacienda e Interior y que, como en anteriores consejos, comprometen partidas para varios años.
“Se requiere la adquisición de 25 nuevos aviones EF2000, motores y sistemas de apoyo a la misión asociados. A ello se añadirá un paquete logístico inicial y nivel de mantenimiento ML2 y dos sistemas de simulación de alta fidelidad, incluyendo su infraestructura”.
Otro gran gasto que sale de Hacienda es de 673,4 millones, entre los años 2023 y 2027. Consiste en la modernización del sistema NASAMS, que es “un sistema de misiles antiaéreos de altas prestaciones, de cota media-baja y proyectable, características que lo convierten en un elemento esencial para la defensa antiaérea y complementario de otros sistemas antimisil en servicio de media-alta cota”.
Del Ministerio de Defensa saldrán 2.441 millones de euros para engordar el gasto militar. Un acuerdo sobresale por encima del resto, el que “autoriza la celebración del contrato para la adquisición de un sistema aéreo de vigilancia multisensor para sustituir a los aviones de patrulla marítima (MPA) y vigilancia marítima (VIGMA)”. Supone la adquisición de 16 aeronaves, “se procederá a recuperar las capacidades militares necesarias para cumplir los objetivos de la OTAN para España, y poder seguir garantizando los compromisos nacionales adquiridos en el seno de la Alianza”. Su coste estimado es de 2.034 millones de euros.
Especulación:
-Volantazo legal del Gobierno de Ayuso para permitir a Almeida saltarse la Ley de Vivienda en los planes que tramita.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid cambian, a propuesta del Ayuntamiento, el dictamen de un informe emitido solo un mes antes sobre cómo interpretar la nueva norma aprobada en mayo por el Gobierno de Sánchez, que obliga a dedicar mayor porcentaje de pisos protegidos en cualquier desarrollo urbanístico.
Vía libre para que el Ayuntamiento de Madrid no aplique la Ley de Vivienda que el Gobierno nacional aprobó la pasada primavera en los proyectos urbanísticos que tiene en tramitación. Lo podrá hacer gracias a un cambio de criterio en los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid con tan solo un mes de diferencia y sin la firma de la jefa de Servicio Jurídico de esta institución, que avaló la posición contraria.
El principal cambio de la Ley de Vivienda era pasar del 10% al 20% de vivienda protegida en todos los proyectos, una modificación de relevancia que menguaba el aprovechamiento económico privado de cada operación.
*Foto: Derribo de las Cocheras de Cuatro Caminos, con el párrafo de la Comunidad de Madrid de junio que obligaba a cumpliar la Ley de Vivienda en todos los planeamientos.
Esquilmación minera:
-Imputados un empresario minero y un alcalde del PP en El Bierzo por una explotación en la frontera con Galicia.
La Fiscalía constata que se habían hecho rellenos en varios kilómetros de cauce con residuos mineros de la pizarrera El Poltrón tras la presión de las denuncias vecinales.
El Juzgado de Ponferrada ha llamado a prestar declaración en calidad de investigados al alcalde del Partido Popular de Oencia, Arsenio Pombo Ovide, y al empresario vinculado a la controvertida cantera de pizarra denominada El Poltrón, ubicada en el monte comunal de Gestoso.
Tras numerosas denuncias interpuestas por grupos locales y organizaciones ecologistas, la Fiscalía ha identificado indicios de posibles infracciones contra el entorno natural y los recursos naturales.
