Movimiento obrero. Su brutal situación:
Explotación laboral:
-600 empresarios fueron condenados penalmente en 2022 por explotar a trabajadores.
Un total 600 empresarios fueron condenados con sentencia firme en 2022 por delitos penales contra los derechos de los trabajadores. Es decir, por tener trabajando ‘en B’ a parte de la plantilla, por negarles cuestiones básicas como las vacaciones mínimas reconocidas por ley, por poner en peligro su integridad física al no cumplir con las protecciones y los protocolos de seguridad o coartar su libertad sindical, entre otros.
El INE ha actualizado el 25 de septiembre su estadística de condenados, elaborada conjuntamente con el Ministerio de Justicia, que revela un repunte en el número de este tipo de delitos del 6,6% respecto al 2021,
Estas estadísticas únicamente recogen delitos tipificados en el código penal, es decir, no computan aquellas faltas administrativas y las juzgadas por la vía de lo social, como los despidos nulos o la gran mayoría de indemnizaciones.
Por ejemplo, un caso de delito penal contra los derechos de los trabajadores sería el que recoge la sentencia publicada el pasado mayo y dictada por el juzgado de lo penal número 28 de Barcelona. En dicha ocasión, un empresario de El Prat de Llobregat fue condenado a tres meses de cárcel por amenazar a su plantilla con despedir a la mitad si votaban la lista de un sindicato en los próximos comicios sindicales. Un empleado grabó el alegato que lanzó a los empleados y el juez consideró probada la vulneración de derechos fundamentales.
Otro caso, pendiente todavía de juicio, del joven que murió en una fábrica de Cornellà atrapado por una máquina que no cumplía con los mínimos indispensables de seguridad, será otro sobre el que los tribunales deberán pronunciarse. Y determinar si, tal como ya interpretó la Inspección de Trabajo, existió una negligencia manifiesta por parte del empresario y que este fue responsable de la muerte del chico de 19 años.
Según los datos del INE del 2022, la gran mayoría de casos que llegan a juicio por la vía penal suelen resolverse con multas (31,7%). Las penas de prisión son más minoritarias (18% de los casos juzgados) y las condenas de corta duración: solo cuatro de los empresarios condenados tuvieron que pagar con más de dos años de cárcel por sus delitos.
Los datos publicados por el INE no recogen todavía la última reforma del código penal, aprobada por el Gobierno en diciembre del 2022 y que tipifica explícitamente el empleo reiterado de falsos autónomos por parte de una empresa o empresario como delito penal. Afecta a miles de repartidores de Glovo y otras empresas.
-La infamia empresarial no tiene límites
(Homenaje a Inma, trabajadora de Konecta muerta en su puesto de trabajo)
Francisco García Cediel. En El Otro País n.º 107, sep-oct 2023.
Pongamos que hablo de una empresa al azar; Konecta, una multinacional con presencia en 24 países y más de 200 centros, donde se trabaja en 30 idiomas diferentes, y cuyos tentáculos alcanzan una red superior a los 130.000 empleados, entre EEUU, Europa, Centroamérica, Sudamérica, y países africanos como Marruecos o Madagascar. El negocio va bien. Su EBITDA, la cifra del volumen de ganancias antes de aplicarles los impuestos correspondientes, es de 148 millones de euros, de acuerdo a los datos de 2021. Ese ejercicio lo cerró la empresa con una facturación en el Estado español próxima a los 920 millones de euros, en un incremento notable con respecto a los anteriores años.
Konecta forma parte del gigante internacional del sector Comdata, resultado de diversas fusiones de fondos de inversión y con intereses en diversos sectores: Así, el fondo de capital riesgo Intermediate Capital Group (ICG) tiene intereses en la cadena de residencias Domus VI, muy señalada en la pandemia en Madrid, Galicia, León, Alcoy y Vila Real entre otras, con denuncias penales por medio debido a la gran mortandad de residentes durante ese periodo.
Con semejantes antecedentes no puede extrañarnos que Konecta haya acumulado en sus décadas de actividad multitud de condenas laborales, por su actuación sistemáticamente arbitraria y atentatoria contra los derechos laborales, incluyendo la lesión del derecho a la libertad sindical de dos teleoperadoras en el centro que la compañía tiene en la localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla), según sentencia condenatoria de un Juzgado de Sevilla del presente año, por haberles descontado los salarios de las horas dedicadas a su actividad como Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales.
La noticia que pone a prueba nuestra confianza en la humanidad surgió el pasado 13 de junio, sobre las 14:00 horas, una empleada falleció de forma repentina mientras desempeñaba sus funciones en el puesto de trabajo, en las instalaciones de Grupo Konecta BTO, ubicadas en el distrito San Blas-Canillejas en Madrid. La empresa, según han denunciado varios sindicatos, obligó al resto de empleados a seguir atendiendo llamadas durante más de dos horas, con el cuerpo de Inma yaciendo a su lado, al tratarse al parecer de un servicio esencial “como si de robots en lugar de personas se tratara”. Interesa señalar que el “servicio esencial” era la atención a clientes de Iberdrola.
Cuesta trabajo pensar que atender incidencias sobre la factura de la luz pesen más que el respeto a la vida de una persona; todas las religiones de la antigüedad muestran ciertas fórmulas de respeto y ritual ante el fallecimiento de un ser humano. Por ello, que en pleno siglo XXI se produzcan sucesos como éste pone de manifiesto la naturaleza vil de un sistema para el cual las personas trabajadoras son meros números que valen los beneficios que generan, y que son como tales prescindibles.
Una vez más la realidad desbarata la ilusión, fomentada interesadamente, del capitalismo de rostro humano; las compañeras de la finada han aprendido en esas dos horas más sobre la realidad de las relaciones laborales que muchas personas leyendo sesudos tratados de economía, y todos los mecanismos tendentes a deshumanizar la multitud de dramas personales que se producen cotidianamente, de modo que cenamos tranquilamente mientras nos hablan de los asesinados en la valla de Melilla, por poner un ejemplo, caen al ver el respeto de la empresa ante la muerte de una persona con quien han compartido labor y descanso.
Algo así me trasmitió una trabajadora que estaba en el momento de los hechos, y que me confesó entre llantos que se sentía muy mal por lo sucedido.
Desgraciadamente, sucesos como éste se producen con cierta cotidianidad: Trabajadores sin papeles abandonados por sus patrones en la calle tras sufrir un accidente de trabajo, mujeres abusadas en la recogida de la fresa de Huelva, jornadas agotadoras e interminables que propician gran cantidad de accidentes de trabajo; 274.993 el año 2022, de los cuales 679 fueron mortales (casi dos muertos diarios).
La voracidad empresarial no tiene límites, y cuenta para ello con la ayuda necesaria de una pléyade de mandos intermedios, coordinadores, capataces (salvo honrosas excepciones), elegidos entre personas de dudosa catadura ética y moral, y que ejecutan las directrices e instrucciones sin pensar que ellos mismos son un mero eslabón de la cadena, y por tanto también desechables.
Como señalaba un comunicado de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ¡Que la memoria de Inmaculada os persiga todos los días que os queden de vida! Nadie puede perder la vida en el trabajo, nadie puede fallecer para enriquecer a otros.
Racismo:
-Agresión racista en Barcelona de 4 agentes de seguridad de Renfe.
Un vídeo de seis minutos que circula por las redes deja buena constancia de una actuación desmedida de cuatro agentes de seguridad contra un joven negro en la estación de Plaça de Catalunya en Barcelona.
Cuatro agentes de seguridad se abalanzan sobre un chico negro que, presuntamente, intenta colarse en la Renfe en la estación de Plaça de Catalunya en Barcelona. “Dale, dale”, se escucha decir al joven, antes de que uno de ellos le enganche del cuello y le tire al suelo. Pasajeros y pasajeras allí presentes se arremolinan en torno a los agentes que mantienen al joven contra el suelo. Dos se montan sobre su cuerpo, otros dos agarran pies y manos. Tras cuatro minutos hincando rodillas, presionando, forcejeando y soltando algún golpe de porra, intentan ponerle las esposas. Los móviles no dejan de grabar la actuación de los agentes de seguridad, que trabajan para la subcontrata Sureste Seguridad, mientras se elevan los gritos de los allí presentes que piden que frene la agresión. Es miércoles 20 de septiembre, son las 18:30 y la sociedad ya no mira hacia otro lado…
