Movimiento obrero. Su brutal situación:
Suben las movilizaciones obreras:
-España, a la cabeza de Europa en participación en manifestaciones en la última década.
La Encuesta Social Europea, se elabora cada dos años con la participación de diversos organismos nacionales de investigación sociológica de 31 países, da datos que sitúan al Estado español en cabeza de movilizaciones en los últimos años.
En la última (de septiembre 2020 a septiembre 2022) el 20,3% de la población española mayor de 15 años dice haber asistido al menos a una manifestación pública autorizada en los doce meses anteriores, el mayor índice de participación recogido en todo el sondeo.
En la elaborada entre 2018 y 2020, España estaba situada en segundo lugar en número de asistentes a manifestaciones, con un 20,4% de la población mayor de 15 años, ligeramente por detrás de Islandia, con un 20,7%. Fue un dato muy coyuntural, debido a su mínima población.
Entre 2012 y 2014, España lideró ampliamente la participación en protestas en la calle, con un 27,5%. En las siguientes encuestas, fue el primer Estado entre 31 en número de movilizaciones.
Los temas laborales, que han aumentado un 10% (12.181 protestas) y los sanitarios, que han subido un 23% (2.334) constituyen dos de los motivos más habituales de las protestas en las calles españolas.
El segundo en importancia, el rechazo a medidas legislativas o políticas (3.801), sin embargo, bajó un 18,5%.
El pasado año, en España se comunicaron un total de 33.989 manifestaciones, un 2% más que en 2021, de las cuales únicamente 156 fueron prohibidas, según la última estadística del Ministerio del Interior, que no incluye datos de Euskadi y Catalunya, donde por cierto, fueron con diferencia las más elevadas.
Los asuntos vecinales (1.539 movilizaciones), baja un 7,5%; contra la violencia de género (1.136), crece un 5%; por la educación (699), aumentó un 10%.
Las comunidades donde se convocaron más protestas en 2022 —sin contar Euskadi y Catalunya, que no figuran en esta estadística—, son Andalucía, con 6.988 manifestaciones, Galicia (5.407), Madrid (4.251), País Valencià (3.054), Castilla y León (2.704) y Navarra (2.464).
Por provincias, A Coruña fue la que más protestas registró (3.498), seguida de Sevilla (1.913), Valencia (1.629), Cádiz (1.579), Pontevedra (1.242), Alacant (1.172) y Málaga (1.152).
Según Interior, en todas las manifestaciones se registraron 105 incidencias, 93 de ellas por cortes de tráfico y dos por actuaciones de las fuerzas de seguridad, la mayoría de todas en protestas que tuvieron lugar en Asturies.
–https://www.europeansocialsurvey.org/
Despidos y desprotección:
-Despido barato, recolocación difícil y protección muy escasa lastran el mercado laboral español.
Las normas laborales sitúan a los asalariados españoles entre los menos protegidos de Europa ante el cese de las relaciones laborales, con una reducción del importe de las indemnizaciones en los juzgados del 24% en dos años.
Las estadísticas oficiales recogen que entre un tercio y un 40% de los ceses conllevan una indemnización de solo 20 días de salario por año trabajado. Además, apuntan a que, en la mitad de los despidos el resarcimiento no pasa de los 33, con uno y dos años de sueldo, respectivamente, como límite.
El coste del despido se ha situado en los últimos meses como uno de los ejes del debate público, tanto en la vertiente social como en la política, a la espera de que un organismo europeo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR), dictamine si la normativa y la jurisprudencia españolas aplican de manera correcta el artículo 24 de la Carta Social Europea. Ese artículo de la Carta, un tratado internacional que se impone a la legislación local tras haber sido ratificada su adhesión por el Estado, reconoce el derecho de los trabajadores «a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello», ya sean por su actuación o por la situación de la empresa. Y, en caso de serlo, a recibir «una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada».
En el caso de España, la causalidad desapareció en 1977, cuando una reforma laboral preconstitucional liberalizó el despido e incluyó la «falta de adaptación» del trabajador como motivo de cese objetivo. Por su parte, las indemnizaciones quedaron fijadas en la reforma laboral de 2012, sin que la de 2021 lo corrigiera, en 20 días por año trabajado con el límite del salario de un año para el despido objetivo, en el que a priori se incluye el colectivo, y en 33 días y dos años para el improcedente.
La inmensa mayoría de los despidos que la Seguridad Social anota como disciplinarios, que no conllevan indemnización, son en realidad improcedentes, en los que el empresario reconoce ya de entrada esa improcedencia, y paga los 33 días por año trabajado en los que la ley tasa la indemnización.
A la hora de valorar el coste del despido en España hay que tener también en cuenta las indemnizaciones que aplican los juzgados. Estos registraron una caída del 24% entre 2020 y 2022, al pasar de 22.705 a 17.287 euros por asunto.
«Entre 2007 y 2023, los despidos por causas objetivas han sido uno de cada cuatro, mientras el 60% han sido improcedentes y en torno al diez restante, colectivos”.
En cuanto al Indicador de protección frente al despido, IPE, España tiene una calificación actual de 2 (frente al 3,55 en 1985) muy por debajo de las principales economías de la UE y de los países del sur, con Holanda en un 3.61, Portugal un 3.14, Alemania un 2.6, Francia e Italia un 2,56, o Grecia con un 2.45.
Nuestros gastos para sus gustos:
-Las millonarias pérdidas del Circuit de Catalunya, sostenido con crecientes aportaciones públicas.
El Gran Premio de España de Fórmula 1 de Montmeló acumula pérdidas millonarias y se sostiene gracias a las aportaciones públicas, fundamentalmente de la Generalitat.
El Circuit de Catalunya encadena números rojos desde 2009 y solo en la última década -entre 2013 y 2022- superan los 61,5 millones. Paralelamente, el volumen de dinero público que se destina a él ha ido aumentando, hasta rebasar los 142 millones desde 2013. A la cifra se tendrían que añadir las diferentes ampliaciones de capital que se han hecho en los últimos años, sostenidas también por el Govern.
La instalación está gestionada por Circuits de Catalunya SL, una sociedad público-privada controlada fundamentalmente por la Generalitat. En concreto, el Govern posee el 78,3% -ya sea directamente o a través de la empresa pública Avanza-, mientras que un 14,4% está en manos del RACC y el 7,2% restante del Ayuntamiento de Montmeló, el municipio de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) donde se ubica.
El peso societario de la Administración autonómica ha ido a más a raíz, precisamente, de sucesivas ampliaciones de capital para compensar pérdidas. El conseller de Empresa i Ocupació, Roger Torrent, es el actual presidente del Circuit.
Para defenderse de las críticas, en su último plan estratégico, dicen que la actividad del Circuit tiene un impacto económico anual de 326 millones, un volumen que contribuye a generar «un total de 2.670 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo anual». Cuentan los montajes de los grandes premios de Fórmula 1 y de MotoGP, que ocupan el 75% de los ingresos totales del Circuit.
Callan que La Fórmula 1 es la más cara de mantener, puesto que el canon que se tiene que pagar a Formula One -la empresa organizadora del campeonato- para acoger el certamen supera los 20 millones anuales, una cifra que no se cubre únicamente con la venta de entradas. De hecho, las cuentas anuales del año pasado muestran que por esta vía en 2022 la Fórmula 1 aportó solamente 14,28 millones a las arcas del Circuit. Callan también que sin los 142 millones de dinero público el chiringuito habría cerrado hace años. Blanquean que todo ese gasto lo supone el 18% del total de días del año en torno a las grandes competiciones, mientras el 68% de días tiene otros actos de alquiler. Sólo el 7% de días del año está en desuso. Obras y reparaciones otro 7% de días al año.
Ah, claro, el debate y las cifras se han sabido porque el Circuit tiene garantizado acoger la competición en 2024 y 2025, pero según la prensa la situación cambiaría a partir del 2026, cuando aterrizaría en Madrid, que realizaría una inversión millonaria -se habla de 100 millones- para acondicionar un trazado semiurbano alrededor de Ifema, su recinto ferial. Saben que el nuevo ostión, sea en Catalunya o Madrid, lo cubrirá con creces el dinero público.
Privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, asumidas siempre con dinero público.
–https://www.circuitcat.com/wp-content/uploads/2022/11/Presentacio_PlaEstrategic_Circuit-1.pdf
