Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga y protestas en el almacén de Merkal Calzados, en la Muela (Zaragoza)
Los 65 trabajadores del único almacén de Merkal Calzados para sus 200 tiendas en España, exigen el cumplimiento del convenio.
Se movilizaron el 27 de febrero, el 4 de marzo hicieron jornada de huelga y siguen con las protestas.
El pasado año se firmó un convenio 2023-2026 con unos incrementos salariales, que la empresa está ahora detrayendo de otras retribuciones.
Así mismo también demandan la adecuación de las instalaciones para minimizar el estrés térmico, especialmente en los meses de verano donde se alcanzan temperaturas de 37º grados centígrados en el almacén.
-Los trabajadores de la limpieza de Avilés harán huelga indefinida desde el 25 de marzo si no hay acuerdo.
Se concentraron ante el Ayuntamiento el día 4 y el 18 han convocado una manifestación por las calles de Avilés.
Para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, estancada desde el año pasado, y en la que la plantilla reclama un aumento de los salarios y un reajuste de la carga de trabajo.
El comité de empresa de Urbaser, empresa que gestiona la limpieza y recogida de residuos en la ciudad asturiana, convoca para el lunes 25 huelga indefinida.
-Trabajadores de Bilbobus iniciarán una huelga indefinida a partir del 9 de abril en defensa de su convenio.
Hasta esa fecha, siguen los paros parciales y las movilizaciones. Los días 5, 11, 18, 20, 25 y 27 de marzo.
El 29 de febrero, ocuparon el salón de plenos del Ayuntamiento de Bilbao y mostraron unas camisetas del conflicto, y tras la advertencia de la alcaldesa en funciones, fueron desalojados por la policía municipal.
La reivindicación fundamental es la de que se cumpla el convenio, aunque también se demanda una modifiquen de los contratos, que se cumplan las sentencias firmes, que a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal «no se les minorice las pagas extraordinarias» o que se actualicen los salarios que no han sido actualizados desde diciembre del 2021.
Despidos:
-La multinacional Envases Universal presenta un ERE para el despido de 68 trabajadores.
50 de ellos en la planta de Ugao, Bizkaia, donde contaba hasta ahora con 108 trabajadores y otros 18 en la planta de Montmeló, Barcelona.
En Ugao realizaron jornada de huelga el 7 de marzo, y continúan las movilizaciones.
Envases Universal es una multinacional que tiene siete centros de trabajo en España y que se dedica a la fabricación de recipientes y envases metálicos.
-Magic World, ERE en el complejo residencial de Orpesa y dos hoteles en Vila-real.
Propuso 76 despidos ERE, de 104 trabajadores en total en ambas localidades de Castellón.
Ahora propone negociar de forma individual con 49 de los 76 trabajadores afectados por el expediente para una posible conversión de fijo a discontinuo, estudia la posibilidad de una subrogación de 14 en externalizaciones previstas de servicios y el despido directo de 13 trabajadores.
Pensiones:
-El Gobierno deja en manos de la patronal la jubilación anticipada de los trabajadores en sectores de riesgo.
El Ministerio de Seguridad Social contraviene al Tribunal Supremo, que en 2023 dictaminó que no es necesaria la presencia de la patronal para incoar el procedimiento de estudio para la aplicación de los coeficientes reductores.
Desde 2011, el Ministerio de Seguridad Social no aprueba coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada sin penalización económica en los sectores con un elevado índice de siniestralidad y morbilidad. Y guarda las peticiones sindicales que recibe en un cajón —amianto, petroquímicas, hierro colado, bomberos forestales, limpieza, etc.—, excepto una: la de las policías locales.
Desde entonces, el sindicato CGT pleitea contra la “dejación” del Ministerio de Seguridad Social. Concretamente, contra la normativa “vaga y generalista” que aquel año reguló la legitimidad para instar un procedimiento para la aplicación de los coeficientes. Era la crisis económica y José Luis Rodríguez Zapatero endureció el acceso a una pensión digna y alargó la edad de jubilación.
En esta nueva legislatura, el Ministerio de Seguridad Social se ha propuesto afinar la norma, sobre la que ha habido dos cambios —2015 y 2021—. Pero pretende hacerlo mediante un real decreto, cuyo borrador contraviene al Tribunal Supremo en su sentencia nº 1333/2023 del 29 octubre. El Supremo validó la pretensión de CGT de instar procedimientos sin necesidad de hacerlo junto con la patronal del sector, porque lo contrario vulnera el derecho fundamental de libertad sindical de los trabajadores, dictaminó la sala de lo contencioso. A pesar de ello, el Gobierno pretende consolidar los últimos cambios normativos y dejar en manos de la patronal la jubilación de los trabajadores de sectores de riesgo.
El borrador del proyecto de Real Decreto apenas tiene 24 páginas. Está fechado el 1 de febrero y lo firma la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Tiene tres artículos clave: en el 8 establece la legitimidad para presentar una solicitud —sindicatos “junto con” patronales—, el 12 sirve para amparar el silencio administrativo —si en seis meses no hay respuesta, se desestima la petición y no es necesario siquiera que se efectúe un estudio— y el 14 desgrana los motivos que justificarían la aplicación de los coeficientes. Están claramente unidos a sectores masculinizados, por lo que el propio borrador añade una frase en la que la sugiere que se podrán añadir “otros criterios de interés” y “la dimensión de género”. Para la Seguridad Social, las trabajadoras son sujetos de derecho de segunda clase.
Fondos Next Generation:
-El 70% de los fondos europeos acaba en empresas privadas.
El 0,1% de esas empresas, tan solo 154, se lleva el 42% del total que se reparte a todas.
Las entidades privadas se llevan cerca de 29.000 de los 32.925 millones que se han concedido hasta el momento.
Lo concedido es el 41% del total.
Si el Estado central concede una transferencia directa a una comunidad autónoma o a un ayuntamiento, aquellos análisis con trampa concluían que ese dinero se quedaba en la administración pública y “no llega al sector privado”. Es decir, suponían que si se le daba una subvención, por ejemplo, para poner puntos de carga de vehículos eléctricos a la Comunidad de Madrid significaba que el dinero acababa en una administración pública, sin tener en cuenta que luego la administración regional sacaba a concurso dicho proyecto y era finalmente una empresa privada la que lo gana y acaba recibiendo los fondos europeos. Una trampa que sirvió para que muchos medios y perfiles del Partido Popular crearan esa narrativa falsa de que los fondos se quedaban en lo público y no llegaban a las empresas. Totalmente falso.
Los grandes beneficiados, las manos privadas de siempre…
–https://www.elsaltodiario.com/next-generation/70percent-fondos-europeos-acaba-empresas-privadas
