Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-Un cocinero muere por «colapso laboral» en Granada mientras trabajaba.
En la tarde del 27 de marzo, en un céntrico restaurante de la zona de Plaza Nueva de Granada, un cocinero de 52 años caía desplomado en su puesto de trabajo, sin que sus compañeros ni los servicios sanitarios pudieran hacer nada para reanimarle.
La autopsia que se le practicó confirmaba, al día siguiente, que la muerte se debió a un ataque al corazón, que sus compañeros vinculan directamente con el «estrés y la carga laboral» que sufría este profesional.
«Sabemos que el accidente laboral por colapso cardíaco se produjo entorno a las 19 horas y que el trabajador empezaba su turno a las 10 horas y tenía previsto prestar servicio hasta el cierre del local a media noche».
Los sindicatos vinculan la muerte de este cocinero, que tenía esposa y un hijo, con el «colapso laboral» y han denunciado el incumplimiento del convenio de forma generalizada en la hostelería con trabajadores «que sufren en silencio horarios incompatibles, en muchos casos, con la salud laboral».
Despidos:
-Majorel, otros 133 despidos.
Se despidió octubre de 2023 con huelgas de dos semanas de los trabajadores de Majorel tras el ERE que abarcaba a 223 trabajadores despedidos.
En marzo de este año, la compañía Majorel S.P Solutions, dedicada a la atención telefónica de clientes, anunció otro ERE de despido colectivo definitivo para otros 133 trabajadores. Los despidos afectarán a las sedes de la empresa en Barcelona, Jerez de la Frontera, Madrid, Zaragoza y Salamanca.
-Juguetes Poly, cierra, 110 trabajadoras despedidas.
La empresa juguetería Poly ha tomado la decisión de solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de mercantil de Madrid y anuncia el despido de sus más de 100 trabajadores.
Tras la campaña de Navidad 2023, cerró en números rojos con 2,3 millones de euros de pérdidas.
Contaba con 26 tiendas o distribuidores en todo el Estado. Sobre todo en Madrid, Andalucía y Valencia, pero también León, Compostela, Oviedo o Barcelona.
-Cerámica de Castellón: Ceracasa prepara ERE para el 80% de la plantilla.
Se agrava la crisis en la cerámica de la provincia. Ahora, Ceracasa, plantea ERE de despido a 80 trabajadores.
De esta manera, la firma vería reducida su actividad en mínimos, con un pequeño porcentaje de trabajadores para mantener lo pendiente.
-Tres camareras de piso denuncian a un hotel de 4 estrellas de Granada tras despedirlas por sindicarse.
La empresa, el hotel Urban Dream Granada, les echó un día después de crear una sección sindical con la que pretendían pedir explicaciones sobre la pérdida de parte de sus salarios y el convenio colectivo.
Los despidos, que tuvieron lugar hace un mes, han llevado a las extrabajadoras del Hotel Urban Dream Granada a movilizarse junto con el sindicato Coordinación Sindical de Trabajadores/as de Andalucía (CSTA) a las puertas del local para, junto con la denuncia, solicitar que los despidos se declaren nulos.
Realidades. Reportaje:
-Trabajadoras del Hogar: «Muchas se están yendo ahora de internas por 700 euros al no poder pagar la habitación»
La escasa remuneración, unida a las duras condiciones de vida en pisos compartidos, empuja a mujeres migrantes a irse de internas por 700 euros al mes (un 40% menos del SMI) aun contando con permiso de trabajo.
«Cuidamos a vuestros mayores, limpiamos vuestras casas, criamos a vuestros niños, pero hasta hace nada éramos invisibles», afirma Erika, una trabajadora del hogar que migró de Bolivia a Iruñea. Su cojera –sufre una discapacidad del 34%–, no la apoca. «Siempre he dicho que si yo voy al infierno, al puro fuego, saldría de ahí. Para mí no hay imposibles», manifiesta orgullosa.
Erika tiene sangre luchadora. «Veo por aquí a muchos de la Cochabamba. ¿Sabes por qué han venido? Por la Guerra del Agua. Las empresas vinieron a quitarnos el agua a Bolivia». Ella es paceña, de la capital. «Los hombres y mujeres de La Paz somos luchadores. Derrotamos al Gobierno, y lo voy a decir, nazi de Gonzalo Sánchez. Nos metieron al Ejército y lo derrotamos».
Ahora trabaja media jornada en un colegio y la otra media limpiando casas. Gana poco más de mil euros. Hasta hace poco pagaba 450 euros por una habitación donde dormía con su hijo de doce años. Perdió a su marido el año pasado. «Murió mi otra mitad. Me ha tocado ser madre y padre», se lamenta.
Esta boliviana es una de las impulsoras de Thycna, siglas de la asociación Trabajadoras de Hogar Y Cuidados (migradas y autóctonas) de Navarra, creada recientemente. Cuentan hoy con una treintena de miembros que se articulan a través de Whatsapp para canalizar las denuncias del colectivo y poner altavoz a sus problemas, como el de la vivienda.
«Subalquilamos habitaciones porque nuestras mismas compatriotas que logran alquilar un piso, lo realquilan. Hay quien aprovecha mucho. Si vas a vivir con un hijo, te piden más dinero por la habitación que si estás sola», afirma Erika. «En un mismo piso te encuentras con cuatro familias y, en una sola habitación, pueden vivir cuatro o cinco personas».
A esto hay que sumar otros abusos del casero con el que conviven, como prohibiciones de acceso a la cocina, al frigorífico y restricciones de uso de agua incluso para lavarse. «Es duro compartir», confiesa. No dice más y no hace falta.
*De internas y sin derechos
Erika asegura que la carestía de la vivienda está empujando a estas mujeres a irse de internas, incluso cuando disponen de permiso laboral. En los pueblos suelen encontrarse las situaciones límite, donde no se respetan ni salarios ni descansos ni vacaciones, con el agravante de que se aíslan más de la comunidad de compatriotas.
«Como la gente no puede pagarse una habitación y en los pisos se está tan mal, muchas están aceptando irse de internas a pueblos por 700 euros», asegura.
Piedad, otra trabajadora del hogar recién incorporada a Thycna, corrobora este testimonio y este salario que está un 40% por debajo del SMI. «La gente tiene mucha necesidad. Todas venimos aquí con una deuda que contrajimos para marcharnos. Está la familia… pero a las que llegan sobre todo les apremia la deuda. Por eso trabajan de domingo a domingo».
Piedad y Erika se ponen a hablar de conocidas en esa situación y sale la historia de Adela, a quien Erika tiene en su grupo de Whatsapp ‘Mujeres Fuertes Siempre Unidas’. «Es de Guatemala y creo que gana 900. Ahora está en un pueblo y solo sale una vez al mes. No tiene papeles. Tengo que indagar más sobre ella. Creo que las está pasando mal».
Luego comentan el caso de María (nombre falso, como el de Adela), que aunque tiene documentos ha aceptado condiciones similares.
«A ver, ella trabaja porque tiene mucha carga. Se queda los fines de semana por un poco más. Las dos horas que le corresponde salir a diario también las trabaja. Son siete euros la hora y por esos 14 euros no sale de la casa [tras la última subida del SMI, estas trabajadoras deberían cobrar 8,87 euros/hora]. Creo que debe 15.000, pero además tiene cuatro hijos y manda dinero a su país».
Erika asegura que María quiere sacarse el DNI, pero no sabe leer y tiene miedo de no superar la prueba. Esta situación le impide conseguir un trabajo mejor. «Son las necesidades y las circunstancias de la vida las que te llevan a aceptar ese tipo de trabajos», sentencia…
Corrupción:
-Residuos en manos de Desokupa.
La Xunta autoriza al dueño de la principal empresa gallega de desocupación la gestión de residuos industriales.
La sociedad Residuos y Reciclajes de Santiago realizó sin autorización actividades de almacenamiento y tratamiento de residuos y la instalación de un vertedero incontrolado de residuos hasta que fue precintada por la inspección urbanística.
El Gobierno gallego autorizó al dueño de la principal empresa gallega de desocupación la gestión de residuos industriales al menos desde 2016 y con la intención de que pueda seguir ejecutando estos trabajos hasta la próxima década. De esta forma, la sociedad Residuos y Reciclajes de Santiago, administrada por Francisco Javier Fernandez Ulfe, dueño también del entramado de empresas que está detrás de la marca Desokupa 24 horas, réplica asentada en Galicia del grupo de ultraderechistas Desokupa, podrá llegar hasta 2030 encargándose de gestionar estos residuos contaminantes con el visto bueno de la Xunta de Galicia.
Esta misma empresa fue acusada por el Ayuntamiento de Teo (A Coruña) en 2020 de instalar “un vertedero incontrolado” de residuos “sin un adecuado proceso de clasificación, tratamiento, valorización y almacenamiento”, tras una investigación de la inspección urbanística.
De esta forma, la empresa Residuos y Reciclajes de Santiago está autorizada por el Gobierno gallego de Alfonso Rueda a tener en su haber un vertedero para tratar estos residuos con una capacidad de 90.000 toneladas al año, uno de los 15 más grandes de entre las decenas de recintos habilitados para ello…
–https://www.elsaltodiario.com/galicia/xunta-empresa-desocupacion-residuos-industriales
-Los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos.
EY pone salvedades a Proactinmo, la inmobiliaria de la familia Revoredo, por no facilitar información de una filial en Florida que ha invertido en cuatro inmobiliarias en el refugio fiscal de Delaware.
Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.
La firma EY ha puesto salvedades en su auditoría a las cuentas del ejercicio 2022 de esa inmobiliaria, Proactinmo. Esta empresa pertenece a la patrimonial de los Revoredo, Gubel SL. Es dueña de un importante patrimonio inmobiliario en Madrid y es el casero del gigante de la seguridad privada en varios de sus inmuebles en la capital de España.
Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la situación de Proactinmo US, Corp, una filial de Proactinmo que se creó en Estados Unidos en el año 2021 y que desde entonces ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware.
Según explica EY en su auditoría, la española Proactinmo recoge en sus cuentas la inversión en el capital de esa filial por su coste de adquisición, de unos 22 millones de euros. Pero deja entrever que esa cifra puede no corresponder con la realidad…