Movimiento obrero. Su brutal situación:
Amianto mortal y vividores:
-Dos detenidos por falsificar formación en retirada de amianto.
Un hombre y una mujer, también falsificaban certificados médicos y se hacían pasar por una empresa con sede en Zaratán, Valladolid.
Solo han sido acusados de delitos de falsedad de documentos públicos y de usurpación del estado civil. Están en libertad.
Ambas personas fueron detenidas en el marco de la una operación cuyas investigaciones comenzaron a primeros de marzo tras la presentación de una denuncia de una mercantil de Ciudad Real dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales y la formación en esta materia. Esta empresa informó de que dos empresas ubicadas en Zaratán dedicadas a la retirada y gestión de amianto emitían certificados de formación y de aptitud médica falsos, lo que ponía en grave peligro la salud de los trabajadores ya que el amianto es un producto peligroso que puede producir enfermedades peligrosas, como asbestosis, placas pleurales o mesotelioma, entre otras enfermedades.
El modus operandi de los autores era aprovechar la condición de clientes de la empresa que emitía los certificados de prevención de riesgos laborales y formación en prevención, para falsificar sus logos, nombres de los trabajadores y horas de formación realizados por varios trabajadores, y los propios certificados de aptitud médica.
Posteriormente, falsificaban la firma de un médico colegiado, que no trabajaba para la empresa que emitía dichos certificados que eran necesarios para poder realizar la actividad de retirada de amianto.
Huelgas:
-Los trabajadores de Arrecife Bus irán a la huelga a partir del 15 de abril si no se respeta su descanso imprescindible.
Los trabajadores de la concesionaria del transporte interurbano de Lanzarote, presentan preaviso de huelga indefinida a partir de mediados del mes de abril, si no se alcanzan acuerdos que garanticen los descansos que les corresponden por seguridad.
Reivindican el derecho a un fin de semana libre al mes y que se respete el derecho al descanso diario de 30 minutos, al haberse reducido a 15 en un periodo de ocho horas jornada y de forma unilateral. «Los trabajadores apenas tienen tiempo para realizar funciones básicas de aseo o alimentación y carecen, además, de lugares preparados para ello». «La fatiga mata en carretera, por lo que tacha de temerario el que la empresa trate de hacer negocio con los descansos».
Despidos:
-H&M oficializa el ERE para 588 trabajadores y el cierre de 30 tiendas.
La multinacional de moda sueca, certifica el cierre de 30 tiendas y el ERE de negociación en septiembre de este año.
En el otro gran ERE que se produjo en 2021 se despidió a 349 trabajadoras. Los trabajadores ya advirtieron entonces que la empresa dejó la estructura laboral «muy debilitada» y 3 años después, los cierres y despidos continúan.
Ahora, con algo menos de 4.000 trabajadoras, los locales que cierra H&M, con su consiguiente extinción de plantilla, están en:
- Grancasa (Zaragoza)
- L’Aljub (Elche)
- Espacio (León)
- Habaneras de Torrevieja (Alicante)
- Parque Almenara (Lorca)
- Mediterráneo (Almería)
- Torrelodones (Madrid)
- As Termas (Lugo)
- El Tormes (Salamanca)
- El Rosal (Ponferrada)
- Gran Vía (Vigo)
- Villamarina de Viladecans (Barcelona)
- Área Sur (Jerez)
- Las Dunas (Sanlúcar de Barrameda)
- Ballonti (Portugalete)
- Albacenter (Albacete)
- Añaza (Tenerife)
- Los Alfares (Toledo)
- Puerta Europa (Cádiz)
- Los Alcores (Sevilla)
- Camaretas de Golmayo (Soria)
- Nervión Plaza (Sevilla)
- Parque Melilla (Melilla)
- Dolce Vita (Ferrol)
- Ociopía (Orihuela)
- Calle del Mar (Badalona)
- Bisbe Lorenzana (Girona)
- Mayor (Palencia)
Derecho a vivienda digna:
-El racismo inmobiliario se ceba con las mujeres migrantes en toda España.
El informe de Provivienda ‘¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’ muestra la doble discriminación que sufren en este ámbito las mujeres racializadas en el Estado español.
Rondaba el 2008, el primer año de la gran crisis económica española, cuando Sefora acudió a una inmobiliaria en Fabero (León), para solicitar el alquiler de una vivienda donde residir junto con sus dos hijos pequeños. Lo hizo junto a la hija de la anciana a la que entonces cuidaba por 500 euros a jornada completa. Sefora, que es integrante de la plataforma Gitanas Feministas y activista por los derechos de las mujeres de esta etnia, tomó la decisión de buscar piso con la recomendación de una paya después de haber sido rechazada en múltiples ocasiones anteriores por propietarios e inmobiliarias debido a los prejuicios racistas que todavía recaen sobre su comunidad y que sitúan a las mujeres como ‘inquilinas sucias, descuidadas y alborotadoras’. “No te alquilan aunque tengas un contrato de trabajo porque piensan que vamos a robarles los grifos para venderlos, que vamos a meter muchísima gente o que no vamos a pagar el alquiler”, explica la activista.
Este no es, ni mucho menos, ni el único ni el primer caso por el cual una mujer racializada encuentra impedimentos para arrendar una vivienda en España. De hecho, según el último informe publicado por la ONG Provivienda, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, las personas no blancas sufren a diario factores discriminatorios que llegan a obstaculizar o incluso impedir su acceso a un hogar digno. La investigación señala que “la doble discriminación de las personas racializadas, que también atraviesan opresiones como la de género”, es la que origina los problemas de acceso a un alquiler por parte de muchas personas en España. Y es que muchas de estas mujeres se encuentran solas a cargo de sus criaturas, lo que constituye en muchos casos un impedimento para que las inmobiliarias les alquilen. También porque muchas deben hacer frente a la búsqueda de un piso en alquiler después de haber pasado por situaciones de violencia de género que las impide retornar a su anterior vivienda de forma segura…
–https://www.elsaltodiario.com/vivienda/racismo-inmobiliario-ceba-mujeres-migrantes-espana
-Orden de desahucio del fondo buitre Cerberus a una abuela y su nieto en Madrid tras pagar la vivienda durante 20 años.
Ligia, una mujer al borde de la jubilación, pelea contra el fondo de inversión Cerberus y el Banco Sabadell para no ser expulsada de la casa que compró y tuvo que dar al banco tras problemas económicos.
“Cada día vuelvo a casa con la duda de si podré abrir la puerta”, dice Ligia, de 66 años, durante una llamada telefónica. Después de tanta lucha negándose a abandonar su hogar en Fuenlabrada (Madrid), teme lo peor cada vez que regresa del trabajo. Hace 17 años, la mujer compró una casa que al tiempo se vio obligada a dar al banco, aunque conservó un contrato de alquiler. La entidad bancaria terminó vendiéndola a un fondo buitre que ahora quiere desahuciarla mediante la no renovación del contrato. De nada han servido dos décadas de alquileres e hipotecas mensuales que siempre llegaron, es un peón de un tablero de ajedrez. Por ahora, los propietarios ni siquiera atienden las ofertas de compra que ha hecho la mujer para intentar solucionar el embrollo y conservar su domicilio.
Se ríen de los 7.291 muertos:
-El Gobierno de Ayuso pide por carta el dinero de la residencia a familias de ancianos que murieron en la pandemia.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguran que están “obligados” a exigir las deudas pendientes y que la pandemia no supuso una excepción para la legislación.
7.291 mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid murieron entre marzo y abril de 2020 sin poder ser derivados a hospitales. Ahora, cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir.
En las cartas remitidas se precisa el número de días que faltan por pagar y el monto correspondiente desde que se aisló por completo a los residentes hasta que murieron solos, sin recibir atención médica, y sin que sus allegados pudiesen saber nada de ellos en muchos casos. Los familiares no dan crédito: “No voy a pagar, así vaya a la cárcel. No lo voy a pagar bajo ningún concepto”.
…Si decimos lo que pensamos, vamos de nuevo a la cárcel…
