Muro de solidaridad y denuncias:
Libertad ‘Camarada Arenas’:
-Cap mur dels barris obrers i populars de Lleida sense LLIBERTAT ARENAS!
El Camarada Arenas, que pateix una malaltia cardiovascular i diabetis, porta més de 30 anys segrestat a les presons del règim per ser el Secretari General del PCE(r). L’únic a Europa des de Dimitrov.
L’Estat espanyol vol assassinar-lo silenciosament a la presó, com ja van fer amb Isabel Aparicio.
Uneix-te a la campanya per la seva llibertat
AMNISTIA TOTAL!
PAP
Represión a migrantes:
-Los CIE, cárceles encubiertas para intimidar a la población migrante según un informe de la APDHA.
El Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024 de la APDHA se centra en analizar la situación en los CIES del Estado español «opacos y faltos de transparencia” y en arrojar luz sobre la vulneración de derechos que se dan en estos espacios.
En el Estado español actualmente están en funcionamiento siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), unas instituciones que a pesar de llevar 23 años en funcionamiento siguen envueltas en una opacidad y silencio que impiden a la sociedad entender en qué consisten y qué prácticas se dan dentro de ellos.
Estos centros han retenido desde 2011 a 83.133 personas. Su objetivo es retener a las personas migrantes para finalmente deportarlas a sus países de origen. Sin embargo, como indica el informe de la APDHA, más del 50% de las personas retenidas no fueron deportadas al no cumplirse los requisitos expuestos por el Tribunal Constitucional. Miles de personas permanecen privadas de libertad durante varios meses a pesar de que la Constitución española en su art.25.3 recoge que “la administración civil no podrá imponer sanciones que, indirecta o subsidiariamente impliquen privación de libertad”. Desde la APDHA apuntan que: “en el Estado español se ha contemplado la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular como instrumento administrativo”.
Los coordinadores del informe, Diego Boza y Ana Rosado, comentan que estos espacios cumplen una doble función simbólica: “por un lado, la de intimidación hacia la población inmigrante y por otro, el de una segregación criminalizadora como mensaje hacia la opinión pública autóctona”. Rosado además explica que “en los CIEs se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido”.
En 2019 el Ministerio de Interior admitió que durante el año 2018 se retuvo en estas instituciones a 89 menores de edad procedentes de Argelia y Marruecos. El informe también recoge que estos espacios tienen un carácter segregador con la población procedente de África, especialmente, con las personas de origen magrebí, que de media anual siempre se encuentra en torno al 40% de la población de estos espacios. En 2018 las personas magrebíes en estos centros supusieron más del 65% de los internos.
Boza además expone que estos emplazamientos son el símbolo de un modo de entender las políticas migratorias: “a partir de los primeros años del siglo XXI se ha intensificado un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia”.
La privación de libertad de forma injustificada es la primera vulneración de derechos humanos que una persona migrante se enfrenta al entrar en un CIE, pero no es la única. Las personas encerradas viven en unos espacios que en su mayoría fueron antiguas prisiones “que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban”, sostiene Boza. El informe recoge las vulneraciones que se dan en el día a día en estas cárceles reconvertidas: torturas, violencia sexual, escasez alimentaria y hasta muertes.
“El ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIEs son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros” unas muertes sin“consecuencias penales para los responsables”.
El caso más conocido fue el de Samba Martine, que en 2011 fue encerrada en CIE de Melilla, donde en las pruebas médicas dio positivo en VIH-1. Al poco de su llegada a Melilla fue trasladada al CIE de Madrid a donde no le hicieron llegar su historial médico. Durante los 38 días que estuvo en el Centro de Internamiento de Madrid pidió asistencia médica 11 veces, donde los facultativos no hicieron las pruebas médicas necesarias a pesar de su estado de salud. Finalmente, murió al no recibir el tratamiento adecuado. “Samba Martine murió bajo la custodia del Estado y cuando el Estado encierra a una persona se convierte en garante de la vida, la salud y el resto de sus derechos”, recuerda en el Informe Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal e investigadora Principal del Proyecto Iusmigrante…
Politi-corrupción:
-La Audiencia Nacional abre juicio contra Francisco Granados por delito electoral en las autonómicas de 2011.
La AN atribuye al exconsejero tráfico de influencias, malversación y prevaricación, pero rechaza declarar al PP partícipe a título lucrativo.
Juicio oral al exgerente del Partido Popular en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y al exconsejero madrileño, Francisco Granados, por delito electoral en los comicios autonómicos de 2011. Se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación.
En esta pieza del ‘caso Púnica’, la número 9, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza la solicitud de la acusación popular del grupo Asesor Internacional ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos.
Además de a Granados y a Gutiérrez, García Castellón acuerda también enviar a juicio a los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás. Y desestima abrir juicio oral al expresidente madrileño Ignacio González al haberse cesado la causa respecto de este en octubre de 2022. Excluye también a Esperanza Aguirre.
-Elecciones. El PNV de Barakaldo destina 27.000 € públicos a las actividades por la final de la Copa del Rey con el Athletic.
El PNV en la alcaldía de Barakaldo ha destinado al menos 27.000 euros a actividades que, en plena campaña de las elecciones vascas, se realizan este fin de semana con motivo del partido de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca que se disputó en Sevilla. Mediante adjudicaciones directas —’a dedo’—, se han contratado pantallas, fanfarrias, hinchables y talleres infantiles y una campaña de publicidad.
En un decreto con un lenguaje impropio de un documento administrativo, los responsables políticos sostienen que «no todos los días es posible ver a nuestro Athletic en una final de Copa de Rey» y defiende que es una «magnífica oportunidad para favorecer la cohesión social en torno al deporte y a uno de sus símbolos más relevantes en la identidad social de la comunidad».
El mayor gasto, de 7.200 euros, corresponde al alquiler de dos pantallas «a todo color» de 5 por 3 metros «incluido sonido» que se colocaron en Herriko Plaza y en la plaza de Cruces. Este equipamiento se ha encargado a un particular, no a una empresa; lo que también ha ocurrido con el diseño del cartel, por 661,20 euros. El decreto contempla así mismo un capítulo de «varios» con 4.000 euros. El documento no señala el coste de servicios públicos como policía, Protección Civil o limpieza viaria…
–https://barakaldodigital.blogspot.com/2024/04/elecciones-el-pnv-destina-27000-euros.html?m=1
*El Ayuntamiento de Barakaldo, del PNV, es uno de los más agresores contra las RGI y los derechos de las personas más necesitadas de ayudas sociales. Siempre dice que para ayudas sociales «no hay dinero». Pero 27.000 € para futbol sí los tienen…