Muro de denuncias:
Terrorismo de Estado:
-El ex político de la UCD, Óscar Alzaga, y exdiputado del PDP-AP, revela la quema secreta de archivos franquistas a manos de Suárez y Martín Villa.
Cómo los herederos del franquismo incineraron la memoria de España para reinventarse a sí mismos como demócratas.
En un giro copernicano que sacude los cimientos de la Historia española, el ex político conservador Óscar Alzaga, descorre el velo sobre la destrucción sistemática de archivos durante la llamada “transición democrática”, desenmascarando a los políticos que quemaron evidencias clave, para presentarse como nuevos demócratas. En aquel «aquelarre incendiario», los herederos directos del franquismo mandaron a las llamas de la hoguera centenares de toneladas de documentos de la Brigada Político-Social de la dictadura y de la Guardia civil.
Óscar Alzaga fue un destacado político de derechas y catedrático de Derecho Constitucional, que durante los años de la llamada «transición democrática», entró a militar en la UCD desde las filas inmaculadas de la democracia-cristiana de Ruiz Giménez.
Hace unas pocas fechas, Óscar Alzaga ha realizado unas explosivas declaraciones a un medio estatal, en las que, por primera vez en las últimas cuatro décadas, alguien que dispuso de responsabilidades políticas representativas en las instituciones de la época se ha atrevido a decir cuál fue el destino que los herederos de la Dictadura dieron a cientos de toneladas de los archivos secretos acumulados a lo largo de los 40 años de fascismo en las oficinas centrales de la Guardia Civil y la Brigada Político-Social.
Al respecto, Alzaga precisó en sus declaraciones que:
«España se ha distinguido tristemente en Europa por una práctica poco común durante la transición posdictatorial del siglo XX en Europa. «Siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, se procedió a la destrucción sistemática de aquellos archivos que contenían los informes de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo».
El ex político de la UCD precisó que, a diferencia de lo sucedido en Alemania o en Italia, donde se conservan como «paño en oro» los vastos archivos policiales sobre los opositores a ambos regímenes totalitarios, en España los herederos de la dictadura optaron por:
«proceder a la quema de documentos esenciales para el conocimiento de la intrahistoria tanto de la dictadura de Franco como de la de aquellos que luchaban en contra de ella».
Alzaga, en un libro de su autoría recientemente publicado, dedica todo un capítulo a explicar la orden de quema de millones de documentos policiales.
Alzaga añadió que a políticos que provenían de las filas del Régimen de Franco y que se presentaron a las elecciones de 1977,
«no les convenía que se supiera la dura realidad del franquismo y la forma en que su régimen político reprimió sistemáticamente a la oposición democrática».
Y para eso, qué mejor que pasar por el fuego purificador de la hoguera todo aquello que pudiera arrojar luz sobre el Régimen, su aparato represivo y sus propias biografías políticas personales.
«Ellos querían participar durante el nuevo periodo de nuestra vida pública, – agrega Alzaga -, en los nuevos partidos políticos y comparecer ante la opinión pública como “demócratas”. Estos hombres públicos siguieron en cierta medida el modelo de Fernando VII y otros españoles de nuestro siglo XIX que procuraron borrar de nuestra historia importantes hechos que habían sucedido, para lo cual quemaban toda la documentación que se refería a los mismos. «Nuestra historia tuvo esta singularidad, y aunque en España y la Portugal de la dictadura de Oliveira Salazar hubo durante más de cuarenta años dictaduras con similar orientación totalitaria, en nuestro país hermano se conservan hoy más de cuatro archivos gigantescos de aquella época, sin que nuestros historiadores aquí gocen de análogos fondos documentales».
Pese al intento por parte de algunos senadores de entonces, – prosiguió diciendo -, que pidieron al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa su preservación, la destrucción documental se hizo efectiva sin contemplaciones. Sin embargo, esta quema indiscriminada no llegó a afectar a los Juzgados de lo Penal, ni al Tribunal de Orden Público, ni tampoco a los Juzgados militares. Ello es lo que permite que algunas fuentes, – no las más esenciales-, continúen estando disponibles para el uso e investigación por parte de los historiadores.
En Madrid, -cuenta ahora el ex político derechista- se emplearon camiones enteros que hacían múltiples viajes portando toneladas de documentos al Cuartel General de la Guardia Civil, sito en la calle Guzmán el Bueno, donde se procedió a incinerar, día tras día, todo aquel enorme tonelaje de documentación, según le contaban a Alzaga los archiveros veteranos, encargados de realizar aquella ígnea purificación desmemorizadora.
Al fin y al cabo, la fogata y la candela han sido históricamente dos recurridos instrumentos por parte de las clases conservadoras españolas, para hacer desaparecer de la faz de la tierra todo aquello que pudiera perturbar la seguridad de sus intereses.
«Durante los inicios de la Transición, -asegura Alzaga- hubo funcionarios que, consternados, presenciaron cómo se destruía información crucial sobre el esfuerzo democrático contra el franquismo». «La documentación sobre la represión democrática no solo desapareció de archivos clave como la Brigada Social o los servicios de información de la Guardia Civil, sino también de otros organismos estatales».
Finalmente, Alzaga hace una dura crítica a la manipulación historiográfica posdictatorial, evidenciada por aquellos que, una vez instaurado la Monarquía, buscaron reinventar los 40 años de franquismo mediante publicaciones y artículos, distorsionando así la realidad histórica del país.
En cualquier caso, a uno no le queda más remedio que preguntarse medio siglo después de aquel aquelarre incendiario, cuál pudo ser la poderosa razón que impidió a Oscar Alzaga, que era entonces nada menos que un destacado diputado del Partido en el Gobierno, la UCD, tener las agallas de hacer pública su protesta por la ejecución de un «historicidio» que, sin duda, privará a futuras generaciones del conocimiento de partes importantes y valiosas de las pútridas entrañas de la pasada dictadura.
Máximo Relti para Canarias Semanal.org.
*Óscar Alzaga Villaamil (Madrid, 1942), desde 1962 en filas demócrata-cristianas, cofunda en 1977 la UCD. Ocupa los cargos de Diputado de España por Madrid (1978-1979), Diputado de España por Madrid (1979-1982), Diputado de España por Madrid (1982-1986). Pero en 1983 la UCD se disuelve, así que cofunda el Partido Demócrata Popular (PDP) y suscribió un pacto de coalición electoral con Alianza Popular. Diputado de España por Madrid del PDP-AP (1986-1987). Deja la vida política. Le dan la Orden del Mérito Constitucional (1988), la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2017) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2017)… 37 años después de ‘dejar la política’ cuenta cosas que debieran abrir procesos criminales, pues hay responsables vivitos y coleando…