Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-Fallece el trabajador que cayó por una ventana cuando realizaba labores de fontanería en Sestao, tras 11 días de agonía.
El pasado 16 de mayo se produjo un accidente laboral muy grave en Sestao, Bizkaia, y, como consecuencia, un trabajador autónomo de 29 años, D.A.P.O., falleció el 27 de mayo.
El fallecido trabajaba para la empresa SIRKUS, Sistema de Tiendas S.L. que, a su vez, había sido subcontratada por Leroy Merlin. Una vez más, subrayar que la cadena de subcontratación mata. Precariza los trabajos y con el afán de ahorrar dinero a costa de las condiciones laborales de las y los trabajadores, ahorra también en medidas de seguridad. Son las y los trabajadores quienes con su vida pagan los beneficios insaciables de las multinacionales.
Denunciar que, en la práctica, a las y los trabajadores autónomos no se les aplica la Ley de Prevención.
Para protestar contra esta última muerte laboral, llaman a participar en la movilización impulsada por la intersindical LAB-ESK-STEILAS-Hiru-EHNE/Etxalde, que se llevará a cabo delante de la multinacional Leroy Merlin de Barakaldo el 4 de junio a las 12:30.
Despidos:
-ERE en supermercados Hiber de Colmenar Viejo.
Afectaría “a unas 110 personas trabajadoras”.
El grupo Uvesco afirma que en el plan de integración de Hiber y BM Supermercados “se está valorando medidas de regulación de empleo con planes especializados y personalizados”. Estarían dirigidos al “personal de administración y almacenes de Hiber, sin afectar a los empleados de tienda”.
Ya han empezado las primeras denuncias y protestas de los trabajadores.
-La farmacéutica francesa Sanofi anuncia un ERE de 89 trabajadores en España.
La gran mayoría de los despidos están adscritos al centro de trabajo de Barcelona.
Los despidos no afectan al centro de producción de Riells i Viabrea (Girona), sino que “están vinculados a las unidades de negocio de ‘biopharma’ y otras funciones corporativas”.
La compañía emplea a unas 1.450 trabajadores en España, y esgrime en su decisión “los cambios estructurales vinculados a la modernización y simplificación de los procesos internos”.
Derecho a la vivienda:
-Los 18 de la Macarena: cómo la violencia policial acabó con un proyecto habitacional para personas sin hogar
18 personas fueron detenidas y enviadas a prisión provisional en Sevilla en 2018 por la ocupación de viviendas para personas en situación de calle tras un desalojo mediado por la violencia policial. En julio se celebra el juicio contra los imputados.
“Tenía la cabeza abierta, tenía múltiples golpes, estaba mareado, me atendieron tarde y malamente, y en el parte de lesiones no ponía nada prácticamente”, J., seudónimo para preservar el anonimato de la fuente, narra cómo fueron los momentos posteriores a la detención en el edificio número 42 de la calle Macarena (Sevilla) en una ocupación de unos inmuebles vacíos para dar alternativas habitacionales a personas en situación de calle el 16 de febrero de 2018.
Esta ocupación venía precedida por un movimiento que se inició en la ciudad en el año 2017, cuando varias personas sin hogar en el barrio de la Macarena, cansadas de depender de los escasos recursos institucionales, ocuparon varios establecimientos para poder vivir en ellos; la Corrala Dignidad y la Corrala por nuestros derechos, en esta segunda habitaban varias familias monomarentales con hijes. “A mí me aportó mucha tranquilidad, podía por fin tener una casa propia y ponerla a mi gusto”, recuerda Rosa, nombre ficticio, que antes de participar en las corralas llevaba cinco años en situación de calle.
La tercera ocupación del proyecto habitacional quería seguir dando solución a las más de 1.100 personas en situación de calle que se encuentran en la ciudad, una localidad en que, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se registran anualmente más de mil desahucios.
Sin embargo, aquel día 16 de febrero, minutos antes de hacer pública la ocupación, la policía entró en el inmueble, agentes pertenecientes a la Brigada de Información. “Se llenó de policía, un efectivo muy grande, todos los que estábamos dentro recibimos palos, palos y palos sin preguntar”.
Luis de Santos, abogado de la causa, cree que la actuación policial durante el desalojo fue desmedida: “Para justificar la violencia de la actuación de los agentes la policía engordó el atestado, criminalizando a las personas que estaban dentro y las que estaban fuera, con penas de hasta cinco años de prisión y 21.000 euros”.
Además de a los seis detenidos, la policía identificó a otras 12 personas, que el próximo 15 de julio tendrán que enfrentarse a un juicio en el que, entre otros cargos, se les imputa los delitos de atentado, desórdenes públicos y lesiones. “Hay policías que tienen un parte de lesiones de ese día compatibles con un acometimiento para echar a las personas del edificio”, sostiene el letrado. J., además, añade que “los policías vinieron con parte de lesiones falsas, como la fractura de nudillos”.
Los seis detenidos pasaron casi dos meses en prisión preventiva, una situación que no esperaban. “Ninguno estaba mentalizado para el tema de la preventiva, porque era algo que por una movida de ocupación nunca ocurre. No estaba en nuestro planteamiento”.
A partir del próximo 15 de julio, tendrán lugar los juicios en torno a la causa de los 18 de la Macarena. Un proceso en el que podrán contar su versión de los hechos, ya que, según denuncian, la fiscalía ha basado todo el proceso en la versión de los agentes policiales.
“Desde que ocurrió todo aquello, he tenido una pérdida de fe totalmente por las instituciones del Estado, soy muy consciente de que la Justicia no, no es real, es arbitraria y castiga a los pobres, imprimir miedo a una parte de la población y desalentarla de hacer ciertas cosas”.
Artículo completo:
Contra la turismo invasión:
-Miles de personas se manifestaron en Palma por una vivienda digna que el negocio turístico les arrebata.
Más 25.000 personas salen a las calles de Palma para decir basta a la masificación turística.
El lema principal de esta manifestación histórica fue “el derecho a una vivienda digna” frente a una actual situación de “emergencia” en la que “cada vez más, es imposible plantearse el acceso a una vivienda, ya sea a través de una compra o de un alquiler” por los “precios abusivos” del mercado y el poder adquisitivo de la población media en Mallorca que “no les permite seguir planteando un proyecto de vida en la isla”.
Esto tiene “bastante relación con la masificación y la saturación turística porque “básicamente el sector económico” de esta isla, igual que el del resto de la comunidad autónoma “está basado en el turismo de masas”. Es el mismo el que les “está expulsando de las Islas” porque, “ha puesto el foco en el sector inmobiliario” lo que “quiere decir “viviendas vacacionales, legales e ilegales” y, también, “compra de vivienda por parte de extranjeros para especulación inmobiliaria”.