4113 casos de tortura y malos tratos policiales en el País Vasco, en 54 años.
Uno de cada cuatro casos corresponderían al periodo hasta el 78 y el 71% desde entonces a 2014.
La respuesta al informe era la esperada. Cuatro minutos en un informativo y a taparlo, y eso que estaba elaborado por eficientes expertos en la materia y oficializado por el Gobierno Vasco. Los del PSE, que de eso sabrán mucho habiendo creado el GAL, lo niegan y ningunean. Otros hablando de acuerdos de gobierno en vez de profundizar en la brutalidad del asunto: 4113 torturas perfectamente documentadas en 54 años. Cada 110 horas, una persona ha venido siendo torturada en incomunicación, y así con al menos 3415 personas, convirtiendo esta aberrante práctica en algo habitual en las detenciones políticas. Y eso, y lo tenemos muy claro, que faltan muchísimas torturas por contabilizar. Que no se denunciaron en su día o pudieron contabilizar mucho más en profundidad, o de mucha gente que jamás dijo una palabra sobre ellas tras sufrirlas.
La tortura, el mayor símbolo de fuerza y vileza en lo que un Estado representa. Decía un escrito “se sabrá el nivel de democracia en un país por la ausencia o no de torturas contra sus detenidos políticos”. Pues España ha dejado el nivel muy muy alto. Pero nadie se ha indignado…
Aquí está el resumen sacado de la prensa. El informe, accesible, en la fundación Gogoan:
4.113 denuncias registradas por 3.415 personas en Euskadi por malos tratos y torturas es el dato revelado por el informe publicado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) y el Gobierno vasco elaborado por el reconocido médico forense Francisco Etxeberria, la especialista en Criminología Laura Pego y el doctor en Psicología de la Salud Carlos María Beristain.
La Guardia Civil y la Policía española están detrás de la gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura, según recoge este proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014 publicado el lunes. Entre ambos cuerpos de seguridad suman 3.600 casos denunciados, a partes iguales. El estudio también recoge denuncias en contra de la Ertzaintza, 310 casos y “cualitativamente” diferente con respecto al resto de policías.
El informe llega a la conclusión de que la tortura ha sido más que esporádica en Euskadi, y añade que la incomunicación durante las detenciones “ha favorecido y permitido los abusos”. Además, el estudio subraya que unas 20.000 personas han sido arrestadas por “los mismos hechos” que los casos de malos tratos documentados en el informe, por lo que considera que no está medido suficientemente el alcance de las torturas.
Por todo ello estima que el número de casos es sensiblemente superior al constatado en el informe. En este sentido, precisa que en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solo han podido registrar 1.081 casos (el 26,4% del total), pese a que en aquellos años la tortura fue una práctica generalizada en las comisarías policiales. Además, los investigadores indican que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente y los procesos han sido tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que, a juicio de Francisco Etxeberria, “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde.
Se trata del informe más exhaustivo jamás realizado sobre la tortura en Euskadi. Los investigadores han analizado y archivado más de 26.113 documentos y han recogido 500 testimonios directos de víctimas de torturas y malos tratos que Etxeberria y sus compañeros han grabado y anotado en encuentros directos con los denunciantes.
CONDENAS JUDICIALES
Este material se ha sumado a las entrevistas recogidas anteriormente y recopiladas también en audio y vídeo y eleva el número de testimonios a 1.027. Otros 202 casos se han analizado a la luz del Protocolo de Estambul, la principal referencia internacional para diagnosticar casos de tortura. Además, se han analizado 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo que acreditan torturas sufridas por 31 personas, cuatro de ellas mujeres, y en uno de los casos con resultado de muerte (el del militante de ETA Joxe Arregi en 1981), por las que se condena a 49 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de ellos 28 guardias civiles y 21 policías españoles.