La sangrante Transición
Asesinato de Jorge Caballero Sánchez en Madrid. 28 de marzo de 1980
El 28 de marzo, frente al cine Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después. El joven sale del cine con su novia cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva una insignia con la A dentro de un círculo, el símbolo anarquista. El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva. Según se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los participantes en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuerza Joven. La policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones efectuadas a la revista Cambio 16, otro de los integrantes del comando criminal, Juan Miguel Gómez González, alias “Masa”, sostiene que la fuga de Llobregat, alias “el Loco”, ha sido organizada por Ricardo Alba, subjefe nacional de Fuerza Nueva en esas fechas.
Instruye el sumario el entonces titular del Juzgado número 2 de Instrucción, Luis Lerga, un hombre considerado de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro, inicialmente: los citados Llobregat Farre y Gómez González, además de Fernando Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están implicados en el asesinato Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza. Los problemas comienzan cuando el expediente se traslada a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que dilata enormemente la tramitación del caso y, al final, levanta el procesamiento de Queipo y Saliquet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta Sección, presidida en el año 80 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martínez, tiene fama de “ultra” entre los letrados demócratas. Estos magistrados fijan la fianza para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pesetas, que deben ser depositadas en el plazo de dos semanas. “Eso fue una muestra evidente del poco interés que tenían para que la acción prosperase”, recuerda la letrada María Ángeles López, que encabezó la acusación. “Pudo verse claramente por contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil pesetas”.
Con el levantamiento del procesamiento a Queipo y Saliquet –este último nieto de un almirante franquista- se cargan las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos elementos con menos respaldo “familiar” del grupo: “El Masa”, una especie de salvaje, entre lúmpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común, y Vargas Villalba, alias “el Jerezano”, hijo de un jornalero andaluz, el débil del grupo, que acaba denunciando al juez las presiones de las que es objeto para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus abogados, los hermanos Muñoz Perea. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Piñar defiende también a los asesinos de Yolanda González.
En 2001 conseguimos localizar a Vargas Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relata su versión de los hechos: “Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me comentaron que ya nos tenían más que superlocalizados, pero que, claro, al haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque los habían presionado. A mí, la Guardia Civil, cuando estaba esposado en la Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven. Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuerza Nueva de Mejía Lequerica”, añade. “Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido presidente del Real Madrid”.
«El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y exclusivamente a la persona ausente, como era habitual en casos como este”, señala la letrada Ángeles López. “En él no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de karate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba ni sospechaba agresión alguna”. El principal culpable del asesinato sigue sin aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la acusación privada. Los dos únicos cómplices del asesinato procesados son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, “por desórdenes públicos”. En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistras de los acusados. Olvida el hecho de que “El Masa” es jefe de centuria de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeúntes en varias ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro crimen sin castigo.
Notas extractadas de «La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos»