LA REPRESIÓN: EL ADN DEL FRANQUISMO ESPAÑOL (1 de 2)
Ramón Arnabat Mata*
*Doctor en Historia, profesor de la Universität Rovira i Virgili (Catalunya/España)
Resumen: El régimen franquista (1936-1975) creó una tupida red represiva que tenía como objetivo eliminar físicamente e ideológicamente al enemigo republicano y aterrorizar al conjunto de la población.
Por ello, la represión abarcó todos los campos posibles y fue un instrumento de dominación, de humillación y de consenso forzado. La represión fue consubstancial al régimen franquista y convirtió el país en una inmensa prisión. En este artículo analizamos la represión franquista, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo, para fijar sus características.
–Este documento tiene unos años, pero, salvo las cifras de asesinados (que se han demostrado mayores y no paran de crecer), el resto narra muy bien lo que es el ADN fascista. Debido a su largura, pero su interés datístico incontestable, lo editamos en dos entregas–
Introducción
Cualquier análisis de la represión franquista en España debe tomar en consideración que la dictadura franquista, el Nuevo Estado, la España de Franco, nació de un golpe de Estado militar contra el régimen democrático republicano legalmente establecido (17-18 de julio de 1936), y se configuró y articuló a lo largo de una cruenta guerra civil que finalizó con su victoria militar (julio de 1936/ abril de 1939). Este es un aspecto clave para entender la dinámica de la represión franquista, fundamentada en la «trampa (i)legal» de convertir a los defensores del legítimo régimen republicano, en rebeldes; acusados de Adhesión a la Rebelión, Auxilio a la Rebelión o Rebelión Militar; mientras que los golpistas se autodenominaban defensores del orden. El mismo dictador, Francisco Franco, afirmaba que «el -Glorioso- Movimiento Nacional -el golpe de estado-, no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran y son ellos, los rojos». Y en las sentencias de los consejos de guerra vemos escrito, una y otra vez: «que contra los legítimos poderes del Estado, asumidos por el Ejército a partir de 17 de Julio de 1936 en cumplimiento de su función constitutiva, se desarrolló un alzamiento en armas y una tenaz resistencia, cometiéndose a apoyo amparo toda suerte de violencias, …».
Tal y como dijo el dirigente fascista Ramón Serrano Suñer, Ministro de la Gobernación y cuñado de Franco, «sobre esta base de la justicia al revés -sistema insólito de la historia de las convulsiones político-sociales- comenzaron a funcionar los Consejos de Guerra». Una justicia que no buscaba la verdad, sino que partía del hecho de que todos los acusados eran culpables si no se demostraba lo contrario, lo cual era casi imposible en el marco del truculento sistema judicial militar franquista, donde el derecho de defensa era inexistente.
Todos aquellos que habían defendido a la República, de forma activa o pasiva, y todos aquellos que no se habían mostrado favorables al Glorioso Movimiento Nacional, eran susceptibles de sufrir este tipo de [in]justicia franquista. El franquismo, tanto durante la guerra civil, como en la posguerra, se planteó eliminar «al enemigo», de «extirpar» o de «aniquilar» los elementos republicanos que podían poner en peligro la dictadura, y extender la miedo entre aquellos a los que no llegaba la represión. Tan importante era eliminar físicamente al enemigo, como atemorizar y humillar a la población vencida que sobrevivía para que asumiera su lugar en el Nuevo Estado. El régimen franquista creó una tupida red represiva que abarcó todos los campos posibles: el económico, el social, el cultural, el ideológico, el político y fue un instrumento de dominación, de humillación y de consenso forzado.
A partir de finales de 1937, el régimen franquista contó con la colaboración de una comisión de la Gestapo alemana encabezada por Heinz Jost, que se integró en el Ministerio de Orden Público en Valladolid, dirigido por el sanguinario Martínez Anido. Uno de los legados de dicha colaboración fue la creación de un enorme almacén de información política en Salamanca, a donde iba a parar la documentación requisada a las asociaciones republicanas (partidos, sindicatos, centros culturales, bibliotecas, ateneos, …) a medida que los franquistas iban ocupando el territorio. A finales de abril de 1938 se creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) con el objetivo de recabar, almacenar y clasificar toda la documentación de los partidos políticos, las organizaciones y las personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional, a fin de facilitar su localización y castigo 5. Toda esta documentación fue depositada en Salamanca y se convirtió en la base de centenares de miles de fichas para la represión franquista.
La represión franquista es un tema muy complejo y, quizás, los historiadores interesados en el tema nos hemos centrado excesivamente en los números, en contar muertos y víctimas, aspecto que tiene su importancia, pero que por sí solo nos explica pocas cosas. En cualquier caso, establecer con precisión el número de víctimas de la represión franquista ha sido de por sí una tarea ardua, frente a las cifras oficiales del franquismo vigentes durante casi cuarenta años, y a la inhibición de los veinte años de transición política. La situación ha cambiado durante las dos últimas décadas, y los historiadores y la sociedad, hemos podido participar en «el combate por la historia del franquismo y su significado».
La legalización de la represión
Durante la postguerra, el régimen franquista aplicó la legislación represiva generada durante la guerra civil española (1936-1939), ampliada y matizada por un conjunto de órdenes, decretos y leyes de carácter complementario. Durante el periodo 1939-1948, el eje de la política represiva franquista fue la «justicia» militar que, con sus sumarios de urgencia y sus consejos de guerra, llenó las prisiones de penados y los cementerios de ejecutados (Decreto de 28 de julio de 1936, que se mantuvo hasta julio de 1948).
Decenas de miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra, de las cuales el 90% fueron condenadas, de estas un 85% a penas de prisión de entre 6 y 30 años y un 15% a penas de muerte.
La legislación militar fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 (reformada el 1942, derogada el 1945, aunque sus expedientes estuvieron vigentes hasta 1966), con la finalidad de extorsionar económicamente a las personas y a las familias republicanas y a sus herederos en caso de muerte. La Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (vigente hasta el 1964) y la Causa General (abril de 1940) que intentará recoger todos los detalles que hubiesen podido escapar de las anteriores leyes represivas. Todavía, el 11 de abril de 1941 se publicó la Ley de Seguridad del Estado; el 3 de enero de 1945, el Código Penal franquista, y el 18 de abril de 1947 se le añadió la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo. Más adelante se crearía el Tribunal de Orden Público (1963-1977), que procesaría a miles de luchadores antifranquistas mediante la incoación de 22.660 procesos.
Un conjunto de leyes represivas con el único objetivo de legalizar unos procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica. En los procesos Sumarísimos de Urgencia y en los Consejos de Guerra se juzgaban en un mismo proceso y en una hora veinte, treinta o hasta cuarenta personas que, sin posibilidad de defensa, eran condenadas a penas de muerte, a cadena perpetua o a 12 o 20 años de prisión. Estos juicios sumarísimos tenían como objetivo castigar de forma ejemplar a los que se habían opuesto al triunfo del franquismo y aterrorizar a los indiferentes. En ellos y en los juicios de Responsabilidades Política a menudo se mezclaban los intereses y las venganzas políticas con las personales.
Todo ello complementado por las depuraciones, en las cuales todos los trabajadores púbicos debían demostrar su inocencia y que «limpiaron» la administración, los centros educativos públicos y las juntas directivas de las asociaciones populares, de personas «desafectas'». Sirva de ejemplo que, de los 15.860 funcionarios públicos que había en Catalunya durante el período republicano, tan solo 753 conservaron su empleo durante el franquismo, menos del 5%.
El magisterio fue uno de los principales sectores afectados por las depuraciones. Entre las primeras víctimas de lo que Queipo de Llano llamaba el «movimiento depurador del pueblo español» figuraron los alcaldes, los concejales y los sindicalistas, pero también los maestros. Porque, como se decía en un artículo publicado en la prensa de Sevilla en los primeros días del «alzamiento»: «No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos». Tantos eran los enemigos que había que depurar. El objetivo era muy claro: la escuela debía servir fundamentalmente para el adoctrinamiento de los jóvenes, es decir, para difundir la ideología del Nuevo Estado: confesionalismo católico, patriotismo español excluyente y exaltado, negación de la pluralidad cultural del país, transmisión de valores jerárquicos: de obediencia, disciplina y sacrificio.
Fin de la guerra, mantenimiento de la represión
El final de la guerra civil (1 de abril de 1939) que había enfrentado a los españoles durante tres años (1936-1939) no comportó el establecimiento de la paz. Al contrario, Franco y sus colaboradores decidieron que la guerra contra la República iba a continuarse por otros medios. Se inició así una nueva guerra basada en la sujeción y la revancha contra los vencidos por parte de los vencedores. Era la «Justicia de Franco». El mismo Franco lo había afirmado con motivo del desfile de la victoria el 19 de mayo de 1939 en Madrid: «No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permite la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias». En el discurso de fin de año del 31 de diciembre de 1939 insistía en que no habría «monstruosas y suicidas amnistías» para los presos republicanos, sino «redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia, quien otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición».
El franquismo iba a seguir «invirtiendo en terror», como señala Paul Preston. De hecho, la declaración del estado de guerra que se había proclamado el 18 de julio de 1936 se mantuvo hasta 1948, es decir hasta diez años después de finalizada la confrontación bélica, cuando la Segunda Guerra Mundial se decantó claramente a favor de los aliados y en contra de los fascismos. Franco utilizó esta legislación como cobertura legal de la represión, tanto de los prisioneros políticos de las zonas ocupadas, como de los prisioneros de guerra republicanos, donde se les clasificaba, para su posterior castigo.
En los territorios que iban ocupando los franquistas se establecía inmediatamente la Auditoria de Guerra correspondiente, «para formular reclamaciones o denunciar hechos delictivos acaecidos durante la época del terror rojo», donde «serán escuchados y atendidos todos aquellos que reclamen la serena justicia de la España Nacional». Mientras tanto, la Falange y la Guardia Civil se dedicaban a recoger información, detener «sospechosos» y apalear rojos. Es decir, a mantener el «Nuevo Orden» en los pueblos, villas y ciudades ocupadas.
A partir de julio de 1939, las Capitanías Generales de las diversas Regiones Militares, los Gobiernos Civiles provinciales y los Tribunales regionales de Responsabilidades Políticas gestionaron la represión. El siguiente paso fue la confiscación de los bienes de los partidarios de la República, de manera que los locales de los partidos y sindicatos, de las sociedades republicanas de todo tipo, de las cooperativas de trabajo y de consumo, todo fue asaltado, confiscado y, finalmente, expropiado, en benefició individual o colectivo del nuevo Estado y de sus seguidores.
Al final de la guerra, un gran número de personas cayó en la red represiva del franquismo, mediante tres vías diferentes:
a) Los soldados republicanos hechos prisioneros o presentados a las fuerzas franquistas: unos 500.000 al final de la guerra y que protegían las convenciones internacionales, pero que, de la noche a la mañana, fueron convertidos en presos políticos.
b) Los que habían huido a Francia y que volvieron progresivamente a España los meses posteriores al fin de la guerra, haciendo caso a los mensajes franquistas que decían que «aquellos que no tuviesen las manos manchadas de sangre podían volver sin problemas». Eran, sobre todo, soldados republicanos que habían pasado la frontera en la retirada, y personas que habían huido de los pueblos por miedo, pero que no habían tenido responsabilidades durante la República, aproximadamente, unas 300.000 personas de las 480.000 que habían atravesado la frontera.
Todas estas personas fueron internadas en campos de concentración y clasificación, para que el régimen franquista pudiera separar a los supuestos culpables y ubicarlos en el Nuevo Estado: ejecutados, encarcelados u obligados a trabajos forzados. A lo largo de 1939, cerca de 500.000 españoles pasaron por la red de más de un centenar de campos de concentración distribuidos por toda España, sufriendo unas miserables condiciones de vida y unas humillantes políticas de reeducación políticas. Campos que empezaron a abrirse en noviembre de 1936 para regular el tratamiento de los prisioneros de guerra (antes se les encarcelaba o se les asesinaba in situ) y se mantuvieron hasta 1947, convirtiendo la España de la postguerra en un enorme campo de concentración.
c) Los detenidos por los cuerpos policiales o parapoliciales a causa de su participación en los asuntos republicanos, o por el simple hecho de ser denunciados por algún vecino.
El número de personas detenidas pendientes de juicios sumarísimos aumentó exponencialmente a lo largo de 1939, hasta llegar a las 300.000, por lo cual se tuvieron que habilitar diversas prisiones y centros de detención.
Las dificultades de una cuantificación precisa
Estamos todavía lejos de haber completado el estudio numérico de las víctimas, que tiene problemas invencibles, como el hecho de que la gran mayoría de los muertos de la fase inicial de la guerra se deben a asesinatos «incontrolados», al margen de la ley, a menudo por los falangistas y por el ejército franquista. Muchos de estos asesinatos no han sido inscritos en los registros. La tarea de investigar las evidencias, en los libros de los cementerios, por ejemplo, es muy compleja, y es seguro que subestima las cifras reales, ya que ignora los que sencillamente han sido enterrados en las cunetas de una carretera o en medio del campo donde fueron ejecutados. Por ejemplo, como explica el historiador Julián Casanova, «únicamente 32 de las 2.578 víctimas de la represión en la ciudad de Zaragoza durante 1936 pasaron por consejos de guerra».
Hoy sabemos que, aproximadamente, hay (decenas de miles) de víctimas de la represión franquista fuera de los cementerios o dentro de ellos en fosas comunes, como resultado de ejecuciones ilegales, es decir, al margen del marco jurídico represivo franquista. Ha sido el trabajo de historiadores y de multitud de asociaciones de la Memoria Histórica lo que ha permitido elaborar un censo de unas 2.500 fosas y víctimas irregulares del franquismo. Una tarea que ha costado el cargo al juez Baltasar Garzón, por haber intentado averiguar las víctimas reales del franquismo y pedir responsabilidades. Dándose el curioso caso que la justicia española puede perseguir a dictadores foráneos (Pinochet entre ellos), pero no a los propios. O que el Estado español puede financiar la apertura de fosas en Bosnia, por ejemplo, mientras niega los recursos a los familiares de las víctimas del franquismo para hacer lo mismo en España. Y tiene que ser la justicia argentina la que abra una causa contra el franquismo. Todo ello, apuntamos, como resultado de una determinada transición política, considerada modélica y exportable, pero que para nosotros ha sido y es, todavía, una pesada losa de olvido e injusticia.
Según los datos oficiales del franquismo, las víctimas de la represión «roja», es decir, republicana, durante la guerra civil española fueron 72.344 personas; mientras que, las víctimas de la represión «nacional», es decir, franquista, tan solo eran 57.662 personas. Las cifras actuales, aún no definitivas, a las que ha llegado la investigación histórica son las siguientes: unos 150.000 ejecutados por el franquismo entre 1936 y 1945; 125.000 durante la guerra y 25.000 durante los primeros años de la dictadura -debemos considerar que la represión fue especialmente dura durante los primeros años de la posguerra-; y unos 50.000 ejecutados víctimas de la represión republicana. En líneas generales, y realizando una estimación muy prudente, podemos dar por válida la cuantificación de unas 150.000 (dato de hace 20 años) víctimas del «holocausto franquista». Esto significa cinco veces más que las víctimas de las dictaduras de Pinochet en Chile y de los militares en Argentina, sumadas. Los ejecutados por el franquismo durante la guerra civil española representan una cuarta parte del total de víctimas de la misma (475.000), y casi la mitad de las que murieron en el frente de batalla (unas 300.000).
De hecho, fue el propio régimen franquista quien, una vez finalizada la guerra civil, convirtió a los soldados republicanos prisioneros y a aquellos que huyeron a Francia en enemigos políticos sujetos a la represión, y a los internados en campos de exterminio nazi en apátridas. No está de más recordar que cuando los alemanes detuvieron a unos 10.000 republicanos españoles en Francia, preguntaron al gobierno español que había que hacer con ellos, y el ministro Serrano Suñer contestó que «no había españoles fuera de España», y por tanto, automáticamente, pasaron a ser considerados como apátridas y encerrados en los campos de exterminio nazis, donde murieron unos 7.000 de ellos.
En algunas regiones españolas, la represión franquista fue brutal. En Andalucía, que contaba con 4.610.000 habitantes, se ejecutaron 47.399 personas (el 1% del total, el 4% de la población masculina adulta). En Castilla la Vieja (actualmente equivalente, casi, a Castilla y León), con 1.950.000 habitantes y, teóricamente, feudo franquista, se ejecutaron 17.195 personas (el 0,9% del total, el 3,6% de la población masculina adulta). Y en Extremadura, con 1.150.000 habitantes, se ejecutó a 10.594 personas (el 0,9% del total, el 3,6% de la población masculina adulta). En el conjunto de España, que contaba con 23.677.000 habitantes, los 150.000 ejecutados por la represión franquista representan el 0,6% de la población, el 2,4% de la población masculina adulta. O, lo que es lo mismo, aproximadamente tres de cada cien familias españolas tuvieron un ejecutado por la represión franquista.
Los datos de Catalunya
En Catalunya, que contaba con 2.791.000 habitantes, los ejecutados por el franquismo desde el final de la guerra fueron, según los datos más recientes, «tan solo», 4.200 (un 0,15% de la población y un 0,6% de la población masculina adulta). Una buena parte de los ejecutados se habían presentado voluntariamente a las autoridades para regularizar su situación, como se les había indicado y recomendado que hiciesen las propias autoridades franquistas. Pero esta cifra es solo la punta del iceberg de la represión franquista en Catalunya y no tiene sentido si no recordamos que hubo unos 480.000 republicanos fugitivos que pudieron pasar la frontera catalana-francesa durante los primeros meses del 1939 y escapar así de la represión franquista directa. Aproximadamente las dos terceras partes regresaron a España pasados unos meses del final de la guerra, mientras que una tercera parte se quedó en Europa, sobre todo en Francia, y una minoría cualificada se instaló posteriormente en Sudamérica (México, Venezuela, Argentina y Chile).
De haberse producido, como fue posible, el cierre de la frontera por las tropas franquistas, la cantidad de ejecuciones que se habrían producido en Cataluña hubiera sido aterradora. Pero Franco prefirió alargar la guerra para castigar más duramente a las fuerzas republicanas. Así lo confirmó un íntimo amigo de Franco, el general Millán Astray: «Para Franco el objetivo principal siempre fue el enemigo, buscando el batirlo, destrozarlo o rendirlo», nunca el territorio. Es decir, que no le interesaba ganar rápidamente terreno al enemigo, sino asegurarse de que en su avance lo aniquilaba físicamente. Es desde esta perspectiva que podemos contextualizar correctamente el significado de los 4.200 ejecutados por el franquismo, en una sociedad donde estaban ausentes la mayoría de los que habían tenido alguna responsabilidad política, militar o cultural en la trayectoria de la Cataluña autónoma y republicana y en la guerra civil. Y desde dicha contextualización podemos señalar que se trató de una represión brutal, que se encarnizó en víctimas inocentes, porque lo que pretendía el franquismo con la represión era aterrorizar a la población de manera que anulase cualquier tentación de resistencia o de discrepancia.
Durante los primeros ocho meses de ocupación fueron arrestadas en Catalunya 22.700 personas «sospechosas». Y a lo largo del primer año de ocupación fueron encarceladas «preventivamente» unas 30.000 personas, la mayoría de las cuales fueron sometidas a Sumarios militares de Urgencia. Catalunya, además, ya había perdido unos 45.000 hombres en el frente de guerra y unas 5.500 personas a causa de los bombardeos franquistas sobre las ciudades catalanas de la retaguardia republicana; y tenía, aproximadamente, unas 60.000 personas exiliadas de forma permanente y cerca de 100.000 reclusos en prisiones, campos de concentración y batallones de trabajadores víctimas de la represión.
Para calcular el verdadero coste humano de la represión franquista debemos considerar a todas las personas afectadas directamente por el sistema represivo durante los primeros años del franquismo (1939- 1948). En el caso de Catalunya, debemos sumar a los 4.200 ejecutados, las, aproximadamente, 10.000 personas que murieron en las prisiones, en los campos de concentración, en los batallones de trabajadores españoles, en los campos de refugiados del exilio y en los campos de exterminio nazi. Unas 14.200 personas en total que representan el 0,5% de la población catalana.
Pero, también debemos sumar las, aproximadamente, 100.000 personas que estaban encerradas en las diversas variantes del sistema concentracionario franquista y sufrieron diversas penas, las 60.000 que se exiliaron de forma permanente, los casi 18.000 maestros y funcionarios depurados y las 3.000 madres a las cuales les fueron robados sus hijos, … En total, pues, Catalunya, que ya había perdido unos 50.000 hombres por acciones de guerra (un 1,8% de la población, un 7,2% de la población masculina adulta), vio como unas 200.000 personas eran carne de cañón de la represión franquista. Lo que significa un 7,2% de la población y un 32% de las familias, o lo que es lo mismo una de cada tres familias catalanas, fueron «tocadas» por la represión franquista.
En nuestros estudios sobre la comarca vitivinícola del Penedés (que contaba con unos 90.000 habitantes), hemos podido acotar con precisión los costes humanos de la represión franquista. En esta comarca catalana y durante los primeros años del régimen franquista (1939-1948), este juzgó y/o encerró al 3,3% de la población, ejecutó al 0,2%, el 1,3% se exilió de forma definitiva y el 0,5% murió mientras estaba dentro del sistema concentracionario. En total, el 5,3% de la población del Penedés sufrió en sus carnes la represión franquista, o lo que es lo mismo, que una de cada cuatro familias tendría alguna víctima directa (mortal, privada de libertad o exiliada) de la represión franquista.
Franco y los militares afines tenían un especial odio a Catalunya, lo había manifestado ya en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 el profesor Francisco Maldonado de Guevara, afirmando que Catalunya y el País Vasco eran como «cánceres en el cuerpo de la nación» y que «el fascismo, que es el sanador de España, sabrá cómo exterminarlas, cortando en la carne viva, como un decidido cirujano libre de falsos sentimentalismos». Un amigo íntimo de Franco, Víctor Ruíz Albéniz, escribió un artículo afirmando que Catalunya requería «un castigo bíblico (Sodoma, Gomorra) para purificar la ciudad roja, la sede del anarquismo y del separatismo …. Como único remedio para extirpar esos dos cánceres por el termocauterio implacable». Cuando un periodista portugués preguntó a un oficial de las fuerzas de ocupación franquistas que acababan de ocupar Barcelona cómo debía afrontarse el problema catalán, afirmó que la única solución era «matar a los catalanes. Es solo cuestión de tiempo».
