Criminalizar la libertad de expresión
‘Enaltecer el terrorismo’ en España: la Operación Araña y la persecución de la libertad de expresión.
Nacido en la pequeña población vasca de Amurrio, en el norte de España, Alfredo Remírez, de 37 años, se convirtió en el primer usuario de Twitter en ingresar a prisión el 4 de noviembre de 2017, como parte de la “Operación Araña”, comandada por la Guardia Civil española. La operación fue una ofensiva contra el “enaltecimiento del terrorismo” en las redes sociales, pero que, según Amnistía Internacional, impone “restricciones injustificadas sobre los derechos de libertad de información, expresión y reunión”, y señaló que entre 2016 y 2017 solamente 28 personas fueron condenadas por dicho crimen, la mayoría de ellos dentro de la Operación Araña.
Su crimen fue escribir mensajes de bienvenida, en Twitter, a varios presos que salieron de la prisión. Además, parafraseó una canción diciendo que un general español merecía recibir un disparo en la nuca. Sin embargo, nunca actuó ni pidió a nadie que actuara para conseguir este objetivo. Era una manera de expresar su frustración y desahogarse.
La operación tuvo cuatro fases, de abril de 2014 a abril de 2016, y alrededor de 76 personas fueron imputadas.
La Operación Araña inauguró una nueva fase de persecución judicial y limitación de la libertad de expresión en España. Después de la condena de Remírez, otros le siguieron. Desde simples usuarios de redes sociales hasta periodistas y músicos.
La criminalización de la música y los músicos que expresan enfado y angustia a través de canciones controvertidas se volvió recurrente, ya fuera como parte de las investigaciones dentro de la Operación Araña o en procedimientos legales aislados (aunque muchos sospechan que todo está coordinado) para silenciar las voces discordantes a todos los niveles sociales.
César Strawberry, el líder de la banda de rap metal Def Con Dos fue arrestado durante la tercera fase de la operación, en mayo de 2015 (igual que Alfredo Remírez) y luego condenado, en enero de 2017, a un año de cárcel por seis tweets entre 2013 y 2014. Strawberry hizo una serie de bromas sobre ETA y GRAPO, y también hizo comentarios sobre el destino de personajes del régimen de Franco como, por ejemplo: “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… Si no les dais lo que le disteis a Carrero Blanco, la longevidad siempre está de tu lado” o “¿Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco?”.
Para él y muchos de sus seguidores, él sólo estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y en ningún momento incitó a ninguna actividad violenta. Enviarlo a la cárcel simplemente por tuitear opiniones controvertidas no parece ser una actitud compatible con los Estados democráticos.
Todavía hay casos en que los usuarios de redes sociales han sido condenados simplemente por comentar aspectos políticos, por ejemplo, del conflicto vasco, o por hacer bromas tontas sobre el destino del almirante Carrero Blanco (mano derecha de Francisco Franco durante la dictadura que duró hasta 1975), asesinado por un comando de ETA en 1973.
Los casos relacionados con el delito de “enaltecimiento del terrorismo“, de acuerdo con el artículo 578 de la Ley Orgánica 10/1995, no son poco comunes en España, ni están todos relacionados con la Operación Araña. La operación es solo la punta del iceberg de un proceso judicial y político más amplio de persecución de voces disidentes en España, de aquellos que se atreven a desafiar el actual status quo, con tuits o mediante la música.
El hecho es que España no ha hecho una transición efectiva a la democracia con la responsabilidad de los líderes políticos, civiles y militares por los crímenes cometidos o apoyados por ellos, durante el franquismo. No es sorprendente que el PP, heredero del régimen de Franco, siga siendo la fuerza política principal del país y hasta el 1 de junio gobernó España sin reconocer su responsabilidad histórica por la época de Franco. No es sorprendente que haya una Fundación Francisco Franco trabajando legalmente para mantener viva la memoria del dictador y los tribunales no vean ningún problema en la defensa y elogio de crímenes pasados, siempre que sean cometidos por el Estado.
Por ejemplo, en marzo de 2014, el rapero Pablo Hasel fue sentenciado a dos años de prisión por difundir, en las redes sociales, algunas de sus canciones en las que defendía el regreso de grupos armados como el GRAPO y ETA. También fue investigado por una serie de tuits en los que hizo comentarios despectivos contra la familia real española y otras figuras de relevancia política.
En marzo de 2017, la justicia pidió cinco años más de condena para Hasel por la canción “Juan Carlos el Bobón” (Juan Carlos, el estúpido, una broma con “bobón” y el nombre de la familia real, Borbón) en la que canta sobre la muerte del anterior rey español, quien abdicó al trono por su hijo y rey actual, Felipe VI.
En marzo de 2018 fue declarado culpable y anunció: “Pasaré cinco años encarcelado por un delito de opinión, pero nunca me rendiré. Nunca, malditos fascistas”.
La criminalización de canciones y el intento de enviar artistas a prisión por expresarse a través de letras controvertidas compartidas en las redes sociales es recurrente, por ejemplo, los 12 miembros del grupo de rap La Insurgencia o el rapero Valtonyc que también fueron condenados por delitos similares, como enaltecimiento del terrorismo u ofensas a la corona.
Valtonyc decidió escapar de España y refugiarse en Bélgica.
El 16 de abril, el periodista Jorge Correa, conocido como Boro, de la web La Haine, volverá a juicio (suspendido hasta después del verano) por cubrir manifestaciones para el sitio web para el que trabaja. Fue arrestado varias veces mientras cubría manifestaciones, acusado de violar la dignidad de la policía, y fue arrestado de nuevo durante la segunda fase de la Operación Araña. Fue condenado a un año y medio de cárcel, no por escribir comentarios políticos en Twitter, sino por hacer retuits, lo que significa que simplemente compartió las opiniones de otras personas en la red.
Lo que parece sorprendente es la total inconsistencia en las condenas, basadas en las simpatías del juez, y la clara violación del derecho a la libertad de expresión en toda España. Además, es notable la insistencia en criminalizar los comentarios sobre figuras prominentes del régimen franquista, haciéndolos aparecer como víctimas y no como los crueles atormentadores de millones de españoles.
Las expresiones de ira o tuits y retuits con palabras violentas, incluso si causan controversia, no son más que intentos de desahogarse; de dejar las cosas claras. Condenar a individuos, músicos e incluso periodistas por expresar opiniones sin intención de llevar a cabo ninguno de los actos descritos, es característico de las dictaduras, no de las democracias. La situación empeora aún más cuando se demanda a las personas por reírse del destino de los líderes de la dictadura o por honrar a quienes resistieron.
Las demostraciones en memoria de los miembros del régimen franquista son muy comunes en España, como lo son la presencia de partidos políticos y organizaciones que se consideran herederos de su legado, pero la memoria histórica o incluso la celebración de la resistencia a la dictadura están penalizadas.
Además, la defensa de inocentes o la solicitud de amnistía de los presos implicados en la lucha por la independencia del País Vasco se confunden con la propia defensa de ETA o con el apoyo a métodos terroristas.
España ha sido condenada reiteradamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con el terrorismo. En 2016, España fue condenada por no investigar las denuncias de tortura contra presos vinculados a ETA, esta fue la octava condena relacionada con la tortura.
En 2013 el tribunal obligó al país a anular la Doctrina Parot, que aplicaba sucesivamente las sentencias de los acusados de terrorismo y en 2011 el mismo tribunal condenó a España por violar la libertad de expresión del líder Arnaldo Otegi, entonces portavoz de su partido político en el parlamento vasco, condenado, en 2005, por llamar al rey “el jefe de los torturadores”.
En otras palabras, la persecución de opiniones controvertidas y el maltrato dado a los condenados por terrorismo o por enaltecimiento del terrorismo es muy común en esta nación europea.