Torturas en USA
8 exiliados políticos denuncian a Estados Unidos por torturas y racismo en una cárcel privada
Un grupo de ocho solicitantes de asilo que estuvieron bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto, entablaron una demanda federal porque aseguran haber sido severamente maltratados al participar en una huelga de hambre en 2017.
Con esta querella de derechos civiles, buscan acabar con las condiciones inhumanas a las que son sometidos los inmigrantes detenidos en Adelanto.
«La demanda es contra el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), la ciudad de Adelanto y el grupo GEO Inc, dueño del Centro de Detención de Adelanto, porque el trato que reciben los detenidos es atroz”, dijo Tessie Borden, portavoz de la organización Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE).
«Ese trato es ilegal contra quienes están pidiendo asilo en este país”, enfatizó.
«Estamos buscando que un juez diga que así no se trata a las personas detenidas y muchos menos a quienes tienen el derecho de pedir asilo”, remarcó.
En mayo de 2017, un grupo de inmigrantes detenidos en el Centro de Detención de Adelanto, una cárcel privada propiedad del grupo GEO Inc, iniciaron una huelga de hambre como protesta contra la condiciones inhumanas de la custodia.
Aseguran haber sido golpeados y rociados con gas pimienta. Como castigo fueron aislados por diez días para que no pudieran hablar con sus abogados o recibir visitas de sus familiares.
Los demandantes son refugiados de El Salvador y Honduras que se vieron obligados a huir de sus países después de convertirse en blanco de organizaciones delictivas.
Isaac Antonio López Castillo, uno de los demandantes, era un periodista de investigación en El Salvador que denunció las conexiones entre el gobierno local, la policía y la violenta pandilla MS-13. Como resultado fue amenazado de muerte y se vio obligado a huir de El Salvador.
Otro de los demandantes, Omar Arnoldo Rivera Martínez escapó de El Salvador después de que unos pandilleros atacaron a su hija adolescente y mataron a su hermano.
Josué Vladimir Cortéz Díaz huyó de El Salvador después de ser sometido a abusos sexuales por ser gay.
Luis Ernesto Peña García decidió dejar El Salvador cuando a su hermano y dos hermanos fueron secuestrados. Él mismo fue amenazado con el secuestro.
Cuando lograron llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, fueron puestos bajo detención en Adelanto y expuestos a condiciones de tortura.
“La comida que no es dan es una basura. La verdad ni un perro se la comería”, dijo Josué Mateo Lemus Campos de 25 años quien escapó de El Salvador en 2017.
Estuvo detenido durante seis meses en Adelanto, entre mayo y noviembre de 2017. Un mes antes había escapado de El Salvador.
“La verdad no me sentía muy bien. Los oficiales lo quieren hacer sentir como que uno no es nada en este país”, dijo.
“Me sentía demasiado frustrado por el trato. Lloraba mucho. La mente de uno se va cerrando. A veces no comía.
Sufría dolores de cabeza. La medicina que nos dan no es la adecuada”, recuerda con pesar.
Algunas otros abusos que los llevaron a la huelga de hambre son: la entrega de ropa interior sucia y sin lavar, falta de acceso a agua limpia para beber, maltrato, humillación, limitación de la comunicación con sus abogados y familias así como fianzas muy altas.
La querella establece que el 12 de junio de 2017, a Omar Arnoldo Rivera Martínez, los carceleros de GEO, le golpearon la cara contra la pared haciéndole perder su corona dental y un diente.
Además sufrió 30 diferentes rasguños, hematomas severos y la fractura de la nariz. Después de ser evaluado por un médico, cinco meses más tarde, le dijeron que necesitaba una cirugía.
Fue acusado de ser el dirigente de la huelga de hambre de 2017. No solo le pusieron un uniforme rojo de alta custodia sino que lo enviaron a una sala de alta seguridad donde están los miembros de las pandillas que asesinaron a miembros de su familia y lo obligaron a huir de su país.
Rachel Steinbeck, la abogada que representa a los demandantes dijo que buscan una declaración que reconozca que las las prácticas de GEO son ilegales y que tienen derecho al debido proceso.
“En última instancia, buscamos que se asegure que los inmigrantes no van a ser nunca más tratados con crueldad”, indicó.
Agregó que demandan que el gobierno federal cumpla con las leyes y dejen de traumatizar a la gente por ejercer su derecho a pedir asilo y obtener justicia para ellos y sus familias.
El salvadoreño, solicitante de asilo Isaac Antonio López Castillo denunció en la querella que tras ser rociado con gas pimienta en la cara, el cuero cabelludo y la ingle, fue golpeado. Fue forzado además a ponerse de pie bajo una regadera de agua hirviendo. Sufrió hematomas severos en su cuerpo y dolor severo en las costillas, pero a pesar de sus súplicas por atención médica, nunca la recibió.
El ataque ocurrió el 12 de junio de 2017 cuando los ocho hombres que hacían la huelga de hambre se sentaron en dos mesas y presentaron una carta en la que detallaban sus preocupaciones por el trato recibido en Adelanto y pedían se remediaran las condiciones a las que eran sometidos.
Los guardias de GEO les ordenaron que regresaran a sus camas para la cuenta matinal. Los demandante permanecieron sentados, enlazaron brazos y pidieron hablar con los funcionarios de ICE.
Según la querella, los guardias respondieron pidiendo refuerzos. Y llegó una supervisora mujer que comenzó a gritarles en inglés, les mostró el bote de aerosol con gas pimienta, el cual golpeó repetidamente contra la mesa. Inmediatamente después, lo vació contra las caras, bocas, cráneos e ingles de los huelguistas de hambre.
En total, los demandantes aseguran que les arrojaron dos latas de gas pimienta. Luego los jalaron de las mesas, los empujaron golpearon y esposaron. Después de un rato, los llevaron a las regaderas con agua hirviendo. Algunos de los que oían los gritos de dolor de sus compañeros, se negaron a meterse bajo la regadera.
Al menos uno de los demandantes, se desmayó del dolor bajo la regadera.
Por participar en la huelga de hambre, fueron obligados a cambiar sus uniformes azules de baja custodia por uniformes color naranja de mediana custodia, un nivel más alto.
María Morfín quien tiene a su hermano detenido desde hace dos años, denuncia que está desesperada ya que durante las olas de calor que se han abatido en la región, las autoridades del Centro de Detención en Adelanto, les ha apagado el aire acondicionado hasta por tres días.
“También desde hace casi un mes, ya no les permite colgar una cobija cuando usan el sanitario. Esa cobija les permitía tener un poco de privacidad al usar el servicio. Los guardias los amenazaron con castigarlos si siguen colgando la cobija”, se lamentó.
