Criminalización:
Piden fianzas por más de 100.000 euros y 5 años de prisión para los detenidos del 1-O en Madrid
Seis jóvenes se enfrentan a penas de hasta cinco años y medio de prisión y al pago de 100.000 euros, entre multas y responsabilidad civil, por participar en una concentración en apoyo al referéndum de Catalunya en Madrid
El juzgado ahora también les ha impuesto una fianza de 17.000 euros a cada uno de ellos.
Los seis jóvenes, a los que se suman otros dos menores de edad cuyo proceso se ha derivado al juzgado de menores, participaron en una concentración en la Puerta del Sol el mismo día del referéndum, que contaba con permiso de Delegación de Gobierno y a la que, según los organizadores, asistieron cerca de 8.000 personas. Durante la manifestación, acudieron al mismo lugar grupos de jóvenes de ideología neonazi que, portando banderas españolas, increparon a los manifestantes. “Se presentaron en la manifestación y empezaron a increpar. Hubo momentos de tensión”, explica a El Salto una de las personas que participaron en la manifestación de Puerta del Sol.
Algunas personas fueron identificadas durante la convocatoria, pero las detenciones no se produjeron hasta un mes después. “El 2 de noviembre se presenta, inesperadamente, la Brigada de Información a las 6.00 am en los domicilios familiares de seis jóvenes que habíamos sido filiados ese día y nos llevan detenidos a la comisaría de Moratalaz”, relata el comunicado hecho público por el grupo de detenidos, que cuentan todos entre 21 y 29 años.
Los seis jóvenes están acusados de dos delitos de lesiones con agravante de odio y de desórdenes públicos, por los que la acusación particular —ejercida por uno de los supuestos agredidos— pide para cada uno de ellos cinco años y seis meses de prisión, mientras la Fiscalía pide dos años de prisión y 13 meses de multa a 10 euros diarios —3.900 euros— más una responsabilidad civil individual de 7.000 euros. “Si son verdad los hechos de los que se nos acusa, ¿por qué no se nos detuvo en el momento?”, se pregunta Daniel García, uno de los jóvenes imputados.
Hace unos días el juzgado les confirmó el inicio de la instrucción del proceso judicial por vía penal y les imponía una fianza de 17.000 euros a cada uno de ellos, cantidad que no pueden pagar. “Nos preguntaron si teníamos la fianza y dijimos que todos somos insolventes, somos peña joven, la mayoría con trabajos precarios y viviendo en casa de los padres, por desgracia”, explica García. “No tenemos dinero para poder tener independencia, pues menos para poder pagar estos montajes”, añade.
Este joven recuerda que, en el día de los hechos, la única concentración permitida fue en la que ellos participaron, en apoyo al derecho a decidir del pueblo catalán. “La suya [en referencia a la convocada por la extrema derecha] era ilegal, pero, aun así, hubo varios momentos de tensión en los que la policía, en vez de echarles a ellos, fue a por la gente de nuestra manifestación”.
En el caso de Daniel García, recuerda que ni siquiera estuvo mucho tiempo en la manifestación. “Me fui porque había quedado en Tribunal y, según me voy, me paran los antidisturbios en Callao y me preguntan que a dónde voy, y me dicen que, como pase algo, van a por mí”.
El día 2 de noviembre, cuando se estaba preparando para ir a clase, sonó el telefonillo de su casa. “La policía le dijo a mi madre que venían a buscarme, pero no le quisieron decir por qué me detenían y al final le dijeron que era por desórdenes públicos, lo de las lesiones y delitos de odio ha sido a posteriori”.
«Es un poco paradójico que haya una contramanifestación no autorizada y se permita por la policía, y acaben deteniendo a personas que habían identificado en la manifestación legal, un mes después, en base a no se sabe qué”, señala Erlantz Ibarrondo, abogado de los seis jóvenes.
Desde Assemblea Nacional han anunciado que se pondrán en contacto con los seis jóvenes para ofrecerles apoyo.
