Torturas:
-El enorme poder de los torturadores
Xabier Makazaga. En Naiz.
No son pocos los generales de la Guardia Civil involucrados en su día en muy sonados casos de tortura. Por ejemplo, el siniestro jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por secuestrar, torturar y enterrar en cal viva a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Y aún son más numerosos los coroneles, entre los que destacan cuatro de los implicados en el último caso de torturas en que se dictó una sentencia firme contra algunos de los torturadores y que tuvo lugar en enero de 1992, el caso de Kepa Urra.
Desde entonces, ha habido miles de casos de torturas, pero tan solo una sentencia condenatoria, la del caso Portu-Sarasola, que después revocó el Supremo como en tantas otras ocasiones. Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por ello, dicha condena no ha tenido repercusión alguna para los torturadores que, una vez más, han vuelto a quedar completamente impunes.
El caso de Kepa Urra se inició el 29 de enero de 1992, tras detener la Guardia Civil a varios militantes de ETA entre quienes se encontraba Kepa quien sufrió tales torturas que debió ser ingresado en grave estado en el hospital de Basurto. El médico forense constató que tenía diversos hematomas en ambos ojos, equimosis en el cuello y erosiones en las muñecas, además de una arritmia cardiaca. También señaló que Kepa estaba inconsciente y tenía diversas manchas de sangre, aún recientes, en sus fosas nasales, boca y faringe. Y que su estado era el de «casi total desconexión con el medio ambiente, si bien en el momento del reconocimiento pericial parece que comienza a responder a estímulos dolorosos, cosa que al parecer no había hecho desde el momento de su ingreso».
En 1997, la Audiencia de Bizkaia dictaminó que uno de quienes torturaron con semejante saña a Kepa Urra fue el entonces teniente Manuel Sánchez Corbí y lo condenó a cuatro años de prisión. El Supremo rebajó la pena a un único año, pero mantuvo la pena de inhabilitación especial, que conllevaba su expulsión del Cuerpo. De inmediato, fue indultado por el Gobierno tras lo que siguió subiendo en el escalafón y hoy día ya es coronel. Y el sindicato policial SUP afirma que «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones».
Como Galindo, Sánchez Corbí ha recibido numerosas condecoraciones. Entre ellas, cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, remuneradas de forma vitalicia, y la Legión de Honor francesa, máxima distinción de dicho país. Además, hace un año, el Ministerio del Interior le concedió la Cruz de Plata, a propuesta del director de la Guardia Civil.
Hace un par de años, se explayó a gusto en numerosas entrevistas radiofónicas en las que explicó que su padre estuvo destinado como guardia civil en Gipuzkoa y él se crió en los cuarteles de Irun y Deba. También afirmó, por ejemplo, que la guerra sucia «no tuvo tanta importancia» y que, «quienes estaban entonces, hicieron lo que creyeron que debían hacer». E iba a hacer gala de su ideología ultra en una conferencia a la que finalmente no asistió en Bilbo titulada ‘‘¿Hemos acabado con ETA?’’.
Otro de los imputados y juzgados por torturar a Urra, Arturo Prieto Bozec, es también hijo de guardia civil. Y no de cualquiera. Su padre, miembro del servicio secreto franquista, estuvo involucrado en la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977, y al ser llamado a declarar en el juicio, no se presentó.
Arturo Prieto, hoy día coronel jefe de la Comandancia de Almería, no fue condenado en el caso Urra, pero sí en otros dos en los que los torturados fueron varios detenidos junto con él. En ambos casos, no fue posible identificar a los torturadores y dejó bien claro que Arturo Prieto, en tanto que instructor del caso, tuvo conocimiento de las torturas y no hizo nada por impedirlo. Ahora bien, como tantas otras veces, el Supremo anuló ambas sentencias.
Los otros dos imputados en el caso Urra que ocupan hoy día puestos relevantes fueron Alejandro Hernández Mosquera y Diego Pérez de los Cobos que ‘‘visitaron’’ al torturado en el hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro, pero los jueces consideraron que, pese a ser «sorprendente» la razón que adujeron para realizar aquella ‘‘visita’’, prevalecía la presunción de inocencia.
Es bien significativo que el Gobierno español escogiera precisamente a Pérez de los Cobos para dirigir la represión policial contra los independentistas catalanes, y hacerles acatar la Constitución, ya que en su juventud se distinguió precisamente por oponerse a la misma desde su posición ultraderechista. El día que se produjo el golpe de Estado de Tejero, el 23F, llegó incluso a presentarse, vestido con la camisa azul falangista, a un cuartel de la Guardia Civil donde se ofreció a secundar dicho golpe.
Por su parte, Hernández Mosquera tiene dos hermanos que son también coroneles de la Guardia Civil, con los que forma un trío de mucho poder, y fue precisamente uno de ellos quien tomó el relevo de Pérez de los Cobos en Catalunya cuando este fue nombrado jefe de la Comandancia de Madrid, paso previo a su ascenso al generalato.
Por lo tanto, cuatro coroneles de la Guardia Civil implicados en las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra no solo han ocupado y ocupan muy altos cargos, sino que todo indica que en un futuro próximo les será impuesto el fajín símbolo del generalato, y ocuparán puestos de aún mayor responsabilidad.
Esa es la cruda realidad de la tortura en el Estado español.
-13 Febrero 1981, reventaron a Joxe Arregi en torturas
Este 13 de febrero se cumplen 39 años desde que Joxe Arregi muriera en la cárcel de Carabanchel como consecuencia de las heridas causadas por las torturas que la Policía Española le infligió durante el periodo de detención. Desde entonces y cada año, el 13 de febrero en Euskal Herria ha sido el Día contra la Tortura.
Joxe Arregi no fue, de ninguna de las maneras, ni la primera ni la última persona torturada por los Estados como método para atacar a la lucha que Euskal Herria mantiene por su libertad. Son miles lxs vascxs torturadxs por las fuerzas de ocupación, y esto ha sido así porque la tortura es una decisión política.
Para llevar a cabo esta decisión política pusieron en marcha toda una maquinaria, y son parte de ella los policías, pero también lo son los jueces, los fiscales, los médicos forenses de los juzgados, los abogados de oficio que se amilanan ante los policías, los políticos que garantizan toda esta maquinaria y, cómo no, esos medios de comunicación de grandes empresarios que crean corrientes de opinión favorables a la tortura.
Es imprescindible entender el papel que desempeña la tortura para entender la propia lucha de liberación de Euskal Herria. En la medida en que la tortura es un método de opresión crudo, también la lucha contra los torturadores ha sido necesariamente cruda ya que, mientras el sistema les ha protegido, premiado y pagado, el pueblo ha puesto en marcha sus propios mecanismos de defensa. La práctica de la tortura legitima, aún más, la lucha contra los Estados español y francés.
Son muchxs lxs militantes vascxs que todavía siguen cumpliendo condenas de cárcel basadas en las declaraciones robadas mediante la tortura. Mientras los torturadores son premiados y ascendidos en su cargo, lxs militantes políticxs que hicieron frente a estos siguen cumpliendo cadenas perpetuas. Seguiremos reivindicando, junto a la amnistía para lxs luchadorxs por la independencia y el socialismo, el fin de la impunidad para los mercenarios torturadores.
En Euskal Herria, a 13 de febrero de 2020.
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión.