Movimiento obrero. Su brutal situación:
-La situación de los bancos de alimentos en Madrid es insostenible
Con la llegada del verano, los voluntarios se han marchado de vacaciones y han dejado a los hambrientos esperando en la cola.
Escasean los voluntarios, y tras meses de solidaridad de empresas, colectivos y particulares, el número de donaciones desciende.
-Prácticas esclavistas en la cadena “100 Montaditos” de Jerez
Contrato de 12 horas semanales con 14 horas al día de jornada.
–Siguen las movilizaciones de pensionistas
Concentración del M.P. de Bizkaia. “Servicios sanitarios públicos de calidad. Trabajo sanitario digno”.
-El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a un bufete de abogados por denunciar un caso de corrupción
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido la querella presentada por Arriaga Asociados contra siete magistrados de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que les acusaba de un supuesto delito de prevaricación “por dictar una sentencia que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)” y además les ha impuesto una multa de 6000 euros «por mala fe». Se trata de uno de los casos de corrupción organizada desde el poder judicial más graves y que más afecta a las cuentas de la banca, que apenas ha tenido difusión.
La querella se basaba en que la resolución de la audiencia era un acto de desobediencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que las cláusulas hipotecaria denominadas IRPH, un tipo de interés que pactaban los bancos y cajas y que era anormalmente alto respecto a otros como el Euríbor, deben ser objeto de examen de abusividad por los órganos judiciales.
El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal Tribunal, compuesto por los jueces Celso Rodríguez Padrón, presidente del tribunal y miembro de la sala que condenó a la diputada de Podemos Isabel Serra a 19 meses de cárcel por intentar parar un desahucio, Ricardo Rodríguez Fernández y Francisco José Goyena Salgado, ponente de aquella sentencia, han inadmitido la querella del bufete alegando que “con independencia del acierto jurídico de la sentencia dictada por los magistrados querellados, que deberá ser evaluado a resultas de un eventual recurso de casación, la sentencia no puede ser calificada en modo alguno de arbitraria o de irrazonable, así como tampoco de ajena a los métodos de interpretación admisibles en Derecho, por lo que no es susceptible bajo ningún concepto de ser tildada de prevaricadora”.
La conclusión a la que llegan los magistrados, en sintonía con otros tribunales españoles, donde se presentaron querellas similares, es que “no existen indicios suficientes que permitan considerar la existencia de un delito de prevaricación judicial, ni dolosa ni imprudente, en la sentencia dictada”. Y califican la querella como “un ejemplo patente, claro y manifiesto (esto es, palmario) de un ejercicio abusivo de la acción popular penal”.
El auto, que condena al despacho a 6000 euros de multa por supuesta mala fe, se publica incluso tras la difusión por Anonymous de un vídeo de un magistrado de la A.P. de Barcelona en una charla con abogados de bancos, donde ofrece argumentos para que las diferentes audiencias puedan desobedecer al criterio del Tribunal Europeo, favorable a los consumidores, con posibilidades de éxito.
–Corruptos intocables
Archivan el caso del ático en Estepona del expresidente madrileño Ignacio González tras siete años de investigación
El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad.
En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors -constituida en Delaware (EEUU)- por 2.000 euros mensuales; y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros.
