Muro de solidaridad y denuncias:
Control absoluto sobre la ‘libertad’ de expresión:
-Orden aparecida en el Boletín Oficial del Estado para acabar con la libertad de expresión
BOE 5 noviembre 2020
“…La Comisión Europea, en su Flash Eurobarometer 464 de abril de 2018: Fake news and disinformation online, expone que el 88% de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema en España, y el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana según los datos del Special Eurobarometer 503 de la de Comisión Europea de marzo 2020.”
(Información oficial da por hecho datos de barómetros, cuando en España el control de la información y los bulos está en manos de empresas privadas)
“Por su parte, en la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea, COM (2018) 236, la Comisión Europea define la desinformación como la «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público», e incluye en este perjuicio público las amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.”
(¿Quién verifica al verificador, sabiendo que está en sus manos el control informativo?)
“Para hacer frente a este fenómeno, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) estableció un Plan de Acción para la lucha contra la desinformación, presentado y aprobado en el Consejo Europeo.”
(Será el Consejo Europeo, nido del capitalismo más atroz, nido de las técnicas de control sobre las masas desde su creación, el que determine qué es o qué no es información).
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-Los juristas, contra la ‘orden de desinformación’: «El Gobierno no puede decidir qué es verdad»
Advierten que el escrito habilita al Ejecutivo a tomar medidas que podrían poner en riesgo la libertad de información.
El gobierno del PSOE y Podemos ha creado un Ministerio de la Verdad para censurar cualquier opinión alternativa (a la suya).
Guerra sucia y silencio sepulcral sobre documentos
-«Mucha documentación del final de la dictadura ni siquiera se puede ojear»
Dice el autor de la primera tesis doctoral sobre la Brigada Político Social.
El historiador Pablo Alcántara ha investigado durante cuatro años la trayectoria de la policía política del franquismo a pesar del restringido acceso a los archivos oficiales.
Más de cuatro décadas después de la muerte de Franco, aún se desconoce cuántos agentes formaron parte de la BPS. «He sacado más información gracias a investigadores particulares que gracias al Estado».
Ha centrado su trabajo en el periodo comprendido entre 1956, con los pactos entre el general Franco y los Estados Unidos ya en pie, y 1976, en plena estrategia de la tensión del inicio de la Transición, a la que no fueron ajenos conocidos agentes de la BPS. «Hay un cambio de la Brigada Social de la posguerra, cuando tenían fichados a la mayoría de militantes de la oposición clandestina y por tanto era fácil apresarlos, a los años sesenta, cuando nace un nuevo movimiento estudiantil y obrero que no había vivido la Guerra Civil».
A pesar de la tremenda represión, la policía política del franquismo «no consigue acabar con las organizaciones antifranquistas, detienen a muchos dirigentes y militantes pero esa oposición a la dictadura se mantiene». El autor de la tesis doctoral, dirigida por los historiadores Álvaro Soto Carmona y Fernando Hernández Sánchez, mantiene que aún hay muchos aspectos inexplorados sobre la BPS, desde su íntima relación con la Gestapo en la posguerra hasta sus tareas en el extranjero (especialmente en Francia) para perseguir a la oposición democrática en el exilio.
Conociendo a los colectivos populares
-Entrevista a Acción Antifascista A Coruña
Por El Bloque del Este
–https://oscar-elbloquedeleste.blogspot.com/2020/11/accion-antifascista-coruna.html?m=1
Mientras tanto…
-160 policías y 235 G.C. se han suicidado en 20 años
La estadística apunta a que la incidencia del suicidio es mayor entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad (en la actualidad, hay 68.013 policías nacionales y 78.469 guardias civiles) que en el resto de la población. Así, el Instituto Nacional de Estadística recoge que en 2018, último año en el que hay cifras, murieron por esta causa en España 3.539 personas, lo que representa una tasa de suicidio de 7,6 casos por cada 100.000 habitantes. En la Policía, donde ese mismo año se quitaron la vida siete agentes, la tasa se eleva a 10,3; y en la Guardia Civil, con 10 muertes, a 12,8 casos.
En 2014 murieron en acto de servicio dos agentes de la Policía Nacional y se suicidaron nueve. El año siguiente, seis policías fallecieron mientras realizaban su trabajo, 11 se quitaron la vida. En 2016, los fallecidos en acto de servicio fueron dos, pero se suicidaron otros 10. En 2017, en horario laboral murieron 2 policías nacionales. En esos doce meses fueron 13 los policías que se quitaron la vida.
Hasta el año 2000, especialmente en la falsa Transición, fueron cientos los policías y guardias civiles suicidados.
Nunca aparecen estos datos, que tienen mucha carga psicológica profunda y una interpretación política clara.
Sobre todo sabiendo que su tasa de suicidios es bastante más alta que la de la población a nivel general.
Nos presentan unos cuerpos policiales (directamente heredados de tiempos del fascismo franquista), orgullosos de su trabajo, de su profesión, insertos en la población, arropados por la enorme mayoría de los españoles de bien. Sin embargo, en sus psiques eso no se vive así, y muchos de los suicidios en la falsa Transición eran de los de llevarse a compañeros por delante, declarar su hartazgo personal o su odio al pueblo. La hemeroteca de aquellos años está bien servida de casos. No ha habido depuración alguna, y los nuevos números viven la misma sensación que sus antepasados, y un número más elevado de ellos que de la población en general, se deciden suicidar. De todos ellos, ninguno es alto cargo militar.
De datos ministeriales a EH Bildu.
