Movimiento obrero. Su brutal situación:
Lucha de las jornaleras:
-Las jornaleras se rebelan contra la celebración del Congreso de Frutos Rojos en Huelva.
Jornaleras de Huelva en Lucha junto al movimiento feminista local y colectivos ciudadanos se han concentrado el 15 de septiembre frente a la Casa Colón en Huelva para protestar contra la inauguración del Congreso de Frutos Rojos. Las trabajadoras ponen el foco en las condiciones en las que se trabaja actualmente: convenios que no se cumplen, condiciones precarias, abuso de poder y racismo.
Total precariedad:
-Turnos rotativos o partidos y otras formas de precariedad más allá de los bajos salarios.
Pobreza:
-Unas 4,5 millones de personas, en pobreza severa en España.
La EAPN-ES ha presentado un informe que rompe con los mitos: la población que vive en esta situación es de nacionalidad española, con un nivel educativo medio o alto y, además, con trabajo y vivienda.
Control total:
-La pandemia dispara la contratación de detectives privados para destapar falsos positivos de covid y fraudes en el teletrabajo.
Las agencias reciben el doble de llamadas que en 2019. También se han disparado las investigaciones sobre insolvencias fingidas.
*Dibujo: Para la sangría obrera de los “accidentes de trabajo” no ponen tanto interés ni medios.
Lo que viene:
-Alicia Valero: «La falta de microchips es la punta del iceberg de lo que nos espera»
Ingeniera química e investigadora del Circe, reconoce que la solución no es fácil y pasa por invertir en serio en la economía circular y dejar de ser una sociedad del ‘usar y tirar’.
Corrupción:
-TAV
«Nunca recuperará la sociedad el dinero invertido en el tren de alta velocidad».
Investigadores de la UPV ven el proyecto ineficiente, injusto e insostenible.
Educación:
-Tres de cada cuatro empleos que se pierden durante el verano en el sector educativo son de la privada.
La alta tasa de temporalidad del personal que ejerce en la docencia privada, especialmente en los sectores más feminizados, incrementa la precariedad del sector educativo y repercute en las arcas públicas. Durante el periodo de pandemia, también las administraciones autonómicas han realizado malas prácticas con el personal más desprotegido.