Tortura:
-Generales torturadores.
Xabier Makazaga. Investigador del terrorismo de Estado.
Debido a la impunidad de que han gozado y gozan los torturadores en el Estado español, tan solo se conoce la identidad de una insignificante parte de los agentes implicados en actos de torturas, pero incluso en esa bien restringida lista se encuentran varios miembros de la Guardia Civil a los que las autoridades españolas han decidido ascender al generalato, como Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
Lo sucedido con Galindo fue bien sonado, porque cuando le impusieron el fajín de general ya había fuertes indicios de su implicación en el caso Lasa-Zabala. Unos indicios corroborados poco después cuando fue condenado por secuestrar a ambos refugiados políticos en Baiona y después torturarlos, asesinarlos y enterrarlos en cal viva en el Estado español.
En cambio, otros ascensos al generalato de implicados en su día en graves casos de torturas han pasado desapercibidos. Entre ellos el reciente ascenso de Arturo Prieto Bozec que estuvo implicado en el último caso de torturas en el que hubo una sentencia condenatoria firme, el de Kepa Urra, detenido junto con otras personas en Bizkaia en enero de 1992.
El médico forense constató que la víctima, ingresada en grave estado en el hospital de Basurto, tenía diversos hematomas en ambos ojos, equimosis en el cuello y erosiones en las muñecas, además de una arritmia cardiaca. Y señaló que estaba inconsciente y tenía diversas manchas de sangre, aún recientes, en sus fosas nasales, boca y faringe.
Los cuatro tenientes implicados y juzgados por torturar a Kepa Urra ascendieron casi al unísono hasta el grado de coronel y Arturo Prieto ha sido el primero de ellos en alcanzar el generalato. Fue el instructor de los «interrogatorios» a que fue sometido Urra y también lo fue en el de otros detenidos junto con él. Hubo tres juicios por esos casos de torturas y Arturo Prieto fue condenado en dos de ellos por la Audiencia de Bizkaia.
En ambos casos, el tribunal declaró probado que los denunciantes fueron torturados por guardias civiles que no fue posible identificar y que Arturo Prieto tuvo conocimiento de ello, en tanto que instructor, y no hizo nada por impedirlo. Ahora bien, como tantas otras veces (recuérdese el caso Portu-Sarasola), el Supremo anuló ambas sentencias. Lo hizo en 2004.
El padre del hoy flamante general, Arturo Prieto Cueto, fue acusado de inducir la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, crimen cometido en Madrid el 24 de enero de 1977. Entonces era, además de comandante de la Guardia Civil, miembro de los servicios secretos franquistas, SECED, y fue llamado a declarar en el juicio, pero no se presentó. La Capitanía General de la I Región Militar remitió un escrito en el que se afirmaba que no podía comparecer, porque se encontraba «fuera de territorio nacional en comisión de servicio».
También es hijo de Guardia Civil otro general implicado en su día en gravísimos casos de torturas, Antonio Tocón Díez, que fue condenado como responsable de los agentes que torturaron a finales de 1980 a siete jóvenes de Zornotza. Más de veinte años después, en 2001, la Audiencia de Bizkaia dictó finalmente sentencia condenatoria, al considerar probados los continuos golpes que padecieron los siete detenidos y la aplicación de técnicas de tortura como «la bolsa», «la bañera» y «la barra». Y calificó de «calvario» lo que sufrieron en manos de la Guardia Civil.
El tribunal condenó por ello al entonces teniente Antonio Tocón a dieciséis años de inhabilitación, porque consideró que este prevaricó, al no impedir, como era su deber, que fuesen torturados. Sin embargo, tres años después el Supremo revocó, como tantas otras veces, la sentencia. Y lo hizo argumentando que la participación del hoy general en los hechos «no debería haberse calificado de prevaricación, sino en todo caso como un delito contra las personas con el fin de obtener una confesión».
Nótese que tanto Arturo Prieto como Antonio Tocón, hijos ambos de guardias civiles, fueron condenados por la Audiencia de Bizkaia siendo unos jóvenes tenientes recién salidos de la academia militar y que en ambos casos el Tribunal Supremo anuló las sentencias condenatorias sin negar que las víctimas hubiesen sido torturadas. Además, las anulaciones se produjeron el mismo año, 2004.
Al imponerle el fajín de general, Tocón fue nombrado jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil y cuando dejó dicho puesto quien lo ocupó fue Arturo Espejo Valero otro general implicado en un muy sonado caso de torturas, que tuvo lugar en 1985, el de Mikel Zabalza. Según la increíble versión oficial divulgada entonces, Arturo Espejo, que era instructor del caso, fue el agente que custodiaba a Zabalza cuando supuestamente se fugó lanzándose con las manos esposadas al Bidasoa.
Hasta el propio servicio secreto de la época, el CESID, recogió en un acta lo que en realidad sucedió, que Zabalza murió a causa de las torturas a que fue sometido en el cuartel de Intxaurrondo, pero ello no fue óbice para que Arturo Espejo, que era entonces teniente, empezara a ascender de forma fulgurante en el escalafón y hoy día es general de división, el mismo grado alcanzado por Antonio Tocón.
Tan solo hay siete generales de división en la Guardia Civil y dos de ellos estuvieron implicados en gravísimos casos de torturas. Y doy por seguro que Arturo Prieto, varios años más joven que los anteriores, también alcanzará ese alto grado e incluso el máximo, el de teniente general, que tampoco descarto para los otros dos.
Esa sigue siendo la escandalosa realidad de la tortura en el Estado español. La de la total impunidad de los torturadores que ascienden hasta el generalato a pesar de haber estado implicados en muy graves actos de torturas. O precisamente por ello.
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